Plantar Cara Al Poder Financiero

Plantar cara al poder financiero
Movilizar al 99 por ciento en defensa del progreso económico y social

Plantar cara al poder financiero
Movilizar al 99 por ciento en defensa del progreso económico y social

Bajo la dirección de Nicolas Pons-Vignon y Phumzile Ncube

Oficina Internacional del Trabajo • Ginebra

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2012 Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a: [email protected], solicitudes que serán bien acogidas. Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país. Pons-Vignon, Nicolas; Ncube, Phumzile (directores) Plantar cara al poder financiero: movilizar al 99 por ciento en defensa del progreso económico y social Nicolas Pons-Vignon, Phumzile Ncube; Oficina Internacional del Trabajo. − Ginebra: OIT, 2012 1 v. ISBN 978-92-2-326213-6 (impreso) ISBN 978-92-2-326214-3 (pdf ) Oficina Internacional del Trabajo recesión económica / consecuencias económicas / consecuencias sociales / recuperación económica / sindicato / protección social / cooperación internacional / dirección financiera / derechos de los trabajadores / creación de empleos / globalización / países desarrollados / países en desarrollo / China / países de la UE 03.04.3 Publicado también en inglés: Confronting finance: Mobilizing the 99 per cent for economic and social progress (ISBN 978-92-2-126213-8, Ginebra, 2012); y en francés: Affronter la finance: Mobiliser les 99 pour cent en faveur du progrès économique et social (ISBN 978-92-2-226213-7, Ginebra, 2012). Datos de catalogación de la OIT Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna. Las publicaciones y los productos electrónicos de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías, en oficinas locales de la OIT en muchos países, o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. También pueden solicitarse catálogos o listas de nuevas publicaciones, sin cargo alguno, a la dirección antes mencionada o por correo electrónico a: [email protected]. Visite nuestro sitio web: www.ilo.org/publns.

Fotocompuesto en Irlanda Impreso en Suiza

Magheross Graphics GEN

Prólogo
Zwelinzima Vavi

Sudáfrica constituye posiblemente el ejemplo más concluyente de la relación que existe entre neoliberalismo y desigualdad. Tras más de un siglo de dominio de una minoría que había consolidado un sistema económico y político profundamente desigual, el país fue liberado gracias a la lucha de una alianza de fuerzas progresistas, entre las que destacaba el movimiento sindical. Sin embargo, la rápida adopción de un conjunto de políticas neoliberales en 1996 (en aplicación del mal llamado Programa de crecimiento, empleo y redistribución (GEAR)) perjudicó gravemente las perspectivas de promoción de una sociedad y una economía más justas. Como en muchos otros países, las políticas neoliberales condujeron a una mayor desigualdad y promovieron una vía de crecimiento insostenible basada en el consumo (especialmente por parte de la clase adinerada y la clase media) y en la financiarización más que en la inversión, favoreciendo con ello la desindustrialización. Ahora, en Sudáfrica, estamos intentando salir de esta espiral descendente. La única manera de abordar la crisis económica, en Sudáfrica y en todo el mundo, es garantizando que el desarrollo económico beneficia al 99 por ciento, sin quedar supeditado a los intereses del 1 por ciento. Para ello es necesario alejarse del paradigma de la política dominante y centrarse en la inversión pública y la reindustrialización. Un aumento de la redistribución a las personas que trabajan, a través de un aumento de los salarios reales y de las transferencias sociales, reactivaría las economías nacionales e invertiría la tendencia creciente que dirige la riqueza generada por el crecimiento económico hacia los bolsillos de unos pocos. Esta es la enseñanza que nos brinda el Brasil de Lula. El sistema tributario tiene una importante función que desempeñar en el cambio de trayectoria del crecimiento, en particular en relación con la obten ción de grandes beneficios y las finanzas. La regulación de las finanzas, en Sudáfrica y en todas partes, con objeto de poner freno al poder económico y político, es el punto de partida necesario para transformar sustancialmente la economía mundial y permitir que pueda superar la crisis actual.

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La transformación de la economía mundial debería conllevar la creación de empleo a gran escala, a fin de proporcionar a la mayoría de los ciudadanos una vida digna, así como un enfoque ofensivo en favor de la calidad del empleo creado. El argumento esgrimido según el cual los trabajadores y los sindicatos están privando a otras personas de oportunidades no sólo es absurdo, si consideramos la desviación masiva en la distribución de los excedentes en favor del capital durante los treinta últimos años, sino que también es una excusa intolerable para justificar la explotación y la mayor precarización del empleo. El trabajo decente no es un lujo, es un derecho necesario para un sistema económico más justo. En Sudáfrica el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU) está al frente de la lucha contra los intermediarios laborales, que se han utilizado para socavar un marco jurídico relativamente protector mediante la proliferación del trabajo en condiciones indignas. Esta situación ha tenido consecuencias nefastas para la vida de todos los sudafricanos, en un contexto en el que, para sobrevivir, los trabajadores desempleados dependen en gran parte de transferencias. El COSATU apoya la labor de la Global Labour Column, que favorece un debate internacional sobre respuestas a la crisis de talante progresista, al tiempo que ofrece perspectivas agudas y profundas sobre las luchas obreras en el Norte y en el Sur. Se trata de una contribución importante a la construcción de una solidaridad internacional, que será necesaria para hacer frente al poder financiero y al neoliberalismo de forma más amplia. Confío en que el presente volumen lo lean y lo compartan muchos compañeros sindicalistas, y que les sirva de inspiración en sus muchas luchas.

Zwelinzima Vavi Secretario General del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica

Sumario

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Introducción: Lo que Europa puede aprender del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii PARTE I Demos sentido a la agitación que atraviesa Europa . . . . . . . . . . . . . . 1 Bernadette Ségol / La crisis: la respuesta de los sindicatos europeos . . . . . . . . 3 Vasco Pedrina / La crisis del euro y el movimiento sindical europeo . . . . . . . . 9 Frank Connolly / El acuerdo de austeridad de la UE no funcionará. Los trabajadores irlandeses se enfrentan a un futuro desalentador . . . . . . 13 Dan Gallin / Días de verano en Utøya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf / La integración europea en la encrucijada: fortalecimiento o desintegración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Jacques Sapir / ¿Está la zona del euro condenada al fracaso? . . . . . . . . . . . . . 27 PARTE II ¿Adónde va el neoliberalismo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James K. Boyce y Léonce Ndikumana / De cómo la evasión de capitales agota los recursos de África: dinero robado y vidas perdidas . . . . . . . . . . Milford Bateman / La microfinanciación, una falsa ilusión . . . . . . . . . . . . . Conor Cradden / El verdadero costo de la actividad empresarial . . . . . . . . . . Sebastian Dullien / Los costos de la crisis financiera de 2008-2009: los gobiernos están pagando la factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTE III Defendiendo a los trabajadores: ideas frescas, movilizaciones nuevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathy Feingold / La marcha para la protección de los derechos de los trabajadores y la clase media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Toff y Jamie McCallum / Apoyar la disidencia o ser disidente . . . . . . . . Frank Hoffer / Trabajo decente 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 35 41 47 53

59 61 67 73

VIII

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Andreas Bodemer y Ellen Ehmke / Trabajar para establecer un piso de protección social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Elaine Sio-ieng Hui / Reforma sindical y legislación laboral en China: entrevista con dos activistas sindicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Eric Lee / Campañas mundiales en línea sobre cuestiones laborales: los próximos diez años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 PARTE IV Mirando hacia el futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Hein Marais / Siete razones por las que tiene sentido una renta universal en los países de medianos ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Richard Hyman / Democracia económica: ¿una idea que es de nuevo oportuna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Malte Luebker / Una ola de desigualdad: ¿qué pueden conseguir los impuestos y las transferencias? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Toby Sanger / Gravar las finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Christian Kellermann / Un plan B para la economía mundial . . . . . . . . . . . 121 Edward Webster / La disyuntiva entre creación de empleo y trabajo decente 127

Prefacio
Dan Cunniah

Las elites que nos gobiernan están siguiendo actualmente tres estrategias alternativas para hacer frente a la crisis: • el capitalismo de Estado autoritario y proteccionista (modelo impulsado por China); • la recuperación a través del restablecimiento de la competititividad, mediante la adopción de medidas de austeridad y moderación salarial (modelo impulsado por Alemania), y • el «keynesianismo de Wall Street» o revitalización de la economía mediante la socialización de la deuda y la concesión de cantidades ilimitadas de capital a bajo precio al sector financiero (modelo impulsado por los Estados Unidos). Tal vez no deba extrañarnos que ninguno de estos modelos tenga algo que ofrecer a los trabajadores. De hecho, en los tres escenarios, los trabajadores no sólo pagan los platos rotos, sino que se les considera una amenaza para el «éxito» del modelo. Esto resulta evidente en el caso del capitalismo dictatorial, en el que los trabajadores se enfrentan directamente a un Estado represivo si expresan sus opiniones, pero también es una realidad en el caso de las políticas de ajuste estructural de Europa, que están basadas en una injerencia abierta del Estado para minar la resistencia de los trabajadores. Volviendo al modelo impulsado por los Estados Unidos, cabe aceptar que inyectar dinero al sector financiero no parece un ataque directo a los trabajadores. Sin embargo, se trata de un ejercicio redistributivo a una escala sin precedentes. Los bancos centrales proporcionan sumas ilimitadas de dinero a bajo coste al sector financiero, que los gobiernos obtienen de vuelta como préstamos a elevados tipos de interés. La cuantiosa aportación de efectivo al sector bancario se justifica alegando que se traducirá en inversión real. Sin embargo, esta afirmación pasa por alto una característica clave de cualquier crisis, la reticencia de los inversores privados a invertir, ya que no confían en que lo que se produzca pueda o vaya a venderse.

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Hasta la fecha, el keynesianismo de Wall Street no ha impulsado la inversión real, sino que más bien ha alimentado otras burbujas de activos. Es obvio que no ha obtenido el apoyo de la población, que no está convencida de que la emisión de cheques por grandes sumas de dinero a su costa destinados a quienes han hundido nuestras economías sea la solución que necesitamos. Indudablemente, inyectar a los bancos dinero obtenido de la reducción del sector público no era lo que Keynes consideraba una respuesta a la crisis. Un Estado pequeño equivale a una desigualdad grande. La experiencia del decenio de 1930 nos ha enseñado que el modo más rápido de crear empleo y crecimiento es mediante un enfoque combinado de inversión pública masiva en infraestructuras, educación y protección medioambiental financiada con cargo al Estado/banco central, estabilizando y aumentando los ingresos de la mayoría, con una regulación estricta de los mercados financieros. Para constituir sociedades integradoras es preciso mejorar los ingresos reales y proporcionar infraestructuras y servicios públicos de calidad. Si invertimos la tendencia y atribuimos a la seguridad de los ingresos, el empleo y la igualdad la máxima prioridad en materia de política, serán muchos los que se beneficiarán, aunque la riqueza y la libertad del reducido colectivo de los poderosos se verá limitada. Y que así sea: no hay razones que justifiquen la desigualdad extrema y no hay razones que disculpen el no gravar a los ricos, ni el mantener el desequilibrio entre la riqueza privada y la miseria pública. La existencia de intereses creados, y no falta de ideas, nos impide hacer lo necesario para una recuperación socialmente justa y sostenible desde el punto de vista medioambiental. En el presente volumen los que han colaborado en la Global Labour Column, expertos en temas laborales de todo el mundo, debaten elementos fundamentales de una serie de políticas alternativas, entre las que se incluyen: • un piso de protección social universal como salvaguarda contra la pobreza extrema; • un impuesto sobre las transacciones financieras para reducir el sector financiero; • una democracia industrial para contrarrestar la dictadura del accionista; • la fijación de salarios mínimos y la plena aplicación de las normas internacionales del trabajo para acabar con la explotación en el lugar de trabajo, y • un régimen fiscal y de ayuda social redistributivo.

PREFACIO

XI

Pero quienes mantienen los gobiernos supeditados a sus intereses no cederán tan fácilmente. Esta situación no es nueva, recordemos el famoso discurso de Franklin D. Roosevelt de 1936 en el Madison Square Garden: Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, el sectarismo, los intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al Gobierno de los Estados Unidos como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada. Aún está gestándose una respuesta a la crisis liderada por los trabajadores que también tenga por objeto contrarrestar al «gobierno del dinero organizado». Los artículos que componen este volumen proporcionan un punto de partida para catalizar ideas y alimentar el debate. Pero sin una movilización masiva para defender la justicia social y el crecimiento integrador será imposible neutralizar los intereses creados que sostienen el statu quo. Por consiguiente, los sindicatos seguirán teniendo un papel fundamental que desempeñar representando los intereses de la mayoría. Al ser la estructura más amplia de la sociedad civil organizada y ocupar una posición decisiva en el proceso de producción, los sindicatos son la voz más legitimada para representar y movilizar a los trabajadores en defensa de una sociedad más justa e igualitaria.
Dan Cunniah Director, Oficina de Actividades para los Trabajadores, OIT

Agradecimientos

Los ensayos que aquí se incluyen fueron publicados por vez primera en la Global Labour Column (GLC), dirigida por Nicolas Pons-Vignon y Phumzile Ncube, del Programa de investigación Corporate Strategy and Industrial Development (CSID) de la Universidad de Witwaterstrand, en Sudáfrica. En su labor han contado con la asistencia de revisores de la Universidad: Edward Webster, Michelle Williams, Jacklyn Cock y Lucien Van Der Walt, así como de Frank Hoffer y Claire Hobden de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, y de Till van Treeck de la Fundación Hans Böckler. La labor de Frank Hoffer, fundador de la Universidad Global del Trabajo, de la que ha emanado la iniciativa GLC, ha sido decisiva para el éxito de la Columna y agradecemos de veras su participación. La ardua tarea emprendida por Laura Brown, en la selección de artículos, así como por Harald Kroech, el administrador del sitio web, han sido fundamentales para garantizar un trabajo de calidad. Charlotte Beauchamp, Chris Edgar y Vivien Stone han supervisado el proceso de producción para Publicaciones de la OIT, y valoramos mucho sus aportaciones. También quisiéramos agradecer la participación de Beatrice y Clyde Reynolds, de Magheross Graphics, que han diseñado y enmaquetado el texto, de Werner Arnold, diseñador de la portada, así como de la traductora responsables de la versión en español (Gabriela Coll Vigo). Por último, también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las demás personas que han colaborado, así como a los lectores de la Global Labour Column. Su compromiso demuestra la determinación de los trabajadores, como componente fundamental del 99 por ciento, para ofrecer respuestas constructivas a la crisis económica y desafiar la hegemonía del poder financiero en el mundo.

Introducción: Lo que Europa puede aprender del Sur
Nicolas Pons-Vignon

Tras haber provocado un aumento masivo de la desigualdad en todo el mundo, que ha llevado a la creación de lo que educadamente se denominan «desequilibrios» y que ha desencadenado primero una crisis financiera y, seguidamente, una crisis económica, las políticas neoliberales nos amenazan con empujar a muchas economías hacia el precipicio, con consecuencias políticas y sociales que desconocemos. Aún así, los países europeos que se encuentran en el epicentro de esta tormenta no parecen dar demasiadas muestras de resistencia; los crecientes movimientos sociales que se oponen al rescate de instituciones financieras y a las medidas de austeridad que están aplicándose no han conseguido incidir en las políticas nacionales y los partidos dominantes. En su lugar, parece que está infligiéndose a Europa la misma combinación de políticas de austeridad y privatización que azotó a los países africanos, latinoamericanos y antiguos países comunistas en los decenios de 1980 y 1990. Lo que resulta irónico es que la mayoría de los economistas ahora están de acuerdo en que estas políticas tuvieron consecuencias nefastas. Creer que lo que llevó a un colapso del crecimiento y al desastre social en otros lugares pueda tener consecuencias positivas en Europa es una ilusión que alimentan los principales medios de comunicación y los poderosos grupos de intereses. Lambert (2012) destaca la predilección de los medios de comunicación franceses por consultar a un círculo de economistas que están estrechamente vinculados a intereses financieros (o más bien remunerados por ellos), y que invariablemente minimizan la responsabilidad de los bancos en la crisis, así como la conveniencia de gravar las transacciones financieras en lugar de gravar a los ciudadanos de a pie mediante aumentos del impuesto sobre el valor añadido. En Italia las «reformas estructurales» supuestamente destinadas a impulsar el crecimiento se centran en acelerar la flexibilización del mercado de trabajo, en un contexto que ya se caracteriza por niveles de precariedad muy altos. Mientras que los keynesianos recuerdan con nostalgia la reacción voluntaria a la crisis del decenio de 1930 del Presidente de los Estados Unidos Franklin

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D. Roosevelt, que aprovechó la intervención estatal para apoyar el empleo y ampliar el Estado del bienestar, no parece que actualmente vayan a surgir visionarios como él. La mayoría de los partidos de izquierdas están eludiendo visiblemente toda participación significativa en la relación entre políticas neoliberales, poder financiero y crisis, aceptando implícitamente la postura TINA (siglas en inglés de No Existe Alternativa) que apoyan los economistas amigos de los bancos antes mencionados. La realidad del equilibrio de poderes se ha visto brutalmente expuesta por la imposición (sin elecciones) en Italia y Grecia de nuevos gobiernos dispuestos a aplicar las mismas políticas, a pesar de la amplia oposición popular. La reciente decisión del gobierno de coalición del Reino Unido de reducir los impuestos a las empresas multinacionales revela que, como expresó un periodista, en este país las reglas fiscales «ahora las establecen las multinacionales en su propio beneficio»1. De hecho, lo que explica este comportamiento tan sumiso es que la política parece estar dirigida por intereses más poderosos que el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Si bien es cierto que el equilibrio de fuerzas en Europa y en América del Norte se inclina claramente hacia el neoliberalismo y su principal impulsor, el poder financiero2, también lo es que no falta oposición popular. En Europa la ira va en aumento ante la forma en que está abordándose la crisis y los cambios antidemocráticos de gobierno que se han orquestado en la Europa mediterránea, mientras que en los Estados Unidos, los sindicatos y la sociedad civil están movilizándose de nuevo tras un largo período de pasividad (véanse los ensayos de C. Feingold, y S. Toff y J. McCallum en este volumen). Entre los aspirantes a miembros de la Unión Europea se observa un escepticismo cada vez mayor en relación con el hecho de que la integración conlleve un sometimiento de las políticas nacionales al orden neoliberal. Plantarle cara al poder financiero es ahora más urgente que nunca, y requerirá más movilizaciones y alianzas de fuerzas progresistas, con los sindicatos al frente (en relación con la dificultad para organizar a los sindicatos a nivel europeo, véase el ensayo de V. Pedrina en este volumen). En la introducción del año pasado3 se discutían los cuatro pilares en los que debe fundamentarse la lucha contra el neoliberalismo – la academia, la ideología, las políticas y la política – y, como mínimo en lo que a dos respecta, se han producido alentadores progresos. Los argumentos en contra de las políticas neoliberales se articulan cada vez más en torno a programas alternativos de política, muchos de los cuales están apoyados activamente por los sindicatos (véanse los ensayos de C. Kellermann y B. Ségol en este volumen). La impugnación académica también va en aumento, con el afianzamiento de asociaciones económicas heterodoxas, tanto nacionales como internacionales,

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que aprovechan el reconocimiento cada vez mayor del punto muerto en el que se encuentra la economía neoclásica4. Pero las ideologías y, por encima de todo, la política, están resultando ser extremadamente resistentes. Se han repetido de forma generalizada descripciones «culturalistas» atroces de la crisis de la deuda griega, que legitimizan un enfoque neoliberal implacable en relación con los trabajadores y los desempleados del país (si tiene deudas, debe ser que ha sido irresponsable, así que debe pagar por ello). Es imposible entender la resistencia del neoliberalismo – a saber la resistencia de políticas que apoyan los intereses del capital financiero a expensas de los trabajadores – sin entender el papel y la influencia crecientes del poder financiero desde el decenio de 1980. Está claro, la importancia fundamental que revisten los intereses financieros en la adopción de políticas que menoscaban la situación de los trabajadores está históricamente bien documentada, cabe destacar la elocuencia con que lo hizo Polanyi en el primer capítulo de La gran transformación (1944). Pero la financiarización, que «incluye un elenco de fenómenos como la globalización de los mercados financieros, la revolución del valor del accionista y el ascenso de los ingresos procedentes de la inversión financiera» (Stockhammer, 2004), ha afectado profundamente al capitalismo desde el decenio de 1970. Esto resulta particularmente obvio en el modo en que las empresas no financieras han empezado a funcionar como si lo fuesen, considerando la producción y el empleo como meros costos fijos que deben minimizarse o, incluso, suprimirse. Al no querer reconocer que existe un problema relacionado con el poder financiero, y atenerse a la hoy muy debilitada «hipótesis del mercado eficiente», la economía neoclásica ha confirmado su incapacidad para reflejar la realidad económica de forma convincente5. Si no se trata de masoquismo, ¿qué puede explicar la insistencia de los gobiernos occidentales en seguir aplicando políticas cuyas consecuencias serán perjudiciales y cuyos fundamentos teóricos se han visto desacreditados? Lo que es más importante – y doloroso –, ¿cómo podemos interpretar la ausencia de una alternativa de izquierdas seria en Europa y en los Estados Unidos? Para obtener respuestas, y tal vez soluciones, los movimientos progresistas que hemos presenciado en todo el mundo tienen mucho que ganar si se toman en serio lo que está pasando en el Sur. Con ello no queremos decir que exista un modelo perfecto, o que los países de fuera de Europa y América del Norte no estén siendo presa de la financiarización. Todo lo contrario, países del Sur han sido con frecuencia las principales víctimas de los daños que el capitalismo financiarizado puede infligir, pero muchos de ellos han desarrollado modos innovadores de hacerle frente, mientras que Europa parece no saber cómo reaccionar. Uno de los partidos progresistas que más éxito está teniendo, el

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Partido dos Trabalhadores del Brasil (PT), lo expone en términos claros: «La izquierda de los países europeos, que tanto ha influido en los partidos de izquierdas de todo el mundo desde el siglo xIx, no ha conseguido encontrar una respuesta adecuada a la crisis y parece estar capitulando ante las fuerzas del neoliberalismo» (citado en Halimi, 2011). Desde mi punto de vista, hay cuatro ámbitos principales en los que los países y los movimientos progresistas del Sur van muy por delante de sus homólogos del Norte: auditorías de la deuda, política industrial, salarios y políticas sociales, y movilizaciones obreras. El más amplio contexto de estos cuatro elementos es el reconocimiento de que el sistema económico es profundamente injusto, con bolsas de riqueza (1 por ciento) subvencionadas con la explotación y la penuria. En otras palabras, los ajustes marginales propuestos por muchos formuladores de políticas en el Norte no bastarán para lograr el cambio que podría beneficiar al 99 por ciento restante. Las auditorías de la deuda tienen su origen en el Ecuador, donde el Gobierno del Presidente Correa las ha utilizado con éxito para sacar a la luz los orígenes de la deuda del país. Esto ha hecho posible señalar que gran parte de la misma era deuda odiosa, procediéndose seguidamente a repudiarla. A pesar de los temores y agitación iniciales por parte de intereses financieros de que esto llevaría al colapso económico y haría que el acceso a la financiación fuese imposible, lo cierto es que el proceso ha resultado ser extremadamente positivo. Ha inspirado a muchos movimientos progresistas en Europa, desde Irlanda hasta Grecia, que están presionando para que se sigan los mismos pasos. Las auditorías de la deuda, que han sido requeridas por muchos economistas progresistas especializados en desarrollo para sacar a relucir lo que se esconde tras la deuda de África (véase el ensayo de J.K. Boyce y L. Ndikumana en este volumen), son un medio fundamental para separar la parte legítima de la deuda y pedir cuentas (democráticamente) al poder financiero. Que un pequeño país latinoamericano haya tenido el valor de hacerlo debería servirnos a todos de inspiración. La política industrial ha sido el eje del desarrollo próspero registrado en varios países del Sur, en particular de Asia oriental, un fenómeno al que la desaparecida Alice Amsden denominaba el ascenso del «resto» (2001). El en tendimiento de que la industrialización es clave para el desarrollo y de que puede generar crecimiento sostenible ha sido fundamental para la formulación de políticas en unos pocos países muy prósperos como China o Brasil. Mientras, siguiendo el ahora desacreditado Consenso de Washington, otros países se iban desindustrializando, tanto en el Norte como en el Sur, bajo la presión de los intereses financieros para quienes las perspectivas inciertas a largo plazo de inversiones productivas resultan poco atractivas. La política industrial está

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haciendo una reaparición manifiesta en la agenda de muchos países6. Los países en desarrollo que han seguido políticas industriales con éxito han conseguido en todos los casos reducir el poder de las finanzas para que favorezca la inversión productiva. China es un buen ejemplo de que la financiarización y la consiguiente liberalización plena de la actividad bancaria no son ni inevitables ni útiles para el desarrollo. Obligar a las instituciones financieras a centrarse en inversiones productivas o socialmente convenientes no es una restricción intolerable de la libertad de inversión, posiblemente es lo que todos los países deberían hacer. Mientras que las llamadas a una recuperación impulsada por los salarios están siendo claramente ignoradas por la mayoría de los formuladores de políticas, el Brasil está demostrando que una política que apoye los salarios puede favorecer el crecimiento económico y lograr una reducción masiva de la pobreza. La insistencia en la necesidad de crear puestos de trabajo decente, más que microempresas que promueven la explotación como medio para reducir la pobreza, es cada vez mayor en los países en desarrollo, que expresan su descontento con la microfinanciación y, más generalmente, con las políticas neoliberales (véase el ensayo de M. Batemanen este volumen). Ello debería incitar a los sindicatos de todo el mundo a redoblar sus esfuerzos para organizar a los trabajadores ocasionales y construir solidaridad: plantar cara al poder financiero también conlleva defender que la mano de obra no es un costo, porque el trabajo no es una mercancía, y que los sindicatos no son una distorsión del mercado de trabajo, sino que pueden articular la voz de la mayoría. En la misma línea, debe refutarse enérgicamente el estrecho marco en que se han concebido las políticas sociales condicionadas por el neoliberalismo. Esto sólo puede empezar con una lucha para desmercantilizar los servicios públicos que se han transformado en operaciones rentables para empresas privadas, desde la salud hasta la educación, pasando por los alimentos y los medicamentos. Existe cada vez más material de estudio que apunta a la estrecha relación entre la financiarización (y el comercio de derivados de materias primas en particular) y la inflación del precio de los alimentos, que está azotando a las personas pobres en todo el mundo (Newman, 2009) Una vez más, numerosas iniciativas de países en desarrollo pueden servir de ejemplo, empezando por la negativa de países como la India o Sudáfrica a aceptar el actual régimen internacional de derechos de propiedad intelectual para productos farmacéuticos, lo que les ha permitido producir o comprar fármacos esenciales (para el VIH y sida en particular) a un precio compatible con el despliegue masivo necesario para impedir miles de muertes. Además, en todo el Sur están probándose o debatiéndose acciones radicales para proporcionar apoyo a las personas pobres,

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entre las que destacan el plan de garantía del empleo de la India y la propuesta de una renta universal (véase el ensayo de H. Marais en este volumen) Se trata de alternativas creíbles que abordarían las consecuencias sociales y económicas del neoliberalismo y conferirían poder de decisión a las fuerzas progresistas. Por último, y ante todo, es importante reconocer la contribución esencial de los sindicatos del Sur al cambio gradual que se ha producido durante los treinta últimos años. En Sudáfrica los sindicatos se han movilizado con éxito contra el apartheid, mientras que sus homólogos de la República de Corea han jugado un papel decisivo en la revocación del régimen dictatorial tras la muerte del General Park. En ambos países, así como en el Brasil, el neoliberalismo ha debilitado el proyecto progresista de los sindicatos, pero está lejos de haberlo vencido. Como señala E. Webster en el presente volumen, «en el Hemisferio Sur ha surgido un nuevo paradigma del trabajo que no considera el trabajo decente como un obstáculo o un elemento complementario al desarrollo, sino que intenta integrarlo en un camino alternativo que conduzca al desarrollo». De hecho, los sindicatos son elementos cardinales de muchas de las prometedoras tendencias antes mencionadas, al igual que los trabajadores europeos han estado al frente del progreso social durante gran parte del siglo xx. En muchos países del Sur los afiliados sindicales han desarrollado una visión política radical que tiene gran potencial para desafiar el statu quo y hacer progresar alternativas progresistas. Tal vez sea de ahí de donde una confrontación política con el poder financiero pueda encontrar la fuerza para prosperar. Independientemente de que el desgaste de la izquierda en Europa y América del Norte sea irreversible o no, el volver la cabeza hacia el Sur en busca de inspiración es una idea que cada día parece más aconsejable para los trabajadores y los sindicatos. Para ello será preciso dejar de considerar que el conocimiento debe fluir hacia el Sur, hacia asociados menos «desarrollados», una tendencia que también se observa en muchos países en desarrollo, donde en ocasiones se considera a los antiguos poderes coloniales como puntos de referencia idealizados. Ya sea en relación con la movilización obrera o con las políticas sociales y económicas, muchas experiencias del Sur pueden servir de inspiración para quienes se oponen al poder financiero. Abundan las políticas de éxito y los debates animados que exploran y prueban alternativas progresistas, y la Global Labour Column se ha impuesto el ambicioso objetivo de documentarlas y de apoyar el movimiento obrero en su defensa de los intereses del 99 por ciento.

Notas
1 2

Véase http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/19/britains-tax-rules-written-by-multinationals. Sobre la relación entre neoliberalismo y financialización, véase Fine (2011).

INTRODUCCIÓN: LO QUE EUROPA PUEDE APRENDER DEL SUR

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3 N. Pons-Vignon: «Introducción: recuperar la política», en Existe una alternativa: políticas económicas y estrategias laborales más allá de la corriente dominante (Ginebra, OIT, 2011). 4

Véanse World Economics Association (http://www.worldeconomicsassociation.org/); sitio web de International Development Economics Associates (IDEAs) (http://www.networkideas.org/); real-world economics review (http://www.paecon.net/PAEReview/), y Heterodox Economics Newsletter (http://www.heterodoxnews.com/), así como International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) (http://www.iippe.org/).

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Quizás el mejor reflejo de esto es el sorprendente intercambio de opiniones entre la Reina de Inglaterra y un grupo de economistas, a los que preguntó por qué no habían sido capaces de prever la crisis (http://www.ft.com/intl/cms/3e3b6ca8-7a08-11de-b86f-00144feabdc0.pdf ).
6 Investigaciones recientes llevadas a cabo por el Banco Mundial se han alejado radicalmente de posturas anteriores, para pronunciarse, con reservas, por la política industrial, en la línea de su economista jefe, Justin Lin, y de su «nueva economía estructural» (2012). Para un debate crítico sobre el enfoque del Banco Mundial a la política industrial, tanto la antigua como la nueva, véase Singh (2011).

Referencias
Amsden, A. 2001. e rise of «the rest»: Challenges to the West from late-industrializing countries (Nueva York y Oxford, Oxford University Press). Fine, B. 2011. «Neo-liberalism in retrospect? – It’s financialisation, stupid», en K.-S. Chang, B. Fine y L. Weiss (directores): Developmental politics in transition: e neoliberal era and beyond (Basingstoke, Palgrave Macmillan). Halimi, S. 2011. «Where did the left go?», Le Monde diplomatique, noviembre (disponible en: http://mondediplo. com/2011/11/01left). Lambert, R. 2012. «Les économistes à gages», en Le Monde diplomatique, marzo. Lin, J.Y. 2012. New structural economics: A framework for rethinking development and policy (Washington, DC, Banco Mundial). Newman, S. 2009. «e downside of ‘financialisation’ of international commodity markets», en Development View Point, julio, núm. 32 (disponible en: http://www.soas.ac.uk/cdpr/publications). Polanyi, K. 2001 (1944). e great transformation: e political and economic origins of our time (Boston, Massachusetts, Beacon Press). Singh, A. 2011. «Comparative advantage, industrial policy and the World Bank: Back to first principles», en Policy Studies, vol. 32, núm. 4, págs. 447 a 460. Stockhammer, E. 2004. «Financialisation and the slowdown of accumulation», en Cambridge Journal of Economics, vol. 28, núm. 5, págs. 719 a 741.

Nicolas Pons-Vignon es investigador superior en el programa de investigación Corporate Strategy and Industrial Development (CSID), de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica. Sus investigaciones se centran en el desarrollo y las políticas industriales en Sudáfrica, así como en los mercados de trabajo, la pobreza y la asistencia para el desarrollo. Es el editor principal de la Global Labour Column, fundador del African Programme for Rethinking Development Economics (APORDE; http://www.aporde.org.za) y director de los cursos que se organizan en el marco de dicho programa.

PARTE I Demos sentido a la agitación que atraviesa Europa

La crisis: la respuesta de los sindicatos europeos
Bernadette Ségol

La respuesta política unánime a la crisis que azota a toda Europa es la austeridad y la disciplina presupuestaria. Recortes a los salarios y a las prestaciones sociales, ataques a los mecanismos de negociación, y ultraflexibilización de los contratos de trabajo, éste es el paradigma actual, el consenso Bruselas-Berlín, que se nos ofrece como única vía de salida. La solución no está funcionando y no funcionará. Frena el crecimiento e impide la creación de empleo. Ya no podemos seguir haciendo caso omiso de las desastrosas consecuencias sociales que está acarreando, como tampoco podemos obviar el aumento del nacionalismo que está produciéndose en muchos países europeos y que cuestiona nuestros valores esenciales basados en la solidaridad.

Es preciso cambiar de discurso
Cada vez más, voces oficiales se alzan contra la austeridad, pero proceden sobre todo de fuera de Europa. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dicen que la austeridad sin crecimiento augura un peligroso porvenir. La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha expresado preocupación en nombre de su organización. Incluso las agencias de calificación crediticia – oligopolios interesados donde los haya – se han unido a estas voces. Pero los ministros de economía no parecen darse por enterados. Si bien en el Consejo Europeo se habla mucho de la necesidad de promover el Faltan propuestas concretas crecimiento y el empleo, faltan propuestas concretas acordes acordes con la desastrosa con la desastrosa situación a la que nos estamos enfrentando, situación que enfrentamos lo que contrasta marcadamente con la precisión de los planes fiscales que tenemos ante nosotros. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) quiere presupuestos razonables, pero el pacto fiscal exige un contrato social equilibrador.

Más austeridad como única respuesta a la austeridad
Europa ha entrado en recesión. Las últimas cifras disponibles de Eurostat sobre la situación del empleo en la zona del euro muestran que el desempleo está alcanzando

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cifras históricas. La tasa media de desempleo es del 10,4 por ciento en la zona del euro, lo que significa que 16,5 millones de personas no tienen trabajo. Se trata de la tasa de desempleo más elevada desde junio de 1998. El desempleo entre los jóvenes es endémico, afecta a cerca de la mitad de los jóvenes españoles. La pobreza va en aumento. En la actualidad, un 8 por ciento de la población activa europea se enfrenta a la pobreza extrema. La respuesta que ofrecen los dirigentes europeos a esta alarmante situación es la de seguir apretando las tuercas. El 30 de enero de 2012 una cumbre concluyó un nuevo tratado internacional que establecía una disciplina presupuestaria férrea reforzada por sanciones. La CES se opone a dicho tratado, que no resuelve los problemas crecientes que suponen el desempleo y la inseguridad en el trabajo. El tratado sólo aborda estos problemas en términos contables, sin ninguna perspectiva política. Sabemos muy bien que necesitamos volver a un equilibrio presupuestario sostenible, pero estaríamos engañándonos si pensásemos que los presupuestos se equilibrarán y que se reinstaurará la confianza como resultado de estas medidas de austeridad. Además, el proceso que se ha seguido no ha sido democrático. El Parlamento Europeo no ha sido capaz de desempeñar un papel activo. Los sindicatos europeos están defendiendo una Europa social y democrática, no la Europa presupuestaria, financiera y tecnocrática que se ha presentado. La recesión hará que la situación, ya de por sí deteriorada, empeore. Está creciendo la desigualdad. Están surgiendo movimientos sociales para protestar contra la injusticia y la inseguridad. La justicia social debe ser la prioridad absoluta en todos los programas políticos, tanto en el plano nacional como europeo. Si los dirigentes europeos dejan de lado esta prioridad para centrarse únicamente en las medidas de austeridad, en particular en los países que ya están atravesando dificultades, no debería sorprendernos si los niveles de pobreza aumentan y la desigualdad lleva a la inestabilidad social y política.

Un modelo de gobernanza económica europea adaptado al molde neoliberal
El marco para la gobernanza económica europea existente lo delimitan el Semestre Europeo, el Pacto del Euro y el «paquete de seis». Gracias en gran medida a los esfuerzos desplegados por los sindicatos europeos y sus miembros, el «paquete de seis», que entró en vigor el año pasado, incluye una cláusula que estipula que los sistemas nacionales de negociación colectiva deben respetarse plenamente. En el tratado internacional se ha referencia a un concepto similar, pero su idoneidad es cuestionable. La realidad es que la troika, compuesta por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha impuesto sus reglas de gobernanza económica a Grecia, Irlanda y Portugal como

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condición para su rescate. Este tipo de gobernanza económica se basa fundamentalmente en ataques a las relaciones de trabajo y a los salarios establecidos por los convenios colectivos, devaluando las pensiones, introduciendo una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, debilitando la protección social y el derecho a huelga, y privatizando los servicios públicos. También hemos observado cómo el BCE intervenía en el Gobierno italiano de modo inaceptable, insistiendo en la privatización y liberalización de servicios públicos, en la introducción de cambios en el sistema para fijar los salarios, en la descentralización de la negociación colectiva, en modificaciones a la legislación relativa a la contratación y el despido, y en un aumento de la edad de jubilación. Estas instrucciones suelen darse en documentos secretos redactados en antesalas misteriosas. Una vez más, la democracia sale perdiendo. La crisis también se utiliza como pretexto para decirnos que una reducción de los salarios liberaría la competencia e impulsaría la economía, conduciendo a una situación beneficiosa para todos. No obstante, la CES considera que los salarios son, más que una barrera, un elemento impulsor del crecimiento económico. Si las reglas de la gobernanza económica se centran en los salarios y en las condiciones de trabajo como factores para el ajuste competitivo, los países competirán en cuanto a salarios, condiciones de trabajo y, en un plano más general, en relación con el gasto social. Y, una vez más, los trabajadores soportarán la carga.

El modelo social europeo está siendo atacado
El modelo social europeo salvaguarda la cohesión social. Es un modelo que se desarrolló como parte de un acuerdo social que surgió en las naciones de Europa Occidental de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y abarca los servicios públicos, la protección social y la negociación colectiva. Pero ahora, las fuerzas neoliberales están valiéndose de la crisis para cuestionarlo. Para ellas, no sólo la protección social y los salarios dignos obstaculizan la recuperación económica, sino que los mismos fundamentos del modelo de cohesión y solidaridad les resultan odiosos. Algunas, particularmente en Europa Central y Oriental, defienden un darwinismo social cruel, y les resulta muy cómodo olvidar que los países escandinavos que han invertido en un Estado del bienestar fuerte también se encuentran entre los países más competitivos. Socavar la cohesión social equivale a debilitar también la estabilidad política. La exclusión social y los futuros inciertos allanan el camino para los populistas que defienden la autosuficiencia nacional como remedio para todos los males. Debería preocuparnos el auge de la extrema derecha en Europa. Los líderes europeos y todos los defensores de la desregulación deben tener presente este fenómeno, ya que algunas medidas, como la austeridad, lo alimentan.

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Existen alternativas
La Unión Europea precisa de una unión económica con una dimensión social fuerte. Lo que necesitamos es un verdadero plan de recuperación Queremos que Europa para crear empleo y un crecimiento duradero. Queremos suscriba un contrato social, que Europa suscriba un contrato social, no sólo un no sólo un pacto fiscal pacto fiscal. • Europa necesita inversiones que promuevan una economía sostenible y verde. Éstas deberían incluir inversiones en los sectores del transporte y la energía. • Europa necesita una política industrial que invierta en sectores punteros y en los sectores del futuro. • El BCE debe tener un mandato más claro. Debería aspirar a promover la estabilidad de los precios, el pleno empleo y la convergencia de las condiciones financieras de los Estados miembros. Debería actuar como «prestatario y comprador de última instancia» de deuda soberana, en lugar quedarse en la oportunidad de hacerlo. • La deuda debería agruparse parcialmente a través de eurobonos. • Debería existir una clausula de protección, que impusiese el pleno respeto de la autonomía de los interlocutores sociales para negociar colectivamente y evitar que el pacto fiscal interfiera en la fijación de los salarios, los sistemas de negociación colectiva, la acción colectiva y la sindicación. • Necesitamos disposiciones que salvaguarden el crecimiento: la exclusión de las inversiones públicas que promueven el crecimiento potencial de la «norma de equilibrio presupuestario»; la protección del sector de los ingresos fiscales a través de un impuesto sobre las transacciones financieras, con el compromiso de tomar medidas para hacer frente a la evasión de impuestos y al fraude y la competencia fiscales; y la asignación de una función estructural al diálogo social europeo a fin de evitar la aplicación sin sentido de reglas económicas rígidas que puedan perjudicar la economía. • Debe adjuntarse un protocolo de progreso social a los tratados europeos con objeto de garantizar el respeto de los derechos sociales fundamentales. La CES defiende un «contrato social» para Europa. Un contrato social otorgaría prioridad a las inversiones que apoyasen la sostenibilidad económica, los empleos de calidad y la justicia social, al tiempo que combatiría la desigualdad. Confrontado a la arrolladora gobernanza económica vigente, el movimiento sindical europeo está adoptando medidas para contrarrestar las políticas perjudiciales y trabajar unidos para encontrar soluciones óptimas.

LA CRISIS: LA RESPUESTA DE LOS SINDICATOS EUROPEOS

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La CES convocó un día de acción europea el 29 de febrero de 2012 para decir «¡Ya basta!». Por toda Europa los sindicatos piden que se conceda prioridad al empleo y a la justicia social.

Bernadette Ségol es la Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos. Anteriormente fue Secretaria Regional de UNI Europa, la federación sindical europea para los servicios y la comunicación, que representa a 7 millones de trabajadores en 330 sindicatos europeos. Uno de sus objetivos principales es la igualdad salarial en Europa.

La crisis del euro y el movimiento sindical europeo
Vasco Pedrina

Tras el rescate a los bancos y la adopción del primer conjunto de medidas destinadas a la recuperación de la economía, las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros empezaron, a principios de la primavera de 2010, a imponer planes de austeridad draconianos y antisociales. Son planes fruto de una política cada vez más coordinada a nivel de la Unión Europea, que está adentrándose en una nueva fase con el Pacto del Euro y el nuevo pacto fiscal. Camuflados como instrumentos para combatir los «desequilibrios macroeconómicos», se han puesto en marcha nuevos mecanismos. Estos proporcionarán a las autoridades comunitarias los medios para intensificar la presión para el desmantelamiento social general. Concretamente, se trata de una «camisa de fuerza salarial» que pone en entredicho la autonomía de los interlocutores sociales (uno de los pilares del modelo social europeo), aumenta la edad de jubilación en los países europeos e introduce legislación para frenar la deuda nacional. Esta política no sólo está teniendo repercusiones sociales alarmantes, también está conduciendo a la economía a un callejón sin salida que hace peligrar el euro. En su congreso de Atenas, celebrado en mayo de 2011, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reafirmó su oposición a las políticas económicas neoliberales vigentes y pidió, una vez más, un cambio de rumbo. La única manera concebible de sacar a la zona del euro de la crisis es una combinación de medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico y a reducir gradualmente los niveles de endeudamiento y los desequilibrios macro económicos. La CES reclama un «nuevo acuerdo, social y verde» que integre en un gran plan de inversión, la emisión de eurobonos, un nuevo mandato del Banco Central Europeo (es decir, la obligación de actuar como «prestamista y comprador de última instancia») y una política industrial que favorezca las bajas emisiones de carbono, apoyada por reformas fiscales que deberían incluir un impuesto sobre las transacciones financieras. En lo que a Grecia respecta, ahora está claro que no podrá salir del círculo vicioso en que se encuentra sin un verdadero plan de recuperación financiado por la UE en el marco de una especie de Plan Marshall para los países en crisis. La CES también pide una revisión exhaustiva del Pacto del

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Euro y del pacto presupuestario, en particular en relación con las medidas relativas a los salarios y las jubilaciones.

Movilizaciones contra la asfixia social
Con objeto de apoyar este programa económico alternativo, en los dos últimos años la CES ha celebrado cinco días de acción europea, el último el 29 de febrero de 2012. Las manifestaciones y las huelgas se extendieron por muchos países europeos, pero no generaron presión suficiente para detener la apisonadora neoliberal. Allá por los tiempos del «compromiso social democrático», bajo la presidencia de Jacques Delors, unas manifestaciones de esta magnitud se hubiesen considerado una buena razón para iniciar negociaciones. Hoy, ya no es así. Ni las autoridades de la Unión Europea ni las de los Estados miembros se han dejado influenciar por las acciones de protesta. Es cierto que, aunque el movimiento sindical europeo ha conseguido suprimir las disposiciones legales más retrógradas del Pacto del Euro, su propulsión antisocial prevalece, al igual que los planes de austeridad nacionales. Al mismo tiempo, algunos pilares del modelo social europeo están siendo atacados sin tregua. Sintomático de esta situación es la negativa de las autoridades políticas europeas a corregir el precedente creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las sentencias de los casos Laval, Viking, Rüffert y Luxemburgo de 2007-2008. A través de dichos fallos, el Tribunal cuestionaba los principios básicos de la Europa social, como la primacía de los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas del mercado interno, el principio de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», el derecho a huelga para combatir el dumping salarial y la autonomía de los interlocutores sociales.

El sindicalismo europeo en la encrucijada
La «Europa social» está bajo presión. Es obvio, no habrá cambio de rumbo a menos que la presión que ejerzan las huelgas y acciones políticas coordinadas a nivel europeo aumente a una escala muy distinta a la de los logros alcanzados hasta la fecha. Y aún así, en la estela de la crisis, los sindicatos retroceden en su lucha, adoptando una postura defensiva en los entornos nacionales. Esta claro que los Los sindicatos retroceden sindicatos no han destinado suficientes esfuerzos a la movilien su lucha, adoptando zación europea. Ni siquiera las 80.000 personas que se una postura defensiva en manifestaron en Bruselas consiguieron un impacto suficiente. los entornos nacionales Si no queremos asistir, impotentes, al declive irremediable del movimiento sindical europeo, es el momento de examinar de nuevo nuestra estrategia. El debate sobre esta cuestión que está teniendo lugar en la izquierda política y en el movimiento sindical está dando lugar a dos corrientes de pensamiento. Una de ellas promueve una estrategia de «políticas renacionalizadoras». Los que apoyan esta «estrategia colchón» sostienen que, como la Unión Europea se está dirigiendo hacia la

LA CRISIS DEL EURO Y EL MOVIMIENTO SINDICAL EUROPEO

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condenación neoliberal, la única respuesta realista sería crear redes de resistencia para defender el Estado social en el plano nacional. Los defensores de izquierdas de esta postura están situándose en el mismo campo que los conservadores del movimiento sindical que, como muchas confederaciones nórdicas, consideran que la «vía solitaria» es el mejor modo de defender su «modelo social nórdico», aunque éste se vea más y más amenazado por la Unión Europea. La otra corriente de pensamiento promueve una «estrategia ofensiva» para la europeización de las luchas sociales. Su argumento es que la única alternativa posible es un salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante en la acción y movilización conjuntas en toda Europa. Pero los días en que puede hacerse un salto de estas características están contados. Existe un grave riesgo de que el Pacto del Euro y el pacto fiscal, junto con la totalidad de los planes de austeridad, causen un incremento tal en los desequilibrios dentro de los países y entre los mismos que, con el aumento de las fuerzas populistas, las tensiones sociales y políticas pasen a ser insostenibles, Las tensiones cada vez mayores entre las confederaciones sindicales en Europa y dentro de los países (como Italia) permiten hacerse una idea de hacia dónde nos puede llevar esta situación, a saber, hacia una desastrosa parálisis del movimiento obrero.

Motores para europeizar las luchas sociales
Las huelgas y las movilizaciones que han tenido lugar durante los dos últimos años en varios países europeos han llevado a la aparición de nuevas reivindicaciones, nuevas formas de acción y nuevas alianzas de las que pueden extraerse enseñanzas útiles para la europeización de las redes sindicales de resistencia. Al mismo tiempo, existen otras vías que pueden conducir al salto cualitativo descrito. En el Congreso de la CES celebrado en 2011 se discutieron dos propuestas de campañas con potencial para lanzar una contraofensiva efectiva y coordinada. Una de estas propuestas se refiere a la respuesta a las políticas económicas neoliberales actuales. Se basa en el programa económico alternativo de la CES antes mencionado, en la mayor coordinación de la política de negociación y en una ofensiva para una política europea sobre salarios mínimos y contra la precarización del empleo. Si quieren alcanzarse estos objetivos, es preciso fortalecer las capacidades para la celebración de huelgas en el lugar de trabajo en apoyo de la reivindicaciones europeas. De acuerdo, es cierto que el Congreso de la CES adoptó una propuesta de los sindicatos españoles (Comisiones Obreras, CCOO, y Unión General de Trabajadores, UGT) que reclamaba un examen riguroso de la viabilidad de las huelgas coordinadas o una huelga general europea, pero lo hizo sin demasiada convicción. Está claro que seguimos faltos de voluntad política, pero esto puede cambiar con la presión que ejerce el aumento de la precariedad. La segunda propuesta, titulada «igualdad de remuneración, igualdad de derechos», pretende dar un nuevo impulso a la lucha por los derechos de los trabajadores, que

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están siendo atacados casi por doquier, así como a la lucha contra el dumping salarial. En apoyo a esta campaña, la Federación Suiza de Sindicatos ha propuesto el lanzamiento de una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI): Para una Europa sin dumping salarial que dé prioridad a los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas. De conformidad con el nuevo Tratado de Lisboa, los ciudadanos pueden dirigir a las autoridades de la Unión Europea peticiones de nuevas políticas y leyes si las acompañan de 1 millón de firmas. Una ECI de estas características tendría por objeto otorgar a la Unión Europea un mandato para que las medidas legislativas necesarias para garantizar la prioridad de los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas se apliquen en todo el territorio. El lanzamiento de esta ECI permitiría una amplia sensibilización (y movilización) en los lugares de trabajo y entre las filas sindicales en toda Europa, algo que al día de hoy no ha sido posible. Otros movimientos sociales y fuerzas políticas que comparten nuestras inquietudes sobre el futuro de la Europa social podrían adherirse a esta ECI. El Congreso de la CES aceptó esta segunda propuesta de campaña. Pero no dio una luz verde clara a su motor decisivo, la Iniciativa Ciudadana Europea. Las reservas proceden de países como Francia, Reino Unido e Italia, cuyas confederaciones sindicales alegan que no tienen por costumbre recoger firmas para este tipo de instrumento. Estos países subestiman el potencial de una iniciativa de los ciudadanos como instrumento sensibilizador y de presión política descentralizado dirigido al logro de un objetivo común para toda Europa. El Congreso de la CES podría haber enviado una señal clara para una contraofensiva política y sindical europea a gran escala. La falta de energía para avanzar por este camino se debe al modo en que los sindicatos han sido atacados y debilitados en algunos países. Esta situación se ve agravada por la naturaleza no El giro social y político sólo simultánea de la crisis y las muy diversas tradiciones puede darse con una sindicales. Sin embargo, es muy posible que una respuesta mayor coordinación de la que se ajuste a los desafíos actuales sea viable si la presión política sindical de la precariedad aumenta aún más, entonces las personas se verán obligadas a aceptar que el giro social y político sólo puede darse con una mayor coordinación de la política sindical que trascienda fronteras. Para ello será preciso establecer una alianza con los movimientos sociales y las fuerzas políticas. Está en juego el futuro de la Europa social y del proceso de integración europeo.

Vasco Pedrina es Secretario Nacional del sindicato interprofesional suizo UNIA y Vicepresidente de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). Representa a la Federación Suiza de Sindicatos (SGB/USS) en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

El acuerdo de austeridad de la UE no funcionará. Los trabajadores irlandeses se enfrentan a un futuro desalentador
Frank Connolly

La cumbre de la UE del viernes 9 de diciembre de 2011, durante la cual 26 de los 27 países miembros acordaron un nuevo tratado intergubernamental que incluye un «pacto fiscal» para promover la disciplina presupuestaria en aquellos Estados que incumplan el límite de déficit público fijado por la UE en el 3 por ciento del PIB, no proporcionará la estrategia de crecimiento necesaria para ayudar a los países de la zona del euro gravemente endeudados a salir de la recesión. Las propuestas de pacto fiscal no resolverán los problemas del euro para los europeos, sino que al implantar un déficit anual estructural que no supere el 0,5 por ciento del PIB lo que harán será «institucionalizar la austeridad». Una estrategia de crecimiento y de recuperación rápida de la creación de empleo brilla por su ausencia. Sin una estrategia de este tipo, no parece que a simple vista los países en crisis vayan a ver aliviada su situación. La cumbre, dominada por consideraciones políticas y financieras alemanas y francesas, tampoco incluye ninguna propuesta de restructuración de la deuda, eurobonos o algún tipo de mecanismo fiscal de transferencia para dirigir recursos de las regiones prósperas a las que se están debatiendo contra la recesión. El factor clave que resulta de este Consejo Europeo es que los países que cargan con una deuda insostenible tendrán aún menos perspectivas de crecimiento. Esto es muy cierto en el caso de Irlanda, donde el «pacto fiscal» europeo restringirá en gran medida el espacio de política para futuros gobiernos irlandeses. Se trata quizás de la mayor amenaza que afronta la recuperación de una economía que está restableciéndose del peso de la línea de crédito de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en 2010 de 63.000 millones de euros a un elevado tipo de interés y de la exorbitante carga de deuda soberana que ha seguido a la recapitalización de los principales bancos. De hecho, la introducción de multas automáticas a los gobiernos que incumplan el límite del 3 por ciento planteará considerables dificultades a países como Irlanda, que necesitan crecimiento económico para aliviar su actual carga de la deuda.

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El pacto fiscal, la peor solución para Irlanda
Para la economía irlandesa este pacto fiscal o plan de «austeridad» diseñado por Alemania, como lo describen hoy los partidos de la oposición, no podía llegar en peor momento, con un desempleo superior al 14,4 por ciento en el tercer trimestre de 2011 y una población que lleva tiempo desempleada de más del 56 por ciento del total de personas que no tienen empleo. En el mismo período, la economía irlandesa registró la contracción más rápida de los últimos dos años. Con unas finanzas estatales que dependen por completo de los fondos del Banco Central Europeo y un presupuesto que a principios de diciembre absorbió otros 3.800 millones de euros de la economía a través de recortes a la administración pública, reducciones de gastos de capital, y sobre todo impuestos indirectos, las perspectivas de recuperación a corto plazo posibles no parecen nada halagüeñas y los organismos oficiales han reducido las previsiones de crecimiento para 2012 a menos de un 1 por ciento. Las tambaleantes economías de los Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Europa preocupan especialmente a un país que depende en gran medida de una recuperación impulsada por las exportaciones. Para el movimiento sindical y las fuerzas políticas progresistas de Irlanda las perspectivas son desoladoras. En el sombrío horizonte Para el movimiento sindical se encuentra la elaboración de lo que parece ser la y las fuerzas políticas estrategia del capital financiero europeo, principalmente progresistas las perspectivas alemán, para lograr lo imposible, crecimiento mediante son desoladoras austeridad. En todos aquellos casos en que se alega que ha funcionado, esta estrategia siempre ha ido acompañada de una política monetaria flexible. Pero, hasta la fecha, se ha excluido la intervención del Banco Central Europeo. En su lugar, la fórmula consiste en recortar las pensiones, desmantelar los derechos de las personas en el trabajo a través de lo que eufemísticamente llaman «reformas del mercado de trabajo» y vender activos lucrativos del Estado a buitres corporativos a precios de saldo. De lo que se trata es de echar por la borda lo que queda de las conquistas logradas por la clase trabajadora en toda Europa en el contexto de los acuerdos de posguerra. Por lo que parece, el objetivo es abandonar el mayor número posible de los logros alcanzados por la llamada «Europa social», para que el capital europeo pueda participar más eficazmente en la espiral global descendente. No es sorprendente que las estrategias impulsadas por la austeridad estén aplicándose en unos tiempos en que partidos de centroderecha y abiertamente de derechas dominan el mapa político europeo. No obstante, la posibilidad, aunque exigua, de reinstauración de gobiernos socialistas o socialdemócratas tras las elecciones previstas este año y el que viene en Alemania y Francia, y por supuesto, la supervivencia de Barack Obama en un segundo mandato en los Estados Unidos, brindan un atisbo de esperanza para la recuperación de la cordura en las políticas fiscales y económicas mundiales.

EL ACUERDO DE AUSTERIDAD DE LA UE NO FUNCIONARÁ

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Quizás sea demasiado poco y demasiado tarde, por lo menos en lo que a Irlanda respecta, donde durante los cinco últimos años ya se ha despojado a la economía de 20.600 millones de euros y donde, como consecuencia del préstamo CE/BCE/FMI, está previsto recortar 12.400 millones de euros durante los cuatro próximos años. Desde 2009 se ha venido desposeyendo a la economía del equivalente al 13,4 por ciento del PIB, y está previsto que para 2015, la cifra aumente un 8 por ciento. Este «ajuste» ha conllevado recortes sin precedentes a los salarios y las pensiones de los trabajadores de la administración pública, así como un grave deterioro de los servicios de bienestar social, los destinados a las personas enfermas, las personas mayores y las personas vulnerables. Ha supuesto la reducción drástica del gasto en proyectos de capital vitales que podrían crear puestos de trabajo para las decenas de miles de los trabajadores de la construcción y otros trabajadores que han perdido su empleo desde el colapso de 2008. Si bien las empresas privadas que dependen de la exportación han mantenido sus empleos y sus sueldos, como el panorama internacional dista mucho de ser favorable, la fabricación, el comercio minorista y otros sectores potencialmente generadores de riqueza del país registran una actividad escasa y decreciente.

El endeudamiento irlandés es insostenible
Ensombreciendo este panorama encontramos la masiva carga de deuda soberana que se espera alcance un máximo de cerca del 120 por ciento del PIB en 2013, importe que no incluye los considerables compromisos contraídos con los bancos. El total del pasivo bancario y soberano (contingente y real) del Estado se acerca a un exorbitante 235 por ciento del PIB. Es evidente que el Estado irlandés no puede reducir esta deuda a un nivel aceptable sin una cancelación de la misma apoyada por la UE mediante la emisión de bonos garantizados del BCE y una serie de medidas acordadas. Para la mayoría de los ciudadanos irlandeses es inaceptable que el Estado esté Para la mayoría obligado a abonar pagarés anuales sobre las deudas de los ciudadanos irlandeses de bancos tóxicos ya desaparecidos que solicitaron préses inaceptable que el Estado tamos a bajo interés durante la prolongada y artificial esté obligado a abonar burbuja inmobiliaria, alentados por entidades financieras pagarés anuales sobre alemanas, francesas, británicas y otras que ahora las deudas de bancos tóxicos pretenden recuperar el dinero adeudado a un tipo de ya desaparecidos interés elevado. Es un hecho aceptado que, a nivel nacional, la culpa es de los políticos desorientados e incompetentes que han promovido la evolución de una reglamentación de los sectores bancarios y financieros que no se aplica con rigor. A finales de 2010 cien mil trabajadores irlandeses ocuparon las calles de Dublín durante la semana en que la troika CE/BCE/FMI llegó a la ciudad para asumir el control del destino económico de su

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país. La ira y la desesperación, si bien no podían compararse a la violencia callejera registrada en Grecia, eran palpables y resultaron en la caída, en las elecciones generales de febrero de 2011, del partido de centroderecha Fianna Fáil, que había liderado tres gobiernos sucesivos de centroderecha desde 1997. En un giro espectacular e histórico, alrededor del 40 por ciento de los votantes apoyaron a los partidos de izquierdas, el doble de lo que tradicionalmente habían representado en el país. El Partido Laborista, el partido de izquierdas más importante, formó un gobierno de coalición con Fine Gael (FG), que ha sustituido a su adversario de largos años, el hoy fuertemente debilitado Fianna Fáil, el principal partido de la derecha. La política gubernamental refleja de manera aproximada el equilibrio del poder (2 a 1) entre Fine Gael y el Partido Laborista, que en el presupuesto de diciembre de 2011 consiguió garantizar una relación entre reducción del gasto público e imposición tributaria de 56 a 44, frente al 75 a 25 previsto en el manifiesto de Fine Gael.

Un tremendo desafío para la izquierda
Siguen librándose importantes batallas gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con los mecanismos que protegen a los trabajadores mal remunerados, sobre el derecho de negociación colectiva, que aún no está consagrado en la legislación irlandesa y con el que está comprometido el Partido Laborista, así como sobre el empleo comunitario financiado con fondos públicos y otros planes de protección social que proporcionan asistencia e ingresos a las personas más vulnerables y a sus comunidades. Los presupuestos de salud y de educación también están sometidos a una gran presión, al igual que lo está siendo un acuerdo para la protección de los salarios y los empleos de los trabajadores del sector público a cambio de una profunda racionalización y ahorro en los costos en la administración de los servicios prestados por el Gobierno, presión que ejercen los grupos de empleadores y las fuerzas de la derecha, alentados por unos medios de comunicación maleables, para que sean los menos responsables del colapso económico y financiero los que carguen con sus consecuencias. Mientras, no están desplegándose esfuerzos coherentes o serios para gravar con impuestos al considerable número de personas de la sociedad irlandesa que ha acumulado riqueza, tanto en su país como en el extranjero. La brecha entre los que se encuentran arriba y los que se encuentran abajo sigue ampliándose, se calcula que el 5 por ciento de la población controla alrededor del 48 por ciento de los activos del país. Para ilustrar la escala de desigualdad cabe observar que, en 2009, Irlanda registró la segunda tasa de recaudación fiscal más baja de los 27 Estados miembros de la Unión Europea como proporción del PIB y se clasificó en el lugar 27 de los 34 entre los Estados miembros de la OCDE (fuente: Eurostat y OCDE). La modestas propuestas del Sindicato de Servicios Industriales, Profesionales y Técnicos (SIPTU) de Irlanda para incentivar los fondos de pensiones bien dotados y

EL ACUERDO DE AUSTERIDAD DE LA UE NO FUNCIONARÁ

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recaudar aproximadamente 4.000 millones de euros, alrededor del 5 por ciento de los balances de los fondos de pensiones, para inversiones, aún no se han adoptado, aunque están siendo estudiadas por el Gobierno. Junto a los 2.000 millones de euros procedentes del residuo del fondo nacional de reserva del sistema de pensiones, se generarían cientos de miles de empleos que contribuirían a encauzar el crecimiento. Está claro que el desafío al que se enfrentan el movimiento sindical y las fuerzas progresistas en Irlanda, y en el mundo, es verdaderamente impresionante. Si la Unión Europea insiste en imponer una austeridad aún mayor sin perspectiva alguna de recuperación, es muy posible que los irlandeses se nieguen a aceptar toda invitación para alterar los tratados existentes a través de un referéndum. Es preciso encontrar un camino nuevo, más justo.

Frank Connolly es el Jefe de Comunicaciones del SIPTU (Sindicato de Servicios Industriales, Profesionales y Técnicos). El SIPTU, con cerca de 200.000 miembros, es el sindicato más grande de Irlanda, que cuenta con una fuerza de trabajo sindicada de 800.000 trabajadores y una fuerza de trabajo total de 1,8 millones de personas.

Días de verano en Utøya
Dan Gallin

Nunca olvidaré los días del verano de 1995 que pasé en Utøya, una pequeña isla cerca de Oslo que los sindicatos noruegos cedieron a la Liga Laborista Juvenil como centro de estudios y de ocio. Había llegado a Europa en marzo de 1953 procedente de los Estados Unidos, donde, como estudiante, había descubierto el socialismo con los rasgos de una disidencia trotskista. La brillante explicación del mundo, la heroica y trágica historia del «viejo Trotsky» y su movimiento se habían apoderado de mi imaginación y de mis emociones, hasta tal punto que llamé la atención de las autoridades y me dieron un mes para dejar el país. Así que allí estábamos, mi compañera y yo, en Europa, ávidos de encontrar una dirección que seguir. Ella era miembro del mismo grupo. En el verano de 1955 ya estábamos listos para descubrir Escandinavia, el bastión de una socialdemocracia que observábamos con desconfianza. Al llegar a Oslo, encontramos la Liga Laborista Juvenil en la guía telefónica. Aparecimos sin avisar en la oficina del hombre que estaba a cargo, el Secretario General, y le dijimos que eramos miembros de la Liga Juvenil Socialista Americana y que buscábamos socialistas noruegos para discutir con ellos sobre socialismo. El camarada noruego nos observó durante lo que pareció un buen rato y dijo, «Caéis en buen momento, nuestro curso de verano acaba de empezar. Más tarde podemos acompañaros. Podéis quedaros una semana con nosotros. Es en Utøya, una pequeña isla cerca de Oslo. Ya veréis.» En Utøya, había un edificio central con las instalaciones para los servicios (comidas, duchas, aulas) y los participantes vivían en tiendas de campaña plantadas por toda la isla, pero principalmente en el prado que había delante del edificio. Nos asignaron una tienda, pero pasamos la mayor parte del tiempo con los jóvenes noruegos. Pasé una noche entera discutiendo con Reiulf Steen, que más tarde habría de convertirse en Ministro de Asuntos Exteriores y Primer Ministro, muy implicado en ayudar a los movimientos de resistencia contra las dictaduras de América Latina. Discutimos sobre la URSS, sus características sociales y políticas, y sobre estalinismo. Una noche no fue suficiente.

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Conocimos a cientos de jóvenes socialistas llenos de energía, alegría, humor y determinación, hijos e hijas del sol de medianoche que, durante el verano noruego, no se pone nunca. Eran jóvenes normales, ciudadanos cualesquiera de una socialdemocracia. No eran revolucionarios profesionales, pero querían Habíamos descubierto cambiar el mundo. En esa pequeña isla había tantos, o algo que no habíamos incluso más, que en la totalidad de nuestro pequeño grupo experimentado antes, americano. Los camaradas americanos que habíamos un movimiento masivo dejado atrás no estaban ni menos comprometidos ni eran de jóvenes socialistas menos valientes, pero habíamos descubierto algo que no habíamos experimentado antes, un movimiento masivo de jóvenes socialistas. Era el movimiento que Anders Behring Breivik, un activista fascista, atacó el 22 de julio de 2011. Tras poner una bomba en la sede del Gobierno en Oslo, que mató a ocho personas, aterrizó en la isla disfrazado de policía, reunió a los jóvenes y empezó a abatir a los pobres indefensos que no tenían la menor idea de lo que les estaba ocurriendo. En Utøya, Breivik mató a 69 personas en una hora y media. El Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, que también es dirigente del Partido Laborista, declaró que la mantanza era un ataque a la democracia y a la sociedad abierta, y prometió que Noruega no cedería. Aunque, más concretamente, era un ataque al movimiento obrero noruego. Breivik fue bastante explícito: el movimiento obrero, culpable de «marxismo cultural», debía ser el blanco, y lo que iba a ser golpeado sería el activo más valioso de los trabajadores, sus jóvenes, como castigo por haber traicionado a la nación al promover la «islamización». La matanza era Si el tiroteo hubiese tenido lugar unas horas antes, el un ataque al movimiento propio Stoltenberg y el ex Primer Ministro Gro Harlem obrero noruego Brundtland podrían muy bien haberse sumado a las víctimas. Habían visitado Utøya aquel día para participar en los debates. Nosotros socialistas deberíamos preocuparnos más por lo que está ocurriendo en el norte de Europa. El 28 de febrero de 1986 el Primer Ministro de Suecia, Olof Palme, fue asesinado. Él y su mujer Lisbet habían ido al cine, como siempre, sin guardaespaldas. A las 23:20, mientras volvían paseando a casa, un hombre les abordó por detrás y les disparó dos veces. El primer disparo hirió de muerte a Palme. El segundo hirió a Lisbet, que sobrevivió. El asesino se dio a la fuga y nunca lo encontraron. Un hombre fue arrestado y condenado, pero tiempo después recurrió y fue puesto en libertad. Nunca se supieron los motivos del asesinato, y los que quizás lo ordenaron nunca fueron identificados. La investigación policial que prosiguió durante años, no obtuvo resultados. Procedente de la alta burguesía, Palme era un «traidor para su clase» y la derecha sueca le prodigaba un odio profundo. En el Gobierno desde 1965, Primer Ministro en dos mandatos (1967-1976 y 1982-1986), y Presidente del Partido Socialdemocráta

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Sueco (SAP) entre 1969 y 1986, fortaleció el Estado del bienestar aún más, así como el poder de los sindicatos frente a los empleadores. En cuanto a política extranjera, fue el único dirigente de un gobierno occidental que se opuso a la Guerra de Viet Nam. También se opuso a la invasión de Checoslovaquia en 1968, al golpe de Pinochet en 1973 y, de forma más general, y a lo largo de toda su carrera, a las dictaduras militares de América Latina, las dictaduras fascistas de Europa y el apartheid en Sudáfrica. Aunque nunca se situó a la izquierda de su partido, a menudo se le ha descrito como un «reformista revolucionario». El asesinato de Palme fue un punto decisivo en la historia de nuestro movimiento. Ninguno de sus sucesores ha tenido su carisma, inteligencia política o audacia. El SAP vio su perfil disminuido. De hecho, probablemente sea su moderación la que lo ha mantenido alejado del poder. Ha perdido dos elecciones parlamentarias seguidas desde 2006. Hoy tiene menos presencia internacional y, como resultado, la Internacional Socialista ha perdido algo más de la poca influencia que tiene. Si Palme hubiese vivido, la capitulación de la socialdemocracia ante el neoliberalismo y la bufonada protagonizada por Blair y Shroëder con su «tercera vía» hubieran sido más difíciles. Si el asesinato de Palme hubiese sido el resultado de una conspiración de la derecha, hubiera logrado sus propósitos. Todo podría haber sucedido de otro modo. En 1998 la socialdemocracia sueca se había recuperado un tanto. Tenía una prometedora política en sus filas: nacida en 1975, Anna Lindh, brillante Presidenta del la Liga Socialdemócrata Juvenil entre 1984 y 1990, fue miembro del Parlamento de 1982 en adelante, Ministra de Medioambiente en 1994 y Ministra de Asuntos Exteriores en 1998. Estaba cortada por el mismo patrón que Palme, y la intención era que sucediese al aburrido burócrata Göran Persson como Jefe del Gobierno y del partido. Pero el asesino la acechaba. La tarde del 10 de septiembre de 2003, mientras estaba de compras en unos grandes almacenes de Estocolmo, por supuesto sin guardaespaldas, un hombre la apuñaló en el pecho, en el estomago y en un brazo. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Anna Lindh murió a las 5:29 de la madrugada siguiente. El asesino fue detenido el 24 de septiembre. Era Mihailo Mihailovi, nacido en Suecia, de padres serbios, enojado con el Gobierno de Suecia porque había apoyado a la OTAN en Kosovo. Tras varias actuaciones judiciales, y la certificación de que sufría un trastorno psicológico, fue sentenciado a cadena perpetua. Después de Suecia, el bastión histórico del socialismo nórdico, le ha llegado el turno a Noruega, el único país nórdico con un gobierno socialdemócrata que defiende causas progresistas a escala internacional, así como el Estado del bienestar. Pero, una vez más, un loco ha actuado en solitario. Pero¿ de veras se trataba de un loco que actuaba en solitario? Es lo que alega principalmente la extrema derecha. Pues, claro está, las ideas de la extrema derecha

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deben salvaguardarse, es vital poner tanta distancia como sea posible entre las ideas transmitidas por sus partidos y los actos criminales que éstas inspiran. Es preciso fomentar la creencia de que el fascismo es una opinión, no un crimen, y de que las organizaciones de extrema derecha están compuestas por ciudadanos normales y corrientes. Pero, de hecho, existen semilleros para otros Breiviks, que pueden surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, armados hasta los dientes y listos para sembrar la muerte. Poco después de la tragedia noruega, Oskar Freysinger, un político suizo de extrema derecha, famoso por haberse opuesto a la construcción de minaretes y por declarar que el aborto había provocado un «genocidio invisible», dijo lo siguiente a un periodista que señaló que una serie de puntos de vista Breivik se correspondían con los suyos y los de su partido, el Partido Popular Suizo: «¿Cree usted que habrá menos ataques y locos terroristas si me obligan a callar? ¡Habrá más!». Esta respuesta debería tomarse como una amenaza.

Dan Gallin es en la actualidad Presidente del Global Labour Institute (GLI). Anteriormente, trabajó para la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA) entre agosto de 1960 y april de 1997, siendo desde 1968 su Secretario General. Actualmente está llevando a cabo estudios sobre la afiliación sindical de trabajadoras en la economía informal, la historia del movimiento obrero y cuestiones de política y organización en el movimiento sindical internacional.

La integración europea en la encrucijada: fortalecimiento o desintegración
Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf

¿Son los Estados miembros de la zona del euro que tienen problemas para hacer frente al pago de su deuda los responsables de la crisis? La mayoría de los europeos así lo creen. Por consiguiente, países endeudados como Grecia, Irlanda o Portugal deben someterse a un draconiano programa de austeridad consistente en recortes salvajes en el gasto social, reducciones salariales en el sector público y medidas de privatización en los sectores de la educación y la salud, así como en el sistema de pensiones. Resumiendo, los derechos sociales y culturales de los sindicatos y de los ciudadanos están siendo pisoteados, lo que está provocando tanto protestas sociales como elogios. La austeridad impuesta es impulsada por un intento de liberar fondos del presupuesto primario para utilizarlos seguidamente en el presupuesto secundario a fin de pagar deuda y rescatar instituciones financieras al borde de la bancarrota que se consideran «sistémicamente relevantes». Sin embargo, el sistema, a saber, el proyecto de integración monetario europeo, sólo puede salvarse con un giro drástico de dirección política. Sólo hay dos caminos que puedan tomarse en la situación actual, y llevan por direcciones opuestas: uno hacia la desintegración de la zona del euro y el otro hacia el fortalecimiento de las funciones estatales de Europa. Los economistas y políticos conservadores y neoliberales están jugando con la idea de dividir la unión monetaria en dos (o más) partes. Por un lado, una «Europa esencial» fuerte e integrada monetaria y financieramente, por el otro, los países que se excluirían de la zona del euro, con sus propias monedas nacionales. Así pues, serían Alemania, Francia y unos pocos más los que seguirían utilizando el euro, pero Grecia tal vez tendría que volver a introducir el dracma, Portugal el escudo, España la peseta e Italia la lira. La división de la zona del euro crearía otras áreas de caos económico y agitación social y política. Las nuevas monedas que sustituirían al euro probablemente sufrirían una caída inmediata de su valor. La devaluación aumentaría el valor de la deuda denominada en euros (que, por consiguiente, también tendría que pagarse en euros). Las agencias de calificación rebajarían la calificación crediticia de dichos países. Si bien la devaluación aumentaría la competitividad monetaria, es muy poco probable que esta ventaja fuese a resultar muy útil, a menos que la competitividad real aumentara con

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ella. Las industrias a la exportación necesarias brillan por su ausencia. En la medida en que se devalúen las nuevas monedas, el euro restante aumentará de valor. Esta revaluación limitaría la competitividad de la llamada «economía real» en los Estados miembros de la zona del euro y alentaría al capital financiero a especular. Es imposible predecir qué tipo de equilibrio se lograría tras un tal período de turbulencia económica. El otro camino lleva hacia una integración política más profunda. La legislación que rige la deuda pública establecida por el Tratado de Maastricht es obviamente insuficiente para prevenir los desequilibrios y las crisis que están experimentándose en toda Europa. Estos desequilibrios son inevitables si países como Alemania reducen los costos laborales unitarios al tiempo que éstos aumentan en otros países europeos. El sistema actual de gestión de la crisis exige que los países endeudados se ajusten, pero no así los países con superávit. La deficiencia estructural El sistema actual de gestión que ya contribuyó al colapso del sistema de Bretton de la crisis exige que los Woods en el decenio de 1970 está reproduciéndose en países endeudados se la zona del euro. Las medidas necesarias para corregirla ajusten, pero no así los serían las siguientes: del lado de los ingresos de los países con superávit presupuestos públicos, la formulación de legislación en materia de política y competencia fiscales, así como mecanismos compensadores para los países que registran déficit o superávit por cuenta corriente. Para que la zona del euro tenga futuro, son las funciones estatales de Europa las que deben fortalecerse, no el mercado. Hoy, la distribución desigual de los ingresos y la riqueza en Europa, junto a las valoraciones de las agencias de calificación generan grandes diferenciales de tipo de interés entre los países endeudados y los países «ricos». En los países, esta situación es aplicable únicamente a los propietarios de riqueza monetaria, no a los trabajadores asalariados. En los países deudores los resultados son cuentas de capital con saldos negativos; si las cuentas corrientes no generan o sólo El apremio para generar generan pequeños superávit, estos saldos sólo pueden superávit en cuenta corriente corregirse con influjos de capital nuevo. El apremio para está instrumentalizado para generar superávit en cuenta corriente está instrumen justificar las medidas de talizado para justificar las medidas de austeridad, es decir, austeridad los recortes salariales y del gasto público. Las personas afectadas por estas políticas no aceptan esta justificación, y están lanzándose a las calles para hacer oír su protesta, fuerte y determinada. No obstante, hay que entender que las relaciones monetarias siempre son mutuas y contradictorias, lo que también ocurre en los mercados financieros europeos y globales. Allí donde hay deudores, hay acreedores, y si los déficit deben reducirse, los superávit no pueden aumentar. Por consiguiente, no puede echarse la culpa de los niveles actuales de deuda pública únicamente a la aplicación de políticas fiscales y

LA INTEGRACIÓN EUROPEA EN LA ENCRUCIJADA

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presupuestarias «laxas» en los países de la zona del euro que en la actualidad están sumidos en la crisis. También tiene su parte de culpa la política de redistribución que alienta la formación de grandes carteras de activos privados. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que la deuda pública de la zona del euro es tan elevada debido, en gran parte, a los desmesurados rescates de bancos y fondos llevados a cabo. El que los Estados tengan que pagar aún más para liquidar su deuda tiene también otra cara: los actores del mercado financiero privado tienen que pagar menos. El Banco Central Europeo lo ha reflejado claramente en su informe, de elocuente título, «The Janus-headed salvation» (Una salvación con dos caras) publicado tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Los bancos que se encontraban en peligro pudieron deshacerse de gran parte de sus activos basura en «bancos malos» financiados con capital público. Además, su masa de capital se reactivó con cargo a fondos públicos, particularmente sin que los gobiernos ejerciesen ningún tipo de control sobre los negocios de los bancos hoy socializados. Los Estados garantizaron la deuda de los bancos, mientras a estos últimos se les concedía un acceso casi ilimitado a dinero barato de los bancos centrales. Un resultado del rescate de los bancos con fondos públicos es que el nivel de riesgo de impago de los créditos por parte de las instituciones financieras es reducido, mientras que el del sector público va en aumento. El informe antes mencionado del Banco Central Europeo hace referencia a una «transferencia del riesgo de impago del sector bancario a los gobiernos». Siempre que se renegocian las deudas, los gobiernos tienen que pagar en una medida equivalente primas de riesgo más elevadas, ¿pero a quién? A los mismos bancos que fueron rescatados por los gobiernos e, indirectamente, a los propietarios del capital que invirtieron en dichos bancos y fondos. Aquí, los bancos reciben la ayuda de las agencias de calificación, que rebajan la «calidad» de los bonos del Estado debido a sus niveles de deuda cada vez mayores. Nos encontramos ante una significativa injerencia en las prerrogativas democráticas. Una clasificación peor hace que sea más caro obtener créditos y renegociar la deuda, y permite a los acreedores privados recaudar tipos de interés más altos. Básicamente tenemos ante nosotros una profecía que contribuye a su propio cumplimiento: las predicciones de inminente impago de la deuda llevan a un servicio de la deuda más caro, lo que a su vez aumenta las probabilidades de impago. Debe someterse a las agencias de calificación a un control democrático. Con este telón de fondo, países como Grecia plantean serias dudas sobre la legitimidad de la deuda pública. Para estar seguros, la reducción de las deudas y de la riqueza monetaria también puede conseguirse a través de la inflación. La inflación que muchos temen ya ha empezado a asomar la cabeza en forma de precios más altos de las materias primas y el oro. Las causas son complejas, y no están relacionadas exclusivamente con los mercados financieros y monetarios, sino también con los mercados de las materias

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primas y de la energía, que están sujetos a catástrofes como la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México, la fusión nuclear de Fukushima y los conflictos que están teniendo lugar en el mundo árabe. La inflación aumentaría drásticamente la desigualdad distributiva. Los bancos centrales luchan contra los llamados efectos secundarios del aumento de los precios. ¿Cómo lo hacen? Previniendo los aumentos salariales con una rigurosa política monetaria. Esta estrategia no está abordando las causas profundas de la inflación, por lo que resulta inaceptable para los sindicatos. La exigencia razonable de reducir la deuda pública debe complementarse con la exigencia de una reducción correspondiente de la riqueza monetaria, ya sea a través de un recorte regulado por las leyes relativas a la insolvencia, a saber, que los acreedores paguen su parte de la reducción de la deuda, o a través de la fiscalización efectiva de la riqueza, o una combinación de ambas. Los impuestos sobre la riqueza tienen que reintroducirse en todos los países europeos, al tiempo que tendrá que aumentar el importe de los impuestos que pagan las empresas en general (en particular el impuesto de sociedades), por medio de una convergencia europea para la base imponible y los tipos impositivos, y a través de controles más estrictos sobre los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero. Las leyes sobre insolvencia también son importantes para una cancelación ordenada de la deuda. Esto es especialmente cierto en el caso de las deudas soberanas y necesario para garantizar la paz social y política.

Este artículo está basado en una declaración del Consejo científico de ATTAC Alemania, en marzo de 2011, el Manifiesto sobre la crisis del Euro, que evaluaba las consecuencias políticas, económicas y sociales de la crisis del euro. Los autores participaron en la redacción de la declaración, son los responsables de las modificaciones que se han llevado a cabo. La versión completa está disponible en alemán y en inglés en el sitio web de Attac Alemania (http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/wissenschaftlicher-beirat).

¿Está la zona del euro condenada al fracaso?
Jacques Sapir

La zona del euro está atravesando una crisis de importancia histórica, que ha provocado una acumulación de deuda soberana y ha puesto de manifiesto sus defectos internos. Desde principios de 2010 en varios países de la UE la crisis ha redundado en unos tipos de interés más elevados que los de Alemania. Es lo que se denomina «diferenciales» de los tipos de interés y ha cuestionado el único logro real de la zona del euro: la convergencia relativa entre países sobre el mercado de deuda que se inició en 2000. Esta situación se ha visto potenciada por el gran crecimiento de las deudas soberanas al inicio de la crisis en 2007. Pero incluso este fenómeno podría vincularse al euro, ya que antes de la crisis propició una caída de los tipos de interés que posteriormente facilitó la acumulación de una gran deuda, tanto privada como pública, en la mayoría de los países de la zona del euro. Cuando la diferencia entre los tipos de interés de un país y los de Alemania superó los 300 puntos, fue evidente que la zona del euro había entrado en aguas turbulentas.

Cuadro 1.

Situación al principio de la crisis (31 de diciembre de 2009)
España Portugal Grecia

Total deuda (miles de millones de euros) Total deuda (porcentaje del PIB) Total detentada por no residentes (porcentual) Deuda por emisor (miles de millones de euros) Gobierno Corporaciones financieras Corporaciones no financieras Hogares

5.315 506 33

783 479 49

703 296 51

676 1.669 2.053 918

121 238 246 178

293 120 165 123

Fuente: C. Lapavitsas y otros: «e Eurozone between austerity and default», en RMF - Research on Money and Finance, informe ocasional (2010, disponible en http://www.researchonmoneyandfinance.org/).

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De hecho, el crecimiento del diferencial del tipo de interés estaba provocado por el deterioro de la situación de endeudamiento en Grecia, y más tarde en Irlanda, Portugal y España1. Fuera de los países en situación de riesgo, observamos que el proceso de divergencia de los tipos de interés ha dado un paso más. Por ejemplo, Italia reanudó la emisión de futuros sobre deuda del Estado en septiembre de 2009 (una práctica que había suspendido en 1999 con la introducción del euro). Esto indica que los operadores intentan evitar nuevos problemas en este segmento del mercado de valores del Estado2. El hecho de que Italia haya vuelto a introducir estas emisiones apunta a que el euro está perdiendo con rapidez su función de protección. Lo mismo puede decirse sobre las inquietudes que están manifestándose abiertamente en Bélgica. Con todo, los partidarios del euro subrayaron esta función durante la crisis. Sostenían que el euro ayudaba a los países miembros a evitar las consecuencias de una fluctuación violenta entre sus monedas. No obstante, estas fluctuaciones se han producido debido a la decisión tomada tiempo atrás de avanzar hacia la convertibilidad total (convertibilidad de las cuentas de capital). Cabe observar asimismo que la especulación sobre los tipos de cambio se ha visto sustituida por la especulación sobre los tipos de interés. Uno se pregunta cuál habría sido el resultado si se hubiesen introducido controles sobre el capital. Pero según las disposiciones del artículo 63 del Tratado de Lisboa, estos controles están estrictamente prohibidos. Aún así, es importante observar que la introducción de controles de capital está recomendada por el FMI3 como medio para luchar contra la especulación. Podrían haber ayudado a evitar las oscilaciones monetarias, dando al mismo tiempo dado la posibilidad a los países de la zona del euro de adaptar su tipo de cambio a la sustancial divergencia en el costo real de la mano de obra registrada en Europa desde 2002. Esta apertura ha hecho a los países totalmente depenEsta apertura ha hecho dientes en la zona del euro. La adopción de un tipo de a los países totalmente cambio único y la sobrevaloración que ha caracterizado dependientes de la zona al euro desde 2003 también han aumentado la presión del euro económica sobre algunos miembros. La rígida presión que ejerce la soga «de la moneda única» obliga a algunos países de la zona del euro a aumentar continuamente sus déficit presupuestarios4, lo que plantea interrogantes sobre la política deflacionaria competitiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Tratado de Maastricht (1992) y puede tener graves consecuencias de recesión para Europa. No podemos excluir la posibilidad de que algunos países dejen la zona del euro5. La retirada de un solo país ya provocaría un fuerte movimiento espe culativo, lo que haría la participación de otros aún más cara y, a la larga, hasta imposible. Cuando estalló la crisis en abril de 20106, tenía dos dimensiones: una dimensión pasajera (la crisis de la deuda en España, Grecia, Italia y Portugal) y una dimensión

¿ESTÁ LA ZONA DEL EURO CONDENADA AL FRACASO?

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estructural más importante. La crisis la desencadenó la creciente desconfianza de los mercados financieros en las posibilidades que tenían los países con una gran deuda de liquidarla. La crisis empezó en Grecia, y luego atacó Irlanda, Portugal y España. Hoy está claro que Italia será la siguiente, puesto que ya era objeto de ataques especulativos en julio de 2011. Se suponía que el plan adoptado el 9 y 10 de mayo de 2010 iba a poner fin a la crisis. Sin embargo, la respuesta de los mercados muestra que la falta de confianza no ha hecho sino aumentar. El plan se ha modificado en diversas ocasiones, pero lo único que se ha conseguido con cada cambio ha sido retrasar los problemas uno o dos meses. La especulación de los mercados revela lo siguiente: • Este plan no anuncia un compromiso claro por parte de los países donantes, ya que gran parte de los fondos no son más que una garantía crediticia. • La suma total no basta para cubrir las necesidades financieras estimadas de 900.000 millones a 1 billón de euros de los tres países a los que ya se esta aplicando el plan (Grecia, Irlanda y Portugal). Está claro que este importe dista mucho de ser suficiente si se incorpora a España al plan de rescate. La tasa de morosidad bancaria ya ha alcanzado el 6,2 por ciento del volumen del crédito. Con el final previsto del paquete de prestaciones de desempleo en diciembre de 2011, es muy probable que la tasa de morosidad aumente aún más, incluso hasta el 10 por ciento. • Algunos países, como Alemania, no están dispuestos a contraer obligaciones. Este plan se ha diseñado claramente como un intento de ganar tiempo. La única acción útil ha sido la decisión del BCE de comprar deuda pública y privada, aunque no sea del todo satisfactoria: sólo la monetización de parte de la deuda proporcionaría un verdadero balón de oxígeno. A principios de mayo, Grecia pidió más dinero, y Portugal e Irlanda están pidiendo una renegociación de sus tipos de interés.

¿Qué opciones quedan?
Los planes de austeridad fiscal están empujando a algunos países al límite. El ajuste fiscal necesario para estabilizar la deuda soberana es demasiado drástico para su aceptación social por parte de algunos países. Y lo que es más, el efecto desbordamiento deflacionario no se ha calculado ni se ha introducido en las diversas previsiones presentadas por los gobiernos o centros de investigación independientes. Se demostrará que los efectos de la austeridad son contraproductivos. El efecto acumulativo de estos distintos planes fiscales de ajuste está sumiendo a la zona del euro en una depresión desconocida hasta la fecha. La única competitividad con que cuentan algunos países, la competitividad económica, no puede reconstruirse sin una devaluación fuerte. Por otro lado, la experiencia rusa de 1998 está mostrando que los beneficios a largo plazo pueden compensar el sufrimiento a corto plazo.

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Cuadro 2.

Ajuste fiscal necesario para mantener la deuda soberana al nivel de 2010 (en porcentaje del PIB)
Deuda soberana Volumen de a finales de 2010 déficit presupuestario Déficit primario (-) o superávit (+) necesario para mantener la deuda soberana al nivel de finales de 2010 Resultados revisados de las cifras de crecimiento publicadas por centros de investigación independientes Ajuste fiscal mínimo Ajuste fiscal máximo

Alemania Bélgica Francia Italia España Portugal Irlanda Grecia

77,0 102,0 82,7 118,0 66,0 86,0 78,0 142,5

–4,2 –4,9 –7,6 –5,1 –9,3 –7,3 –17,7 –7,9 –7,9

–1,9 –1,6 –1,1 –0,1 1,1 2,7 2,2 12,0 6,3

–1,6 –0,9 –0,6 1,9 2,6 5,0 4,7 15,1 9,3

–2,3 –3,3 –6,5 –5,0 –10,4 –10,0 –19,9 –19,9 –14,2

–26,0 –4,0 –7,5 –7,0 –11,9 –12,3 –22,4 –23,0 –17,2

Grecia con financiación del FMI 142,5

Fuente: Cálculos del autor y base de datos CEMI-EHESS (Centre d'études des modes d'industrialisation - École des Hautes Études en Sciences Sociales).

No obstante, esta devaluación no podría obtenerse dentro de la zona del euro, por lo que estos países tendrían que dejarla, tal vez temporalmente. Los problemas no se terminan con Grecia y Portugal. Mientras que algunos de los países de la zona del euro no se beneficiarían de una posible devaluación (Alemania, Países Bajos, Finlandia), otros, como Irlanda, Francia e Italia, sí que lo harían. Las grandes transferencias presupuestaria no han servido de apoyo al sistema de moneda única adoptado para el euro. Alemania sigue oponiéndose fuertemente a Como la moneda única convertir la moneda única en una zona de transferencias. ha evitado ajustes al tipo Pero, como la moneda única ha evitado ajustes al tipo de de cambio, este ajuste cambio, este ajuste fiscal que queda es la única salida fiscal que queda es la posible. Los ajustes fiscales no serán sostenibles. única salida posible El plan de rescate y recortes adoptado para Grecia a finales de febrero de 2012 sólo dará un respiro al pueblo heleno. La inestabilidad de los tipos sobre la deuda portuguesa ya supera la de Grecia, y España está muy lejos de los límites que prometió para su déficit presupuestario. Los mecanismos europeos de estabilidad adoptados demasiado tarde, en febrero, también son, de largo, insuficientes. La crisis que nos espera podría significar el principio del fin para el euro.

¿ESTÁ LA ZONA DEL EURO CONDENADA AL FRACASO?

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Notas
1 2

E. Ross omas: «Spain downgraded by S&P as slump swells budget gap» (Bloomberg, 19 de enero de 2009).

A. Worrachate: «Italian bond futures offer proxy to hedge Greek, Irish debt» (Bloomberg, 11 de septiembre de 2009).
3

J. Ostry y otros: «Capital inflows: e role of controls», Nota de síntesis del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (Washington, DC, FMI, 2010).

En relación con los efectos deflacionarios del euro, véase J. Bibow: «Global imbalances, Bretton Woods II and Euroland’s role in all this» en J. Bibow y A. Terzi (directores): Euroland and the world economy: Global player or global drag? (Nueva York, Palgrave Macmillan, 2007).
5 S. Kennedy y T.R. Keene: «Feldstein says Greece will default and Portugal may be next», Business Week (30 de junio de 2010). 6

4

A. Moses y D.S. Harrington: «Bank swaps, Libor spreads show doubts over Europe bailout: Credit markets» (Bloomberg, 11 de mayo de 2010).

Referencias
Dobson, P., «European yield spreads widen on concern debt crisis deepening», Business Week (30 de junio de 2010). Cachia, F., «Les effets de l’appréciation de l’euro sur l’économie française», Note de Synthèse de l’INSEE (París, INSEE, 2008).

Jacques Sapir es profesor de Economía y Director del Centre d'études des modes d'industrialisation de la École des hautes études en sciences sociales (París). Su investigación se centra en la Federación de Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes y en el desarrollo internacional. Es autor de varias publicaciones sobre la economía rusa, las finanzas internacionales y la teoría económica, de las que cabe destacar: Les trous noirs de la science économique. Essai sur l’impossibilité de penser le temps et l’argent (París, Albin Michel, 2000) y La Démondialisation (París, Le Seuil, 2011).

PARTE II ¿Adónde va el neoliberalismo?

De cómo la evasión de capitales agota los recursos de África: dinero robado y vidas perdidas
James K. Boyce y Léonce Ndikumana

A menudo, las víctimas de las estafas financieras son personas trabajadoras. En la mayoría de los casos, las personas perjudicadas sólo pierden su dinero. En África, algunas pierden la vida. El África subsahariana ha sufrido un éxodo de más de 700.000 millones de dólares de los Estados Unidos en evasión de capitales desde 1970, una suma que supera con creces la deuda pendiente que tiene la región, de aproximadamente 175.000 millones. Parte del dinero ha acabado en cuentas privadas en los mismos bancos que concedían créditos a gobiernos africanos. Los flujos de entrada de préstamos externos y los flujos Los flujos de entrada de evasión de capital están estrechamente conectados. de préstamos externos Como documentamos en el libro Africa’s odious debts 1, y los flujos de evasión existe una fuerte correlación entre ambos. Por cada dólar de capital están de préstamo externo, una media de más de 50 céntimos estrechamente conectados deja el país tomador de la deuda el mismo año. Esta estrecha relación sugiere que las deudas públicas externas y los activos privados externos están conectados por una puerta financiera giratoria. ¿Cómo funciona? Entre los mecanismos habituales se incluyen contratos de compra de bienes y servicios inflados, sobornos a funcionarios y desviación de fondos públicos a cuentas bancarias de personas políticamente influyentes. Parte del capital de África objeto de evasión procede de otras fuentes, como ingresos derivados de la exportación de petróleo y de minerales. Pero los préstamos externos facilitan enormemente las cosas, ya que permiten evitar el engorroso proceso de extraer recursos naturales para convertirlos en efectivo. La estrecha relación entre deuda externa y evasión de capitales sugiere que puede cuestionarse la legitimidad de partes de la deuda de África, ya que no se utilizaron para los fines para los que se contrataron y no sirvieron a los intereses de la población.

Principales y agentes
La historia de las finanzas está sembrada de ejemplos de los riesgos que conlleva el prestar el dinero de otros y tomar prestado en nombre de otras personas. En teoría, se

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supone que los banqueros deben actuar en interés de sus depositantes y accionistas, concediendo préstamos prudentes para ser reembolsados con intereses. Sin embargo, en la práctica, a menudo se les recompensa sobre todo por «mover el dinero», por conceder préstamos como sea. Sólo fue al inicio de la crisis financiera en Estados Unidos que esta cuestión empezó a captar la atención del Banco de la Reserva Federal 2. Un problema análogo relativo al problema principal-agente se da del lado del prestatario, donde los funcionarios negocian y reembolsan préstamos en nombre de sus ciudadanos. Algunos suscriben préstamos en nombre del Gobierno, se llenan los bolsillos y los de sus asociados, y cargan a los ciudadanos con la deuda. Cuando una fracción del préstamo externo se desvía al extranjero, África sigue recibiendo una entrada de dinero, aunque menor al valor nominal de la deuda. La pérdida neta se produce en los años siguientes, cuando los acreedores son reembolsados con intereses. Utilizando datos del Banco Mundial3, calculamos que por cada dólar adicional de reembolso de la deuda externa se gastan 29 céntimos menos en salud pública, y que cada reducción de 40.000 dólares de los Estados Unidos en servicios de salud se traduce en la muerte de un niño. Si unimos ambas cosas, calculamos que los pagos de las deudas correspondientes a préstamos que han alimentando la evasión de capitales han supuesto la muerte de 77.000 niños más al año. No sólo es dinero lo que se está robando en África, son vidas humanas.

¿Qué puede hacerse?
Es posible frenar la salida de los escasos recursos de que dispone África. Los esfuerzos desplegados por algunos gobiernos de África para recuperar la riqueza robada por anteriores funcionarios ha conseguido apoyo internacional con la Iniciativa para la recuperación de activos robados, acometida por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero puede y debe hacerse más para identificar a los saqueadores y a sus cómplices, y repatriar los fondos robados. Es precisa una legislación más estricta contra el blanqueo de dinero y una aplicación más rigurosa de la misma para detener los flujos financieros desde África a refugios seguros4 en el extranjero. En los Estados Unidos los funcionarios del Departamento del Tesoro reconocen5 que los bancos suelen aceptar depósitos de fondos que entran en el país contraviniendo la legislación existente. Además, a los bancos no se les prohíbe tramitar las ganancias de actividades como la evasión fiscal, que se considerarían delitos si se cometiesen en los Estados Unidos. También ayudaría contar con información más transparente sobre los flujos financieros que reciben los gobiernos africanos. En la medida en que la campaña «Publiquen lo que pagan»6, emprendida por ONG internacionales, promueve la publicación de los pagos de las industrias dedicadas a la extracción de recursos naturales, una campaña

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tipo «Publiquen lo que prestan» podría fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los mercados financieros. Detener la hemorragia financiera de África también requerirá penetrar en las sombras de las finanzas internacionales para hacer cumplir los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en las transacciones de la deuda. Los países africanos pueden y deberían negarse, siguiendo un criterio selecLos países africanos pueden tivo, a pagar deudas odiosas 7 contraídas por regímenes y deberían negarse, pasados. Las deudas odiosas son deudas que fueron siguiendo un criterio contraídas sin el consentimiento de la población, en las selectivo, a pagar deudas que los fondos prestados no se utilizaron en beneficio odiosas contraídas por de ésta y en las que los acreedores sabían o hubiesen regímenes pasados debido saber que así iba a ser. La estrategia a negarse selectivamente a pagar la deuda está respaldada por el principio de los organismos nacionales8, de conformidad con las legislaciones británica y estadounidense, que exige que los agentes actúen de buena fe y en interés de los principales. Este principio se ha violado con frecuencia cuando dirigentes africanos corruptos a los que se ha confiado la suscripción de préstamos en nombre de sus países, se han valido de dichos préstamos para llenarse los bolsillos y acumular activos de lujo en el extranjero. De modo similar, los acreedores crediticios también han infringido el principio cuando han seguido transfiriendo el dinero pese a las pruebas del despilfarro de que éste era objeto. En estos casos es injusto pedir a los africanos que reembolsen dichos préstamos. Los países africanos deberían llevar a cabo auditorías sistemáticas de las deudas nacionales para establecer la legitimidad o ilegitimidad de los contratos correspondientes. Estas auditorías deberían arrojar luz sobre el modo en que se negocian los préstamos, las condiciones con que se suscriben, las deudas pendientes, a quién se deben y en qué términos. Podemos esperar que, como mínimo, algunas de las deudas contraídas se considerarían ilegítimas, por lo que podrían repudiarse. En la medida en que las auditorías se llevasen a cabo con competencia y transparencia, se aportaría objetividad y credibilidad al proceso de repudio selectivo de la deuda. El movimiento obrero y la sociedad civil pueden desempeñar funciones decisivas en defensa de las auditorías de la deuda y ayudando a asegurar su transparencia. En 2007 el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, constituyó un comité de auditoría de la deuda nacional para intentar arrojar algo de luz sobre la naturaleza del endeudamiento del país. Al año siguiente, dicho comité9 dio cuenta de que una parte considerable de la deuda era ilegítima y había perjudicado sustancialmente a la población del país, su economía y su medio ambiente. La depreciación del valor de la deuda del país tras esta declaración facilitó considerablemente la carga que suponía su reembolso. En contra de los que vaticinaban los detractores que hicieron terribles

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presagios en los que los acreedores cortarían toda nueva financiación para el país, la economía del Ecuador no sólo sobrevivió, sino que ha crecido más rápidamente que la de los Estados Unidos. Los detractores del repudio selectivo sostienen que, de adoptarse, traería consigo penuria para el país deudor, puesto que sería objeto de penalizaciones por parte de los mercados financieros y se le retiraría toda nueva financiación Pero esta amenaza no es más que papel mojado. En primer lugar, con el repudio selectivo de la deuda, los acreedores legítimos no tendrían nada que temer, ya que todas las deudas consideradas legítimas se saldarían adecuadamente. En segundo lugar, está claro que el repudio beneficiaría a países que están destinando más fondos a reembolsar deuda de los que reciben en préstamos nuevos. Para estos países, el repudio de la deuda es una decisión financiera inteligente. En tercer lugar, el repudio de la deuda redundaría en beneficio del programa sobre la efectividad de la ayuda, al tiempo que, en lo sucesivo, los subsidios y los préstamos servirían para financiar iniciativas de desarrollo legítimas, en lugar de utilizarse para liquidar deudas odiosas de acreedores crediticios irresponsables. Estas medidas no sólo beneficiarían a la población actual de África. También ayudarían a reparar nuestra disfuncional arquitectura financiera internacional al fortalecer los incentivos para el ejercicio de la diligencia debida por parte de los acreedores y para un endeudamiento responsable por parte de los gobiernos. Sin estos cambios en el entorno institucional, el alivio de la deuda sólo ofrecerá, en el mejor de los casos, un paliativo temporal. En el mundo de las finanzas internacionales, lo que África necesita es más justicia, no sólo caridad.

Notas
1

J.K. Boyce y L. Ndikumana: Africa’s odious debts: How foreign loans and capital flight bled a continent (Londres, Zed Books, 2011).

2 Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos: Incentive compensation practices: A report on the horizontal review of practices at large banking organizations (Washington, DC, Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, 2011, http://www.federalreserve.gov/publications/other-reports/files/incentive-compensation-practices-report201110.pdf acceso marzo de 2012). 3 Datos del Banco Mundial, disponibles en: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (acceso marzo de 2012). 4

N. Shaxson: Treasure islands: Tax havens and the men who stole the world (Londres, e Bodley Head, 2011).

5 R. Baker y E. Joly: Illicit money: Can it be stopped? (e New York Review of Books, 2009, http://www. gfip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=72, acceso marzo de 2012). 6

Véase http://www.publishwhatyoupay.org/es (acceso marzo de 2012).

7

UNCTAD: e concept of odious debt in public international law (Ginebra, 2007, http://www.unctad. org/en/docs/osgdp20074_en.pdf, acceso marzo de 2012).

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8

CISDL: Advancing the odious debt doctrine (Montreal, Centre for International Sustainable Development Law, 2003, http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/publications/Advancing_the_Odious_Debt_Doctrine.pdf, acceso marzo de 2012).

D. Cancel y L. Pimentel: Ecuador’s audit commission finds «illegality» in debt (Bloomberg, 2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a8suBA8I.3ik (acceso marzo de 2012).

9

James K. Boyce y Léonce Ndikumana son los autores de Africa’s odious debts: How foreign loans and capital flight bled a continent, publicado por Zed Books en asociación con la Royal African Society,el International African Institute y el Social Science Research Council. Léonce Ndikumana es profesor de Economía de la Cátedra Andrew Glyn y Director del Programa de política de desarrollo para África del Political Economy Research Institute (PERI) de la Universidad de Massachussetts, Amherst. Sus intereses de investigación incluyen cuestiones relacionadas con la deuda externa y la evasión de capitales, los mercados financieros y el crecimiento en África. James K. Boyce es profesor de Economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst, donde dirige el programa sobre desarrollo, consolidación de la paz y medio ambiente en el PERI.

La microfinanciación, una falsa ilusión
Milford Bateman

Hace treinta años la opinión generalizada era que la solución perfecta al desempleo y la pobreza en los países en desarrollo estaba en la microfinanciación, la puesta a disposición de pequeños préstamos utilizados por personas pobres para establecer una actividad generadora de ingresos. La microfinanciación se asocia sobre todo al economista de Bangladesh y Premio Nobel de 2006, Muhammad Yunus, formado en los Estados Unidos. Al celebrar la autoayuda y el espíritu empresarial individual, desacreditando implícitamente todas las formas de esfuerzo colectivo, como los sindicatos, los movimientos sociales, las cooperativas, el gasto público, el Estado desarrollista favorable a los pobres y, principalmente, las movilizaciones colectivas para garantizar una redistribución más equitativa de la riqueza y el poder, los encargados de formular políticas neoliberales de la comunidad internacional para el desarrollo quedaron fascinados por la microfinanciación. El Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros organismos empezaron a promover a ultranza el concepto y, con objeto de reducir la necesidad de subsidios, también insistieron en convertir la microfinanciación en un negocio lucrativo. No tardó en convertirse en la conquista más destacada de la comunidad internacional para el desarrollo, la mejor financiada y, supuestamente, en la política de desarrollo económica y social más efectiva.

La realidad por fin sale a la luz
Lamentablemente, hoy está claro que Yunus se equivocaba. Los últimos treinta años han puesto de manifiesto que la microfinanciación contri El sector de la microfibuía a frenar la reducción sostenible de la pobreza en nanciación se ha caracterizado los países en desarrollo, en lugar de brindarles una 1 cada vez más por niveles solución . No sólo no existen pruebas sólidas de que la espectaculares de codicia microfinanciación haya tenido un efecto favorable en 2 a lo Wall Street, abuso el bienestar de las personas pobres , sino que, desde 1990, el sector de la microfinanciación se ha caracte - de la clientela y caos del mercado rizado cada vez más por niveles espectaculares de codicia

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a lo Wall Street, especulación, abuso de la clientela y caos del mercado3. Resulta que la microfinanciación ha estado impulsada en gran medida por mera propaganda, relaciones públicas, apoyo de personalidades célebres, así como por un flujo constante de declaraciones de restablecimientos por la fe por parte de Yunus y sus acólitos. Los problemas que presenta la microfinanciación son profundos y revisten facetas múltiples. En primer lugar, desde un principio se asumió que, independientemente del número de microempresas a las que se insuflase oxígeno por medio de la microfinanciación, la demanda local suficiente siempre aumentaría automáticamente para absorber esta oferta local adicional de artículos y servicios sencillos. Yunus fue claro al respecto. Sin embargo, esta percepción es básicamente errónea: la demanda local limitada existe. Incluso en el decenio de 1970 las comunidades locales de la mayoría de los países en desarrollo eran un hervidero de actividad informal de artículos y servicios sencillos prestados con bastante corrección por los habitantes pobres de la comunidad. Así pues, era muy posible que un aumento de la oferta inducido artificialmente obtuviese muy pocos beneficios en cuanto a puestos de trabajo e ingresos adicionales. Lo que es más, la concentración de más y más microempresas informales en el mismo espacio económico local conduce habitualmente a un «desplazamiento», por el que las nuevas microempresas sólo sobreviven si aprovechan la demanda local que hasta el momento venía sosteniendo a las microempresas del sector. Gracias a muchas microempresas nuevas, la mayoría de las personas desafortunadas (y sin recursos) que ya luchan para sobrevivir en el sector microempresarial, se enfrentan a una reducción de su volumen de negocio, lo que conduce a márgenes, salarios y beneficios más reducidos. Los empleados, de tenerlos, quizás tengan que ser despedidos. La oferta adicional tiende también a bajar los precios de los bienes y servicios locales en cuestión, por lo que afecta negativamente a las microempresas (nuevas y del sector). Resumiendo, demasiado a menudo la microfinanciación tiene como resultado la promoción de únicamente un proceso improductivo de «agitación del empleo» local, que no se acompaña de ningún aumento neto real de los puestos de trabajo, de los ingresos o de la productividad. Otro modo de verlo es que se está forzando a la comunidad existente de microempresarios pobres a sufragar, con la reducción de sus ingresos, los escasos empleos netos creados la comunidad local gracias a la microfi nanciación4. Esta situación no es ni justa ni equitativa. Al problema del desplazamiento se suma el problema de la quiebra de microempresas. Incluso más que en las pequeñas o las medianas empresas, la pobreza incide en gran medida en las microempresas, por lo que el La microfinanciación crea índice de fracaso de dichas unidades de negocio tiende mucho menos empleo a ser muy elevado. Esto significa que, a más largo plazo, del que se piensa la microfinanciación crea mucho menos empleo del que se piensa. Fracaso también significa que, con frecuencia, los pobres experimentan la

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peligrosa pérdida de importantes activos. En los hogares se empieza por reducir los ahorros de la unidad familiar y desviar los ingresos procedentes de las remesas para intentar reembolsar microcréditos. Si con ello no basta, entonces se ven obligados a vender activos importantes (a menudo a precios muy bajos) como equipos, maquinaria, vehículos, viviendas y tierras. Al perder estos activos, los hogares pobres caen demasiado a menudo en una pobreza aún más profunda, que con frecuencia no tiene marcha atrás. El discurso de los defensores de la microfinanciación (especialmente el proyecto de inspiración neoliberal del Banco Mundial «Doing Business») se centra en destacar al máximo la «libertad» y la «oportunidad» de hacer negocios, pero deliberadamente pasa por alto los resultados negativos que van asociados al fracaso y que, hoy por hoy, constituyen la experiencia de la mayoría de los emprendedores pobres. Además, el grueso de la microfinanciación no se utiliza para alimentar el desarrollo de microempresas, sino que en realidad se destina a apoyar el mero consumo. Debido a que son fáciles de obtener, aunque con tipos de interés habitualmente muy elevados – un banco de microfinanciación mexicano (Compartamos) carga a sus clientes pobres un tipo de interés anual del 195 por ciento – cada vez más, observamos lo fácil que es que los pobres acaben gastando una gran parte de sus ingresos en pagar reembolsos con intereses. Esta realidad explica también el preocupante aumento de las operaciones fraudulentas tipo Ponzi en un número cada vez mayor de países en desarrollo, por las que las personas pobres caen en la trampa de suscribir nuevos microcréditos sólo para reembolsar los ya contraídos. El ejemplo más manifiesto de esta tendencia destructiva lo encontramos en el estado de Andhra Pradesh, en la India, donde en 2010 se produjo una situación que precipitó la caída de prácticamente todo el sector de la microfinanciación. El inconveniente más importante del modelo de microfinanciación está claro: el resultado programado de la microfinanciación, la creación de microempresas informales, no puede en modo alguno cimentar la salida de la pobreza y la privación de un país. Un país necesita un sector empresarial próspero basado en una masa crítica de empresas que posean la capacidad para lograr una escala mínima de eficiencia, desplegar tecnologías punta, desarrollar alguna competencia innovadora, relacionarse productivamente con otras empresas, tanto en el plano vertical (subcontratación) como horizontal (asociaciones), así como para aprovechar el potencial para explotar mercados que no sean locales. Si se dan estos requisitos, el crecimiento de la productividad a largo plazo es posible, al igual que la reducción sostenible de la pobreza. Como observa Chang5, ésta es la experiencia de las economías ricas de los países desarrollados en la actualidad, así como la de las más recientes «economías milagro» de Asia Oriental. Pero debido a su exposición cada vez mayor a la microfinanciación, los países en desarrollo actuales van por el camino opuesto. La experiencia de África y América Latina refleja la magnitud que reviste el problema. África ya tiene más microempresarios por habitante que ningún otro lugar,

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y la rápida expansión de la oferta de microfinanciación está aumentando el número de estos emprendedores. Ahora bien, África sigue inmersa en su pobreza precisamente por haber desarrollado una estructura empresarial poco sólida, incapaz de generar un crecimiento sostenible de la productividad. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también observa la misma dinámica adversa al explicar por qué la historia reciente de América Latina se caracteriza por niveles elevados de pobreza y desempleo 6. América Latina lleva mucho tiempo destinando demasiados de sus escasos recursos a microempresas informales con productividad baja y al empleo autónomo, y demasiado pocos a empresas pequeñas y medianas formales más productivas. El BID ha echado por tierra la creencia de que América Latina se ha beneficiado de la expansión programada de la microfinanciación.

Pero los encargados de formular políticas siguen sin enterarse
Siguen tomándose decisiones de política equivocadas en relación con la microfinanciación. Como puede observarse al echar una simple mirada a las noticias de la CNN o de Al Jazeera, los jóvenes que han protagonizado los levantamientos de la primavera árabe en África del Norte no sólo reclaman el derrocamiento de los dictadores, sino que también piden «empleos reales», es decir, puestos de trabajo que sean productivos, dignos y seguros, y en los que puedan aplicar sus competencias profesionales de alto nivel (a menudo adquiridas a un precio elevado en el extranjero). Como dijo un manifestante, hoy los jóvenes de África del Norte piden una vida laboral digna, no únicamente «vender falafel en el puesto de la esquina». Pero el Banco Mundial, USAID, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y otros organismos están planificando su ayuda a estos jóvenes principalmente a través de programas de microfinanciación, cuyo objetivo es básicamente apoyar los tipos de empleo que con tanta fuerza se han rechazado. Lo cierto es que la microfinanciación puede hacer estallar la situación en África del Norte. Encontramos una postura equivocada similar en la Comisión Europea. A través de un nuevo fondo para la microfinanciación de 100 millones de euros, la Comisión Europea confía en promover una nueva serie de microempresas en la zonas más afectadas por la recesión, y crear con ellas nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, ante la situación de la práctica mayoría de los países de la Unión Europea, que están viendo su sector microempresarial reducirse drásticamente por la disminución de la demanda local, a buena parte de los nuevos microemprendedores les va a ser casi imposible encontrar nuevas fuentes de demanda local que les permitan empezar su negocio y desarrollarlo. En Grecia, por ejemplo, la espectacular caída de la demanda local ha supuesto que, hoy por hoy, más de la mitad de las microempresas y pequeñas empresas existentes – cafés, minoristas pequeños, bares, establecimientos de comida rápida, entre otros – no puedan pagar sus nóminas, y estén despidiendo a empleados o cerrando

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sus puertas. La misma espiral descendente está registrándose en la mayoría de los países de la Unión Europea. Es una fantasía cruel pensar que las nuevas microempresas puedan arraigarse en estas mismas comunidades. Durante mucho tiempo se consideró que la microfinanciación era una intervención efectiva impulsada por el mercado que reducía masivamente la pobreza y promovía el desarrollo sostenible «de abajo a arriba». Incluso los defensores de siempre aceptan que estaban equivocados7. Aunque hayamos llegado a esta coyuntura negativa tan avanzada, necesitamos urgentemente entender los inconvenientes que plantea la microfinanciación para reorientar nuestros escasos recursos hacia mejores proyectos, en particular uniones crediticias, cooperativas financieras, bancos de desarrollo comunitarios, entre otros. Sólo así, las comunidades locales evitarán sumar más perjuicios a los ya les ha infligido el sector financiero como consecuencia de la confianza de largos años, pero equivocada, depositada en el poder de la microfinanciación.

Notas
1

M. Bateman: Why doesn’t microfinance work? e destructive rise of local neoliberalism (Londres, Zed Books, 2010).

2

M. Duvendack, R. Palmer-Jones, J.G. Copestake, L. Hooper, Y. Loke y N. Rao: What is the evidence of the impact of microfinance on the well-being of poor people? (Londres, EPPI-Centre, Unidad de Investigación de Ciencias Sociales, Instituto de Educación, Universidad de Londres, 2011).

3

H. Sinclair: Confessions of a microfinance heretic: How microlending lost its way and betrayed the poor (San Francisco, Berrett-Koehler, 2012).

4 En 2009 la OIT se opuso a que se siguiese promoviendo el sector informal de las microempresas, ya que consideraba que, como ya había ocurrido en crisis anteriores, podía generar una considerable presión a la baja en los salarios de la economía informal, que ya estaban reduciéndose antes de que se iniciase la crisis actual. Véase OIT: e financial and economic crisis: A decent work response (Ginebra, 2009, pág. 8). 5

H.-J. Chang: Kicking away the ladder – Development strategy in historical perspective (Londres, Anthem Press, 2002). IDB: e age of productivity: Transforming economies from the bottom up (Washington, DC, IDB, 2010).

6

7 M. Harper: «e commercialisation of microfinance: Resolution or extension of poverty?», en M. Bateman (director): Confronting microfinance: Undermining sustainable development (Sterling, VA, Kumarian Press, 2011).

Milford Bateman es consultor de Desarrollo Económico local y, desde 2006, profesor invitado de Economía en la Universidad de Juraj Dobrila Pula, en Croacia.

El verdadero costo de la actividad empresarial
Conor Cradden

Existe la creencia ampliamente compartida entre los encargados de formular políticas de que si los argumentos de una propuesta están respaldados por cifras, la decisión se considera menos política. Al incluir cifras, cabe afirmar que la propuesta no es una mera opción, sino que las «pruebas» la exigen. Debido a este interés en los indicadores cuantitativos, muchos argumentos de política se han El diseño de indicadores incorporado en la elaboración de los propios indicadores. estadísticos es un proceso Más que basarse en criterios puramente técnicos, el muy politizado diseño de indicadores estadísticos es un proceso muy politizado en el que las distintas partes interesadas luchan para garantizar que las cifras resultantes sean más compatibles con los argumentos que favorecen sus opciones en materia de política que con los de la oposición.

Los indicadores «Doing Business»
Los indicadores «Doing Business» (DB) del Banco Mundial son un claro ejemplo de las estadísticas que acompañan a este tipo de juicio de valor incorporado. Los indicadores DB pretenden ser una guía de la facilidad relativa que supone establecer y dirigir una actividad empresarial en distintos países. Se «mide» con arreglo a una serie de dimensiones, incluida la puesta en marcha, el pago de impuestos, la obtención de permisos de construcción y el cumplimiento de contratos. Los indicadores permiten la elaboración de clasificaciones, incluida una clasificación general mundial que sitúa a Singapur en primer lugar, lo que la convierte en el lugar más fácil para desarrollar una actividad empresarial, y al Chad en el último. Esto puede parecer algo bastante inofensivo. Si bien es obvio que los Estados tienen el derecho a garantizar la aplicación de medidas adecuadas de supervisión social y política de la actividad económica, también es evidente que dichos procedimientos de supervisión pueden resultar más complicados y más onerosos de lo necesario. Sin embargo, aunque el Banco Mundial niega que los indicadores DB alienten la desregulación, con la información que éstos facilitan no es posible valorar si el costo de adaptación a la legislación es razonable habida cuenta de los beneficios económicos y

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mediambientales que aporta. No sirven para valorar si la situación económica de un país mejoraría en su conjunto gracias a la legislación. Como los costos sociales asociados a la desregulación no son perceptibles en los indicadores DB, los gobiernos cuyas preocupación es mejorar su posición en la clasificación DB – en algunos casos, se trata incluso de una condición para obtener ayuda del Banco Mundial – no tienen incentivo alguno para tomar en consideración los efectos potencialmente negativos de la desregulación.

«Contratación de trabajadores»
El subindicador «contratación trabajores» (EW) expresa con claridad excepcional que la legislación se considera únicamente un costo. La puntuación que obtenga un país en la clasificación del indicador EW depende del costo del despido y de una medida llamada «rigidez del empleo», un índice compuesto donde la puntuación máxima se obtiene mediante unos salarios mínimos bajos para los empleados de primer año, una mayor facilidad para suscribir contratos de duración determinada en lugar de contratos permanentes, unas restricciones mínimas para el trabajo nocturno o en períodos de descanso semanal, un número máximo de horas de trabajo semanal autorizadas elevado, un promedio bajo de vacaciones pagadas y unos requisitos de notificación y despido mínimos. No es de sorprender que el indicador EW haya recibido críticas por doquier, particularmente del movimiento obrero mundial. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) criticó los indicadores DB a las pocas semanas de su primera publicación en 2003. Desde entonces, la CIOSL, y posteriormente la Confederación Sindical Internacional (CSI) han planteado objeciones en diversas ocasiones, tanto en comunicación directa con el Banco Mundial como en documentos públicos. En 2007 la OIT se incorporó al debate, elaborando un documento oficial1 que criticaba el indicador EW desde el punto de vista técnico, pero también por lo que denominaba problemas de «coherencia de las políticas», es decir, que el indicador EW pasaban por alto las propias políticas de la OIT, que cabe alegar son más legítimas. La OIT sostenía que considerar que «el indicador y el sistema de clasificación se han diseñando de tal modo que la mejor opción siempre parece ser la de reducir al mínimo la protección y potenciar al máximo la flexibilidad» era una equivocación y que «el indicador contratación de trabajadores es un indicador mediocre del clima de inversión y del rendimiento del mercado de trabajo».

Grupo consultivo de la OIT y el Banco Mundial
El documento provocó una serie de intercambios entre la OIT y el Banco Mundial que culminaron en la constitución de un grupo consultivo para que actuase como «fuente de asesoramiento» para la revisión del indicador EW. Por entonces – a principios de

EL VERDADERO COSTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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2009 – la presión de los sindicatos mundiales llevó al Banco Mundial a acordar que, como mínimo hasta que el grupo presentase su informe, el indicador EW no se incluiría en el cálculo de la clasificación general DB ni se utilizaría como base para el asesoramiento en materia de políticas. El grupo consultivo estaba integrado por altos funcionarios del Banco Mundial y de la OIT, además de por representantes de los sindicatos internacionales, los empleadores y la OCDE. También contaba con tres miembros independientes, un experto en derecho laboral, un empresario social y un funcionario público. La decisión de la OIT de participar en el grupo consultivo no se tomó a la ligera aunque, en principio, todos los miembros actuaban a título personal. Su no participación hubiese supuesto perder la oportunidad única de incidir sobre un indicador influyente, pero podía considerarse que participar era una apuesta arriesgada. El riesgo era que el grupo llegase a conclusiones que no tomasen en consideración las críticas de la OIT y que, aún así, el Banco Mundial aplicase sus recomendaciones. Si la OIT quisiera oponerse, tendría que entrar públicamente en discusión con el Banco Mundial sobre la idoneidad de un indicador en cuya revisión acababan de participar dos de sus altos funcionarios. Ahora que el grupo consultivo acaba de terminar su informe final2, no está claro que la apuesta haya merecido la pena. La solución propuesta para el problema principal – el que los niveles inferiores de protección laboral reciben una mayor puntuación – no puede considerarse adecuada. Tres elementos del indicador – períodos de descanso por semana y vacaciones remuneradas mínimos, y nivel del salario mínimo y medios para fijarlo – han pasado de encontrarse en simple relación inversa con la puntuación del indicador (cuanto más baja, mejor) a hacerlo en una especie de sistema de bandas o fajas en el que el objetivo de política es que las protecciones se encuentren entre un nivel inferior y un nivel superior. Si las vacaciones no son suficientes, el país no recibirá la máxima puntuación posible, y lo mismo ocurrirá si se considera que son excesivas. Se propone un cambio similar para el número máximo de horas de trabajo por semana. La clasificación relativa al indicador del salario mínimo para aquellos países que cuentan con uno sigue inversamente vinculada a la relación del salario con el valor añadido medio por trabajador, aunque aquellos países que no cuentan con un salario mínimo ya no pueden recibir la puntuación máxima. Ésta está reservada a los países con sistemas en los que el salario mínimo se fija por negociación colectiva – siempre que se aplique a menos de la mitad del sector de la manufactura o no se aplique a empresas que no sean parte – y a los países con sistemas en los que los aprendices están excluidos. El informe de grupo consultivo deja claro que hubo división de opiniones en el seno del grupo en relación con la conveniencia de aplicar los cambios al indicador EW. Algunos consideraban que las modificaciones abordaban problemas sustanciales y que el indicador EW debía integrarse en los indicadores DB generales. Otros

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sostenían que el indicador EW no reflejaba adecuadamente las protecciones de los trabajadores, incluso después de aplicar los cambios, y que el informe «Doing Business» debería reflejar la legislación holísticamente, o no hacerlo en absoluto. Esta segunda opinión también mantenía que si el indicador EW debía seguir utilizándose, también debería existir un indicador distinto, cuantitativo, relativo a las medidas de protección del trabajador, y publicarse junto a los indicadores DB. Sin embargo, aunque el grupo consultivo discutió esta idea3, no llegó a ponerse de acuerdo sobre una recomendación al respecto.

¿Y ahora qué?
Ahora le toca a la OIT decidir si quiere seguir colaborando con el Banco Mundial. Si decide que no, el Banco Mundial probablemente vuelva a utilizar el indicador modificado, y tal vez vuelva a basar el asesoramiento sobre políticas en el indicador EW. Está claro que la OIT no tiene por qué secundar el indicador revisado, pero si quiere evitar una confrontación pública, lo mejor que puede hacer es mantener una neutralidad estudiada sobre el particular. Aunque lo El indicador DB sigue cierto es que el indicador DB sigue siendo un obstáculo siendo un obstáculo para para la mejora de las condiciones de trabajo, y el aceptar la mejora de las condicalladamente su existencia sería, como poco, un acto de ciones de trabajo cobardía. La pregunta obvia es por qué la OIT no intenta llevar la colaboración que conlleva su participación en el grupo consultivo un paso más lejos e intenta persuadir al Banco Mundial de que debería existir un indicador oficial, proyectado conjuntamente, relativo a la protección del trabajador. Lo que está en juego no es tanto, puesto que la OIT tiene una autoridad clara sobre la cuestión, desde el punto de vista moral y técnico, que el Banco Mundial no puede pretender para sí. Entonces ¿a qué viene el silencio estremecedor que mantiene la OIT? No se ha formulado comentario alguno sobre el informe del grupo consultivo, y menos aún se ha dado una indicación de si la OIT quiere seguir colaborando con el Banco Mundial. De hecho, el problema de la OIT está menos en el mundo exterior que en el seno de sus propios mandantes. La posibilidad de crear un indicador de trabajo decente lleva en el aire más de diez años. El que dicho indicador no se haya elaborado hasta la fecha refleja, por un lado, la reticencia tradicional de los empleadores y los gobiernos a permitir que se les clasifique y, por otro, el desacuerdo sobre si tal indicador debería centrarse en medidas de los resultados (el grado en que el trabajo decente es una realidad para los trabajadores en el lugar de trabajo) o en la legislación (la medida en que las reglas formales se ajustan a las políticas de la OIT). Se trata de cuestiones difíciles, pero es muy probable que hacer un esfuerzo decidido para resolverlas sea menos costoso para la OIT que permitir al Banco Mundial que siga utilizando y promoviendo su indicador EW.

EL VERDADERO COSTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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Notas
1 2

http://www.ilo.org/gb/WCMS_085125/lang--es/index.htm.

http://www.doingbusiness.org/methodology/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Methodology/ EWI/Final-EWICG-April-2011.doc.
3 http://www.doingbusiness.org/methodology/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Methodology/ EWI/Annexes-EWICG-April-2011.doc.

Conor Cradden es miembro investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra y asociado a Public World, una consultoría de investigación y políticas con sede en Londres.

Los costos de la crisis financiera de 2008-2009: los gobiernos están pagando la factura
Sebastian Dullien

Casi parece que se nos ha olvidado la trama de la crisis económica y financiera de 2008-2009. Cuestiones como la reglamentación bancaria y la supervisión del sector financiero apenas se debaten ya en publico y las acciones legislativas encaminadas a frenar las actividades con un elevado coeficiente de riesgo parecen haberse disipado. En su lugar, la crisis de la deuda pública ocupa la pista central. En todo el mundo, los debates giran en torno a la reducción del déficit estatal, centrándose principalmente en recortar el gasto público y, en menor medida, en elevar los impuestos directos e indirectos. El debate ha pasado de versar sobre fallos obvios de los mercados, en particular los mercados financieros, a centrarse en supuestos fallos de los gobiernos. Es decir, en que los gobiernos están gastando mucho más de lo que recaudan, acumulando así una deuda pública insostenible que no deja de aumentar. Sin embargo, si uno examina en detalle cómo ha evolucionado la deuda pública en muchos de los países que en la actualidad se encuentran en crisis, queda claro que es precisamente la crisis económica y financiera de Es precisamente la crisis 2008-2009 la que ha situado los niveles de la deuda económica y financiera en una vía insostenible. Antes de la crisis, países como de 2008-2009 la que España e Irlanda, y probablemente incluso los Estados ha situado los niveles Unidos, se encontraban encauzados (o casi) hacia la de la deuda en una vía sostenibilidad financiera. Después de la crisis, los insostenible mercados cuestionan las sostenibilidad de la política fiscal, incluso en países como Francia. En un estudio encargado por la Fundación Friedrich Ebert se calculan los costos de la crisis financiera y económica mundial para Alemania, un país que no es de los más afectados, pero que a menudo se venera por su resiliencia a la crisis y su rápida recuperación. El estudio intenta precisar los costos de la crisis para la economía en su conjunto, así como para distintos colectivos del país, como los grandes propietarios, los asalariados y el Gobierno. Encontramos en Alemania un estudio de caso importante, puesto que no registró una burbuja inmobiliaria con anterioridad a la crisis. Cabe pues argumentar que los costos de la crisis son totalmente ajenos a la misma.

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Cómo computar los costos para los distintos sectores
El cálculo de los costos de la crisis no es tan fácil como pueda pensarse. Empieza con el sector público. No basta con utilizar las cifras generales presentadas en los titulares de los principales medios de comunicación sobre paquetes de rescate bancarios y medidas de estímulo, y sumarlas. En primer lugar, gran parte de los paquetes de rescate bancarios no han sido costos reales que han asumido los gobiernos. Si un gobierno concede una garantía a un banco, y dicho banco sigue haciendo negocios sin que el gobierno tenga que intervenir, no se trata de hecho de un costo real. Si un gobierno inyecta capital en un banco privado y posteriormente liquida las acciones, sólo la pérdida neta puede computarse como costo. Si el gobierno vende las acciones por una suma superior a la que había inyectado (como ha sido el caso de las medidas suizas de apoyo a los grandes bancos del país), entonces ya no hablamos de costos, sino más bien de beneficios. Sólo se computarán como costos las aportaciones de capital que haga el gobierno al sistema financiero y que no pueda recuperar más adelante. De igual modo, si una institución financiera pública ha incurrido en pérdidas, está claro que se computarán como pérdidas netas para el gobierno. Para estos costos procedentes de pérdidas directas de bancos públicos o de inyecciones de fondos públicos no recuperables se utiliza el término «costos directos» de la crisis. En segundo lugar, las medidas de estímulo no pueden considerarse costos netos en su totalidad. Si un gobierno construye una nueva autopista o repara edificios públicos durante la crisis como medida de estímulo, es cierto que incurre en gastos, pero al mismo tiempo también aumenta el valor de los activos públicos. Una vez más, mientras el gobierno no pague de más y no construya artilugios inútiles como unas pirámides, se trata de gastos que no constituyen costos netos. Por el contrario, los recortes fiscales utilizados para estimular el gasto privado pueden como mínimo computarse como costos netos para los gobiernos, aunque, si nos centrarnos en los costos macroeconómicos, deberemos tener presente que dichos recortes aumentan los ingresos disponibles del sector privado, por lo que tampoco constituyen costos netos para la economía en su conjunto.

La pérdida de ingresos públicos, un factor de costo importante
Sea como fuere, al centrarse únicamente en el gasto en medidas de estímulo y paquetes de rescate bancarios se pasa por alto una fracción importante de los costos: la caída automática de los ingresos fiscales provocada por la recesión y el aumento automático de los gastos provocados por dicha crisis, por ejemplo, los destinados a las prestaciones por desempleo. Los costos derivados de la pérdida de ingresos fiscales o las más elevadas transferencias por pérdidas de producción se consideran «costos indirectos». De modo similar, el cálculo de los costos para el sector privado tampoco es un proceso directo. Si alguien deja de pagar su hipoteca y el valor de las titulizaciones

LOS COSTOS DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2008–2009

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hipotecarias cae, no supone necesariamente un costo neto para la economía. Si bien el banco sufre pérdidas, la persona que deja de pagar su hipoteca puede aumentar sus bienes netos. Siempre y cuanto el deudor y el acreedor sean nacionales, esta situación no varía el patrimonio neto de la economía. Sólo cuando el deudor es extranjero, el impago varía el patrimonio neto del país. No obstante, si sólo nos fijamos en las pérdidas de los mercados financieros pasamos por alto elementos importantes de los costos de la crisis: la pérdida de producción y, por consiguiente, de los ingresos salariales, y los beneficios del sector privado durante la crisis. Paralelamente a los términos utilizados para el sector público, durante la crisis el sector privado ha corrido tanto con costos directos como indirectos. Los costos directos son los causados por la caída del valor neto de los activos. Los costos indirectos son flujos de ingresos dejados de percibir debido a la crisis. Se han calculado tres escenarios: un regreso rápido y optimista a la antigua vía de crecimiento, un regreso más lento y moderado, y un escenario pesimista en el que la producción nunca regresa a la vía de crecimiento anterior a la crisis, sino que se mantiene a niveles considerablemente inferiores a los registrados antes de iniciarse la recesión.

Costos elevados a pesar de la rápida recuperación
Cuando escribo estas líneas (principios de 2012), la economía alemana se ha desarrollado en mayor o menor medida siguiendo el escenario más optimista. El escenario supone una tasa de crecimiento del PIB del 3,5 por ciento en 2010 y del 2,8 por ciento en 2011. De hecho, el crecimiento del PIB incluso se situó ligeramente por encima de este supuesto. No obstante, como la recuperación parece haberse estancado a finales de 2011, con una contracción del PIB durante el cuarto trimestre, el ajuste de 2012 en adelante se situará muy probablemente por debajo de la vía de crecimiento del escenario optimista. Así pues, puede decirse que la evolución más probable del mundo real se situará entre el escenario más optimista y el moderado. En el cuadro se presentan los resultados de nuestros cálculos. • El primer, y muy interesante, resultado es que los costos indirectos de la crisis eclipsan los costos directos. Los costos totales, incluso en el escenario más optimista, se sitúan en alrededor de los 700.000 millones de euros, de los que sólo algo menos de 100.000 millones son costos directos. En el escenario menos optimista, la relación es de 2.154 a 100.000 millones de euros. • El segundo resultado sobresaliente es que el gobierno corre con la mayoría de los costos de la crisis. Los ingresos fiscales, incluso en el escenario más optimista (que ahora puede considerarse el límite inferior) se han visto reducidos un total de 270 mil millones de euros, o lo que es igual, el 10 por ciento del PIB. En el escenario

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Cuadro

Costos de la crisis para los asalariados y los beneficiarios de transferencias, los grandes propietarios y el Gobierno en Alemania
Asalariados y receptores de transferencias Grandes propietarios Gobierno Total

Escenario optimista

Costos directos Costos indirectos Total

0 177 177

73 188 261

22 248 270

95 613 708

Escenario menos optimista
Asalariados y receptores de transferencias Grandes propietarios Gobierno Total

Costos directos Costos indirectos Total

0 755 755

73 527 600

22 777 799

95 2.059 2.154

menos optimista (que ahora puede considerarse el límite superior) los costos soportados por el gobierno suman un total de 800.000 millones de euros, es decir, más del 30 por ciento del PIB actual. • El tercer elemento que cabe destacar es que los asalariados y los beneficiarios de transferencias en Alemania pueden no verse tan afectados como en ocasiones pueda temerse. En el escenario más optimista, sus ingresos sólo se ven reducidos en 177.000 millones de euros, pero en el menos optimista, se calcula que las pérdidas serían de 755.000 millones. El valor reducido en el caso del escenario optimista es probablemente característico únicamente de Alemania y puede explicarse por las políticas del mercado de trabajo adoptadas durante la crisis, por las que el Gobierno alemán pagó a las empresas para que, en lugar de despedir a trabajadores, adoptaran una jornada reducida («Kurzarbeit»). Gracias a ello, el desempleo en Alemania sólo aumentó muy ligeramente durante la recesión. Si se comparan con los de otros países, es probable que los costos en Alemania se estimen modestos. Alemania ha experimentando una de las recuperaciones de la crisis más vigorosas. Aún así, incluso en este país, el considerable Los grandes propietarios deterioro de las finanzas públicas puede achacarse a la crisis. sólo han cargado con una Por el contrario, los grandes propietarios, que pueden modesta parte de la crisis considerarse los principales beneficiarios de un sector financiero desreglamentado que ha provocado grandes pérdidas en las economías de los países más adelantados, sólo han cargado con una modesta parte de la crisis.

LOS COSTOS DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2008–2009

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Seguir el principio de que quien usa paga: gravar a los ricos
Este desequilibrio a la hora de cargar con las consecuencias de la crisis debería tenerse presente al debatirse las medidas para reequilibrar las cuentas públicas en los países de la OCDE. Los grandes propietarios deberían, como mínimo, soportar una parte justa. Concretamente, esto significa que debe reconsiderarse el equilibrio entre los recortes en los gastos y los aumentos en los impuestos, así como los cambios específicos a los códigos fiscales que han formado parte de muchos paquetes de austeridad. En primer lugar, los presupuestos deberían equilibrarse más bien a través de aumentos de los impuestos en lugar de por medio de recortes en el gasto relativo a la seguridad social. En segundo lugar, cuando se suben los impuestos, el aumento debería centrarse en los que gravan a las personas que, durante decenios, se han beneficiado más de los mercados financieros desreglamentados. Esto significaría centrarse en aumentar los impuestos sobre los ingresos por intereses y dividendos, los beneficios de capital y los patrimonios. Además, también deberían incrementarse los tipos del impuesto sobre la renta del nivel superior, puesto que se trata de personas que se benefician de manera desproporcionada de las oportunidades de inversión de los mercados financieros desreglamentados. Y por último, también cabe destacar que estas cifras apoyan la necesidad de aplicar un impuesto sobre las transferencias financieras, así como un impuesto sobre las actividades financieras. Ambas imposiciones harían las transacciones y la intermediación financieras algo más caras y garantizarían la devolución a la sociedad de, como mínimo, una pequeña parte de los costos en los que han incurrido los mercados financieros y las instituciones financieras irresponsables.

Sebastian Dullien es profesor de Economía Internacional en la HTW-Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín. Su amplio trabajo sobre la crisis financiera se ha resumido recientemente en su libro Decent Capitalism (publicado por Pluto Press en 2011, escrito en colaboración con Hansjörg Herr y Christian Kellermann).

PARTE III Defendiendo a los trabajadores: ideas frescas, movilizaciones nuevas

La marcha para la protección de los derechos de los trabajadores y la clase media
Cathy Feingold

En 2011 miles de trabajadores salieron a la calle y ocuparon las capitales de los estados de Wisconsin, Ohio e Indiana. La marcha de Madison, Wisconsin, de marzo de 2011, prendió la mecha de otras protestas, en otros estados del país, de trabajadores y afiliados sindicales, que se manifestaron delante de edificios estatales para defender los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Condenaban los ataques perpetrados por sus gobernadores republicanos para suprimir el derecho de negociación colectiva, promulgar legislación antisindical y culpar a los empleados del sector público y a sus sindicatos de la crisis presupuestaria generalizada. Estos ataques reflejan algunos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la protección de los trabajadores del sector público desde la huelga de 1981 de la Organización Profesional de Controladores del Tráfico Aéreo (PATCO), cuando el Presidente Reagan despidió a los controladores aéreos que hacían huelga y allanó el camino para permitir la sustitución de trabajadores. El pueblo estadounidense entiende que lo que está en juego no son sólo los salarios y las prestaciones de los trabajadores del sector público, sino también su derecho a la negociación colectiva. Mientras los gobernadores republicanos afirman que el déficit presupuestario es lo que motiva sus decisiones, su verdadero programa consiste en atacar el derecho de negociación colectiva y debilitar a los sindicatos. Los manifestantes ocuparon capitales estatales que también son lugares cuyas poblaciones están luchando para recuperarse económicamente. Con un desempleo que en los Estados Unidos se acerca al 8,3 por ciento, un subempleo de casi un 16 por ciento, y un crecimiento del empleo lento sólo en sectores que requieren cualificaciones escasas o muy altas, la mayoría de los trabajadores desempleados tienen que hacer verdaderos esfuerzos para asegurarse una posición de nivel medio. Asimismo, con la pérdida de puestos mejor remunerados en la industria de la manufactura sindicalizada, muchos trabajadores se han dirigido hacia el sector privado para poder acceder con seguridad a la clase media. Pero los presupuestos públicos están sufriendo la contención de ingresos consecuencia del elevado desempleo y de la caída del precio de la vivienda. La propuesta de eliminación de la negociación colectiva, que hace que a los trabajadores

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del sector público les sea aún más difícil mantener su nivel de vida (en su condición de consumidores, cuando compran una casa, etc.), sólo servirá para perjudicar aún más los presupuestos del Estado y menoscabar la economía en general. Los estadounidenses saben que el camino hacia la recuperación económica sigue siendo inestable y que el desempleo y subempleo ininterrumpidos y los precios en aumento del petróleo y los alimentos siguen amenazando la plena recuperación. No obstante, a pesar de la constante inseguridad económica, el pueblo estadounidense se opone a todo intento de utilizar los debates sobre el El pueblo estadounidense déficit público como excusa para despojarlo del derecho se opone a todo intento de negociación colectiva, por el que tanto y tan duro de utilizar los debates sobre tuvo que luchar. Más de dos millones de personas el déficit público como excusa firmaron peticiones para recordárselo al Gobernador de para despojarlo del derecho Wisconsin y los ciudadanos acudirán a las urnas antes de negociación colectiva de que finalice 2011 para votar y volvérselo a recordar. En una encuesta de opinión llevada a cabo durante las manifestaciones para defender la negociación colectiva celebradas en Wisconsin, el 64 por ciento1 de las personas encuestadas apoyó el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del sector público. El 63 por ciento, incluido un 55 por ciento de republicanos, señaló que a los estados que registraban déficit y afirmaban que no podían pagar todas las pensiones prometidas a los jubilados actuales no se les debería permitir romper sus compromisos. Incluso después de que los trabajadores acordasen concesiones en relación con los salarios y las prestaciones, los gobernadores republicanos siguieron dirigiendo sus ataques al derecho de negociación colectiva. ¿Por qué continúan estos ataques si la mayoría de los estadounidenses apoya el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva? Es muy sencillo. Las elecciones de 2010 trajeron consigo a un grupo nuevo de gobernadores y legisladores republicanos en diversos estados que están presentando propuestas legislativas para eliminar o debilitar a los sindicatos, un colectivo clave y base de apoyo para los demócratas. La verdadera meta de los republicanos es reducir la sindicación en el sector público (que ahora representa al 37 por ciento de los funcionarios) al mismo nivel insuficiente que en el sector privado, donde en la actualidad sólo representa el 6,97 por ciento de su fuerza de trabajo. En 2011 de los 14,8 millones de afiliados sindicales en los Estados Unidos 7,6 millones trabajaban para el sector público2. Si debilitan el poder de los sindicatos, los gobernadores republicanos debilitan al Partido Demócrata. Aunque está claro que no se trata únicamente de un ataque a los sindicatos, que históricamente han sido una base fundamental para el Partido Demócrata, sino también supone un ataque a la clase media. En los Estados Unidos la mayoría de los trabajadores recibe una protección social mínima de los empleadores. Los planes de pensiones de beneficios definidos han sido sustituidos por planes de ahorro privatizados, llamados Planes 401k,

LA MARCHA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LA CLASE MEDIA

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y los trabajadores pagan primas más elevadas en concepto de cobertura de salud. Aunque actualmente registran unos beneficios de 1.800 millones, las empresas alegan que, si quieren seguir siendo competitivas, no pueden aumentar los salarios ni conceder más prestaciones. Con este modelo sólo se aumenta la desigualdad en el país donde el 5 por ciento más adinerado controla el 63,5 por ciento de la riqueza nacional3. La economía de los Estados Unidos se encuentra en una espiral negativa en la que los trabajadores se ven obligados a competir por empleos inseguros, cada vez peor remunerados y sin derecho a prestaciones. En el debate actual sobre la negociación colectiva y los sindicatos, sus detractores se apoyan en el falso supuesto de que los trabajadores del sector público son los causantes de las crisis presupuestarias, por lo que ahora deben cargar con las consecuencias renunciando a sus derechos, salarios y prestaciones. Mientras se culpa a los trabajadores del sector público y a los sindicatos de los déficit presupuestarios, los cargos elegidos no se arriesgarán a apoyar un aumento de los impuestos para los más ricos y para las empresas como alternativa razonable a los ataques a la clase media y a los trabajadores ordinarios. La mayoría entiende que, de hacerlo, haría peligrar su acceso a financiación para campañas electorales. Mientras los sindicatos de Wisconsin se preparan para las nuevas elecciones, que podrían sustituir a los republicanos que votaron a favor del proyecto de ley contra los sindicatos por los demócratas que lucharían por revocarla, los sindicatos de Ohio celebran su victoria al ver revocada la legislación extremadamente antisindical que hubiese limitado el derecho a la negociación colectiva de 350.000 trabajadores y eliminado el arbitraje vinculante y el derecho a huelga. Incluso con esta victoria, los ataques siguen extendiéndose por todo el país con leyes que perjudican a los trabajadores. En 2012 la legislación relativa al «derecho al trabajo» planteará un desafío clave para los sindicatos estadounidenses. A pesar de su nombre, la legislación sobre el «derecho al trabajo» no aporta una mayor seguridad en el empleo, sino que más bien debilita la negociación sindical haciendo que el cobrar las cuotas sindicales y mantenerse financieramente sea más difícil para los sindicatos. Los defensores de la legislación sobre el «derecho al trabajo» afirman que debilitando a los sindicatos y reduciendo los costos laborales ayudarán a atraer inversiones a sus estados, especialmente en el sector manufacturero. Afirman asimismo que, con esta legislación, los estados salen ganando, pero estudios demuestran que en los estados con legislación sobre el «derecho al trabajo», donde los sindicatos han perdido fuerza, los trabajadores han visto sus salarios reducidos en 1.500 dólares de los Estados Unidos al año, tanto en el caso de los trabajadores sindicados como en el de los que no lo están, y disminuidas las posibilidades de cobertura en materia de salud o las pensiones de beneficios definidos que proporcionan los empleadores4. En febrero de 2012 Indiana se convirtió en el vigésimo

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tercer estado con legislación sobre el «derecho al trabajo» en los Estados Unidos, y está previsto que trece estados sigan su ejemplo. Los ataques a los trabajadores no sólo apuntan a los derechos de los trabajadores del sector público y de los sindicatos, sino también a los derechos de los trabajadores inmigrantes y votantes. En junio de 2011 Alabama promulgó la ley antiinmigración más restrictiva del país, que permite a la policía detener a inmigrantes si sospecha que están indocumentados y exige a las oficinas gubernamentales que comprueben el permiso de residencia en los trámites cotidianos, incluida la obtención de un puesto de trabajo, la matriculación de niños en la escuela y la renovación de los permisos de las empresas. Alabama también aprobó una ley de elaboración del censo que se adoptará en 2014. En los Estados Unidos la obtención de los documentos de identidad no es automática, así que para obtenerlos, los trabajadores tienen que pedir horas libres en su trabajo y abonarlos. La ley intenta crear otra barrera al voto en las comunidades que tradicionalmente apoyan al Partido Demócrata, como los latinos, las personas de edad y los jóvenes afroamericanos. Alrededor del 62 por ciento de los votantes latinos registrados afirma que se identifica con el Partido Demócrata o lo siente más afín5, por lo que las leyes antiinmigración y de elaboración del censo se consideran intentos directos de suprimir su voto. Leyes antiinmigración y de elaboración del censo similares están introduciéndose a lo largo de los Estados Unidos. En 2012 seguirán los ataques a los trabajadores, los sindicatos y los inmigrantes. Mientras se sigue culpando a los trabajadores del sector público de disfrutar de salarios y prestaciones elevadas, los políticos conservadores intentan conseguir apoyos para aplicar recortes masivos en el gasto social, promover medidas que favorezcan a la clase más opulenta y reducir considerablemente el sector público. En realidad, los elevados déficit presupuestarios del país no los ha provocado una remuneración excesiva a los maestros, los bomberos u otros funcionarios. Los males presupuestarios del país están más relacionados con las recientes crisis económica y La eliminación financiera en el mercado inmobiliario y los regímenes de la negociación colectiva impositivos injustos. Las prácticas financieras impru sólo servirá para frenar dentes de Wall Street, y no la codicia de los educadores la demanda en la economía de los jardines de infantes, son las que han traído consigo la recesión y sus efectos negativos en el empleo y los presupuestos públicos. El llamamiento a la eliminación de la negociación colectiva y a la austeridad económica y los ataques a los trabajadores y a los votantes inmigrantes no resolverán las causas principales y sólo servirán para frenar la demanda en la economía. La utilización de la crisis fiscal actual por parte de los políticos para despojar a los trabajadores de sus derechos e imponer rigurosas restricciones a los salarios y a las prestaciones creará mayores dificultades para los trabajadores y las familias de clase media que luchan para recobrar el equilibrio.

LA MARCHA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LA CLASE MEDIA

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Notas
1 2

Encuesta de Bloomberg de ámbito nacional, 4 a 7 de marzo de 2011.

Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos: http://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf (acceso marzo de 2012).

3

Economic Policy Institute: http://www.epi.org/publication/top_5_holds_more_than_half_of_the_countrys_ wealth/ (acceso marzo de 2012).
4

H. Shierholz y E. Gould: e compensation penalty of «right-to-work» laws, 17 February 2011, Washington, DC, Economic Policy Institute, http://www.epi.org/publication/bp299/ (acceso marzo de 2012). Véase http://www.pewhispanic.org/files/2010/10/127.pdf (acceso marzo de 2012).

5

Cathy Feingold es Directora del Departamento Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Anteriormente dirigió las actividades del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en la República Dominicana y en Haití, incluida la educación de los trabajadores y la formación sobre el activismo, así como metodologías populares para investigar y documentar los problemas de las mujeres y los trabajadores migrantes. Dirigió la respuesta humanitaria de dicha organización al terremoto sufrido por Haití en 2010.

Apoyar la disidencia o ser disidente
Steven Toff y Jamie McCallum

Cuando en septiembre de 2011 nacía el movimiento Ocupar Wall Street, pocos podían anticipar la ola de ocupaciones que arrollaría el país y despertaría el interés del mundo en lo que se ha llamado «el otoño norteamericano»1. Si bien aún está por verse cómo madurará este movimiento incipiente, hasta la fecha ha sobrepasado todas las previsiones, es la primera vez desde las manifestaciones Es la primera vez desde en contra de la Organización Mundial del Comercio 1999 que decenas de miles celebradas en Seattle en 1999 que decenas de miles de de personas toman las calles personas toman las calles en los Estados Unidos por en los Estados Unidos por razones económicas. Son americanos medios, muchos de razones económicas los cuales hace tiempo que saben de la bajeza moral y económica de Wall Street, los que están extendiendo la crítica generalizada al neoliberalismo y cuestionándose los principios más fundamentales del capitalismo. A pesar de su inclinación ocasional por las acciones de protesta y militancia, y su posición de única organización compuesta en la práctica por miembros de la clase trabajadora de los Estados Unidos, el movimiento obrero no ha sido capaz de movilizarse o reclutar a otras personas en la causa contra la creciente desigualdad en los ingresos y la erosión de las protecciones democráticas para los trabajadores. Ahora que el movimiento Ocupar Wall Street ha planteado la cuestión, construido la base de un movimiento y llegado a los trabajadores, queda una pregunta en el aire: ¿cómo responderán los sindicatos a esta convocatoria?

Negociación empresarial y activación del movimiento obrero
Para muchos de nuestros camaradas internacionales, la pregunta ha sido: ¿por qué habéis tardado tanto? A pesar de las mejores intenciones y metas, ni los sindicatos ni las organizaciones de la izquierda tradicional han impulsado este movimiento. Para aquellos que están familiarizados con las peculiaridades de los sindicatos en los Estados Unidos, su función periférica en el movimiento de los indignados no es ninguna sorpresa. En muchos países se considera a los sindicatos – y lo que es más importante, los sindicatos se consideran a sí mismos – representantes de los intereses de todos los

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trabajadores. Sin embargo, como consecuencia de la legislación que legitimizó la actividad sindical en este país en plena Gran Depresión, prácticamente todos los sindicatos se limitan a defender únicamente los intereses de sus miembros, un electorado que, durante los cinco últimos años, ha ido disminuyendo progresivamente hacia la extinción y la apatía política. Llegamos a septiembre de 2011 y observamos un levantamiento compuesto mayoritariamente por trabajadores no sindicados y pobres, desempleados jóvenes y estudiantes, que recoge precisamente el mensaje de que los trabajadores hubiesen debido abrirse camino directamente hacia el poder. Estos acontecimientos han sido tan impactantes para los trabajadores como lo han sido para otras personas, aunque en el caso de los sindicatos la sorpresa ha sido acompañada, como mínimo, de un cierto bochorno. Un activista del movimiento obrero estadounidense afirmó muy oportunamente que existía la sensación de que el movimiento de los indignados les estaba ganando en su propio terreno.

Los sindicatos y el movimiento de los «indignados»
El 5 de octubre de 2011 el Presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, anunció que los sindicatos de los Estados Unidos apoyaban a los manifestantes, y señaló que se sentía orgulloso de que en Wall Street, conductores de autobús, pintores, personal de enfermería y trabajadores de empresas de servicios se estuviesen uniendo a estudiantes y propietarios de viviendas, a desempleados y subempleados, para exigir un cambio fundamental. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, el más numeroso de la Federación Cambiar para Ganar (CTW) dijo que las declaraciones de apoyo al movimiento Ocupar Wall Street 2 eran una Nos unimos a la voz cada manifestación de apoyo a la acción directa que se vez mayor dentro del movimiento obrero que agradecía, pero que no constituían una respuesta integral. siente que el movimiento Hay una diferencia entre apoyar a la disidencia y ser disidente. En los últimos años no ha surgido una ocasión de los indignados también mejor para el movimiento obrero de forjar un nuevo es un movimiento obrero rumbo; como activistas obreros, nos unimos a la voz cada vez mayor dentro del movimiento obrero que siente que el movimiento de los indignados también es un movimiento obrero. Existen ejemplos aislados. Los sindicatos, en diferentes marchas y jornadas de acción en apoyo de cuestiones específicas, han conseguido que miles de personas se manifiesten en Nueva York y en todo el país. Estas acciones confieren una considerable dosis de legitimidad a las protestas en los medios de comunicación nacionales. La Unión Nacional de Enfermeras (NNU) se ha unido a las ocupaciones que están teniendo lugar en una serie de ciudades, ha montado «puestos de enfermería» en los campamentos, donde pasan la noche y en ocasiones son arrestados junto a los demás ocupantes. En

APOYAR LA DISIDENCIA O SER DISIDENTE

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numerosas ocasiones en Nueva York, Massachussetts, California, Ohio, Pennsylvania, Vermont y otros lugares los sindicatos se han unido a marchas y concentraciones. Han trabajado codo con codo con el movimiento de los indignados para llamar la atención sobre algunas luchas aisladas, como las protestas contra Verizon o Sotheby’s3. Por lo general, los sindicatos se han hecho eco de la promesa de Trumka de abrir sus locales y centros comunitarios, así como sus brazos y sus corazones, a todos aquellos con valor para levantarse y pedir una América mejor. La perspectiva de una coalición trabajadores-comunidad nunca ha sido tan importante como en la Costa Oeste.

Indignados en los muelles
En un intento por fortalecer el movimiento de los indignados y establecer una relación más estrecha con los trabajadores, los organizadores de los acontecimientos de Oakland, cerraron el puerto el 2 de noviembre de 2011, acto que fue considerado como la primera huelga general desde 1946. Aunque algunos sindicatos secundaron la acción, y los sindicalistas eran una buena parte de las personas que se concentraron aquel día, lo cierto es que ningún sindicato movilizó a sus miembros para que se declarasen en huelga. Una vez más, esta respuesta guarda relación con la estructura legal que inmoviliza al movimiento obrero. En los Estados Unidos prácticamente todos los sindicatos han negociado con la dirección o cedido en relación con su derecho a huelga durante la duración de su contrato. Es sumamente irónico del sindicalismo en los Estados Unidos que las pocas huelgas que se realizan en la actualidad suelan tener como objetivo obtener un contrato, el mismo mecanismo que los vincula a la inactividad sindical. Pero no sería la primera vez que los sindicatos infringen la ley, y pueden hacerlo de nuevo. Si bien la acción hubiese podido ser más reducida que las huelgas generales en el pasado, y su duración breve, está claro que fue un éxito. El puerto de Oakland cerró, las empresas que habían expresado su hostilidad para con el movimiento de los indignados recibieron amenazas de cierre durante el día, y los medios de comunicación principales, así como los independientes, se mostraron, por lo general, receptivos. Aunque los sindicatos eran únicamente participantes periféricos, con la notable excepción de la Unión Internacional de Puertos y Almacenes (ILWU), afiliados de las bases tomaron las calles junto con amplios grupos de radicales en lo que fue uno de los despliegues más poderosos de solidaridad de la clase trabajadora que ha generado el movimiento de los indignados hasta la fecha. En diciembre el movimiento de los indignados de la Costa Oeste y sus aliados del movimiento obrero amenazaron con bloquear, por tierra y por mar, un buque que transportaba grano en Logview, Washington, forzando a la empresa a negociar su contrato con la Unión Internacional de Puertos y Almacenes (ILWU) en el puerto. En su acción, los manifestantes indignados estuvieron inspirados por un bloqueo

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similar llevado a cabo el verano anterior por transportistas del puerto en Portland, Oregon. Un dirigente del ILWU de California fue rotundo respecto del papel que desempeñaron los indignados en llevar a la empresa de grano a la mesa de negociaciones. «No les quepa la menor duda, fueron la solidaridad y la organización entre el movimiento de los indignados y los estibadores los que obtuvieron este contrato», dijo4.

Obreros e indignados: pasado, presente y futuro
El origen de la ocupación como táctica en los movimientos sociales estadounidenses tiene su origen en el movimiento obrero. Los trabajadores que ocuparon las fábricas de automóviles la región norcentral de los Estados Unidos en el decenio de 1930 transformaron el movimiento obrero y el tejido social de la vida industrial. Recientemente, esta táctica hizo su reaparición, brevemente pero con energía, durante la ocupación de la compañía Republic Windows and Doors en Chicago, que iba dirigida tanto al Bank of America como al empleador local, y en la ocupación de la capital en Madison, Wisconsin, por parte de un grupo de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y activistas de la comunidad. Hoy, además de casos reales de colaboración entre los trabajadores y el movimiento de los indignados, observamos un giro en la orientación ideológica y discursiva de algunos sindicatos importantes, que sustituyen la retórica de «salvar a la clase media» por la nueva lengua vernácula del 99 por ciento. Por consiguiente, sería un error sugerir que la consideración de actor secundario que se tiene del movimiento obrero dentro del movimiento de los indignados le está predestinada estructuralmente o tiene antecedentes históricos. Históricamente ha existido una paz incómoda entre los sindicatos y movimientos más amplios. La maniobra política de las elites, una decepción manifiesta y la percepción de un conflicto de intereses han dividido con frecuencia a las coaliciones de trabajadores y los movimientos sociales, y ya existen informes que apuntan a la prefiguración de una dinámica similar en el seno del movimiento de los indignados5. Pero el foco apremiante del movimiento de los indignados en tantos temas fundamentales para los intereses de los trabajadores perfila, no obstante, un atisbo de esperanza. El movimiento obrero tiene mucho que aportar al unirse al movimiento de los indignados como verdadero asociado, a saber, sus valores la orientación política de sus miembros y dirigentes, así como sus conexiones políticas basadas en décadas de negociación. Es por ello que consideramos la ambivalencia del movimiento obrero hacia el movimiento de los indignados no como una postura en su contra, sino como la falta de voluntad para tomar los riesgos necesarios que conlleva. Está claro que lo contrario también es cierto, existe un riesgo vinculado a la no participación que consideramos tiene consecuencias mucho más graves. Escribiendo desde el corazón de las explosivas revueltas de 1968 en París, Henri Lefebvre dijo que los acontecimientos contradecían las previsiones y que en la medida

APOYAR LA DISIDENCIA O SER DISIDENTE

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en que alteraban los cálculos, eran históricos6. A este respecto, Ocupar Wall Street ya es histórico, ha desafiado las predicciones poco favorables y pesimistas, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero ahora, la gran pregunta se refiere a su futuro. El desalojo de los indignados acampados en multitud de ciudades lleva a pensar que los gobiernos democráticos no son sus aliados, y que el movimiento tendrá que mostrarse innovador si quiere seguir siendo relevante. De hecho, los trabajadores se encuentran en esta posición desde hace mucho tiempo. Así pues, nuestra undécima tesis debería ser: hace tiempo que los dirigentes obreros y los trabajadores reconocen que necesitan una oportunidad para forjar un nuevo futuro, de lo que se trata ahora es de conseguirlo.

Notas
1

A. Mohyeldin: «From the Arab Spring to the American Fall?», en Time (12 de octubre de 2011, http://ideas.time. com/2011/10/12/from-the-arab-spring-to-the-american-fall/, acceso marzo de 2012).

2

Sindicato Internacional de Empleados de Servicios: 5 de octubre de 2011, http://www.seiu.org/2011/10/seiusupports-occupywallstreet.php (acceso marzo de 2012).
3

K. Nash y M. Rosenberg (productores): «Occupy Wall St. protest – Sotheby’s Stop & Frisk, Verizon», Building Bridges Radio, 23 octubre de 2011, http://www.buildingbridgesradio.blogspot.com/ (acceso marzo de 2012). West Coast Occupy: http://www.occupytheegt.org/ (acceso marzo de 2012).

4 5

J. Elliot: «Keystone XL splits unions and Occupy Wall Street», en Salon.com (7 de noviembre de 2011, http://www.salon.com/2011/11/07/keystone_xl_splits_unions_and_occupy_wall_street/, acceso marzo de 2012). H. Lefebvre: «e explosion: Marxism and the French upheaval», en Monthly Review Press (1969).

6

Ambos autores llevan muchos años formando parte del movimiento obrero de los Estados Unidos y participando en su organización. Steven Toff, ex alumno de la GLU, es en la actualidad estudiante de Derecho especializado en regulación de servicios públicos en la Northeastern University de Boston, y Jamie McCallum es profesor de Sociología y Antropología en la Universidad de Middlebury en Vermont.

Trabajo decente 2.0
Frank Hoffer

Juan Somavia, desde hace años Director General de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), anunció que dejará su cargo en septiembre de 2012. Como Director de la OIT, en 1999 introdujo el Programa de Trabajo Decente con el objetivo de reorientar la labor de la OIT y conferirle relevancia de cara al siglo XXI. Doce años después, el concepto de «trabajo decente» está firmemente establecido en el debate internacional y como objetivo de política de los países. Aparece en muchos documentos del sistema multilateral, del G-20 y de foros de política nacional. Genera millones de entradas en Google. Es objeto de multitud de investigaciones y debates académicos. Está consagrado en varios convenios y declaraciones de la OIT, y el movimiento sindical internacional ha implantado la Jornada Mundial por el Trabajo Decente para promover los derechos de los trabajadores. El trabajo decente es tan omnipresente en los documentos de la OIT que algunos cínicos dicen: «Sea cual sea la pregunta, ¡la respuesta es trabajo decente!». ¿Sobrevivirá el concepto de trabajo decente a la marcha del Director General que acuñó el término y que tanto éxito tuvo en promoverlo? ¿Debe sobrevivir? La respuesta a la primera pregunta es una de las incógnitas de la realpolitik. La respuesta a la segunda pregunta depende de la valoración del significado de «trabajo decente» y de cómo debería evolucionar. El concepto de trabajo decente recuerda, en dos pala - El concepto de trabajo bras, los valores y los compromisos de la Constitución decente recuerda, de la OIT y de la Declaración de Filadelfia. Pero esta en dos palabras, los valores concisión tiene un precio. Expresa ampliamente una y los compromisos visión del mundo del trabajo, sin explicar cómo llegar hasta de la Constitución de la OIT ella, pero permitiendo a muchas personas apoyarla, lo que y de la Declaración explica su éxito como declaración de valor, y su debilidad de Filadelfia como política concreta de orientación.

Un concepto impreciso con un mensaje claro
A pesar de su generalidad, el trabajo decente no es trivial. Pone de relieve la importancia del trabajo en la vida, la independencia y la dignidad de las personas. Otorga un

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reconocimiento a todos los trabajadores por igual y subraya el trabajo como fuente de creación de valor, rechazando conceptos ideológicos y clasistas como la iniciativa empresarial, donde los ricos destacan una forma específica de trabajo como superior a otras, rebajando implícitamente la contribución a la creación de riqueza de profesores, albañiles, médicos, recicladores de desechos, diseñadores El trabajo decente incluye o cuidadores. El trabajo decente incluye a millones de a millones de trabajadores trabajadores que no están integrados en la economía que no están integrados en formal y exige condiciones de trabajo dignas para todas la economía formal las personas que trabajan, así como para aquellas que no deberían trabajar o que no pueden encontrar un trabajo adecuado. Engloba el concepto de derechos laborales, seguridad social, empleo de calidad y representación colectiva de los trabajadores. La vaguedad inicial del concepto puede justificarse por tres razones: en primer lugar, el desarrollo de un concepto exhaustivo lleva tiempo. En segundo lugar, debe desarrollarse a través de un proceso de deliberación amplio. Por último, a finales del decenio de 1990 se vivió una importante ola de neoliberalismo durante la cual toda actitud escéptica hacia el libre comercio, los mercados libres o las virtudes del espíritu empresarial se tachaba automáticamente como propia de «fanáticos de izquierdas» o como completamente pasada de moda. Lo mejor que el mundo podía esperar entonces era el neoliberalismo blairista de tres vías. Cualesquiera que sean las razones, no cabe duda de que, en el ruedo político, la OIT dio prioridad a la promoción del trabajo decente, pero no invirtió suficiente en la formulación de políticas concretas para promover su visión de futuro. «Trabajo decente 2.0», si se quiere que el concepto sobreviva hay que hacer algo al respecto. ¡Los tiempos han cambiado! La iniciativa empresarial sin trabas ha arruinado nuestras economías, los mercados de capital globales libres ya no son parte de la solución, sino parte del problema, y el movimiento Ocupar Wall Street es la prueba de que la gente está harta de un sistema que pide al 99 por ciento de la población que trabaje más duro para hacer que se enriquezca el 1 por ciento restante. Reinar en los mercados financieros, construir un sistema comercial justo, restaurar la capacidad del Estado para gravar y proporcionar servicios públicos de calidad, así como limitar las formas de poder y de competitividad en el mercado que son perjudiciales desde el punto de vista social, deben ser elementos clave para el resurgimiento de la gobernanza económica. 

Limitar el poder económico, una condición previa para la democracia
La democracia sólo sobrevivirá si los cargos elegidos pueden tomar decisiones de política sin limitarse a subordinar sus ciudadanos a la lógica darwiniana de una espiral descendiente global. En lugar de mejorar el control democrático sobre los mercados, los dirigentes europeos parecían actuar movidos por éstos cuando no vieron más

TRABAJO DECENTE 2.0

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alternativa que obligar al Primer Ministro griego a abandonar la idea de brindar a su pueblo la oportunidad de decidir el destino de su país a través de un referéndum democrático. Si es cierto que «realmente no hay alternativas», entonces, ¿de qué sirve tener derecho a voto? Son las personas, y no el poder del mercado, las que deben determinar la política y las decisiones de los gobiernos. Para ello es necesario un marco regulador mundial que limite la libertad del capital y apoye el desarrollo sostenible, la justicia social y la mayor igualdad, respetando y fortaleciendo el espacio de política para la toma de decisiones democrática a nivel nacional. Las normas internacionales del trabajo que abordan las necesidades de todas las personas trabajadoras y que garantizan un nivel mínimo de derechos sustantivos sociales y laborales son la contribución más importante de la OIT a este proceso. La reciente atención prestada a las normas fundamentales del trabajo, como se definen en la Declaración de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, proporcionó una mayor visibilidad y categoría de derecho humano a la eliminación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, y el derecho de libre asociación y de negociación colectiva. Pero la suma de neoliberalismo más normas fundamentales del trabajo se queda muy corta en lo que respecta a la aspiración inicial de la OIT, a saber, que las normas del trabajo deberían garantizar niveles sustanciales mínimos de protección a escala internacional con objeto de apoyar los esfuerzos de los movimientos obreros y las sociedades de los países para lograr mejores salarios, menos horas de trabajo, mayor seguridad en el lugar de trabajo, pleno empleo, democracia industrial e igualdad. Y lo que es más grave, se queda corta respecto de lo que se necesita para prevenir una espiral descendente potencialmente deflacionaria de las condiciones de trabajo en la crisis de hoy. Al día de hoy, el marco existente para la adopción, ratificación, aplicación y supervisión de las normas del trabajo no ha proporcionado los resultados previstos. Debería iniciarse una discusión abierta sobre cómo superar el dilema del prisionero que sufre el mecanismo actual de elaboración de las normas internacionales del trabajo, que ha limitado seriamente su efectividad: todos los gobiernos mejorarían su situación si acordasen cooperar, pero temen situarse en posición de desventaja competitiva si son los primeros en prestar su consentimiento. 

Normas internacionales del trabajo, algunas propuestas para mejorar su eficacia
La OIT ha sostenido durante decenios que este temor está injustificado, que las normas ayudan a garantizar la paz social y a reducir los costos de transformación e información en las sociedades. Las normas del trabajo contribuyen a una eficiencia económica dinámica, la violación de los derechos de los trabajadores no tiene como consecuencia mejores resultados comerciales, no existe una disyuntiva entre el mayor gasto para protección social y el crecimiento económico, y los países con mercados del trabajo

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liberalizados como los Estados Unidos y el Reino Unido están siendo desplazados por países con normas del trabajo más rigurosas como Alemania, Austria, Países Bajos o Suecia. El coeficiente de Gini es menor en los países que garantizan los derechos de los trabajadores, y las instituciones del mercado de trabajo son de vital importancia para reducir la desigualdad y garantizar que el aumento de la productividad se comparte entre el capital y la mano de obra. Resumiendo, la OIT ha presentado las normas como instrumentos que benefician a todos. A pesar de los datos que corroboran la repercusión positiva o neutra de las normas del trabajo bien formuladas, la OIT no ha logrado una ratificación amplia de sus convenios. No lo ha logrado porque respondía a la pregunta equivocada. En el fondo, las normas del trabajo no se rebaten por su relación con los resultados económicos, sino más bien por sus resultados en lo que respecta a la distribución y su potencial para dar poder a los trabajadores. Las normas del trabajo contribuyen al bien común de la justicia social, la igualdad y la democracia industrial al no permitir políticas para empobrecer al vecino, proporcionar un nivel de seguridad de los ingresos y unos servicios sociales básicos, limitar la libertad de los empleadores irresponsables y privarles del placer del poder sin límites frente a sus subordinados. Las normas del trabajo también cambian el equilibrio del poder en las sociedades. Inevitablemente, algunos pierden poder. Debatir la eficiencia económica sin mencionar la cuestión del poder es muy conveniente para las declaraciones de política consensuadas, pero no consigue abordar el factor clave que determina la aplicación de las normas del trabajo: que en el fondo no es la economía, es el poder. Un debate significativo sobre el futuro de las normas no puede limitarse a derechos humanos básicos por un lado, y a eficiencia económica por otro. Debe decir abiertamente que la regulación del mercado de trabajo pretende básicamente construir sociedades integradoras y democráticas contrarrestando el poder económico del capital a través de las facultades legales y los derechos de los trabajadores. Para lograrlo, las normas fundamentales del trabajo tienen que complementarse con derechos positivos sustantivos como el salario mínimo, las horas de trabajo, la protección de la maternidad y la seguridad social. La OIT no está liderando el debate intelectual y conceptual sobre el futuro de las normas del trabajo. Tampoco está proporcionando suficientes ideas innovadoras para garantizar que éstas cumplen con su cometido. Es importante mantener la maquinaria de supervisión existente, pero no basta. Algunas medidas sencillas que cabría adoptar para mejorar la efectividad podrían ser: • la celebración de audiencias públicas periódicas, obligatorias en los países no ratificantes, con parlamentarios de países ratificantes, con objeto de promover la ratificación;

TRABAJO DECENTE 2.0

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• la consolidación y modernización de las normas de trabajo existentes sin socavar los niveles existentes de protección; • el establecimiento de obligaciones financieras para los gobiernos que no contemplan la ratificación o la aplicación de convenios; • la creación de un fondo mundial para ayudar a los gobiernos a ratificar y a aplicar las normas del trabajo; • la evaluación del asesoramiento en materia de políticas de otras organizaciones internacionales y de las políticas gubernamentales en relación con el objetivo de justicia social según se define a través de las normas del trabajo; • la evaluación del trabajo decente y la presentación de datos nacionales comparables en el plano internacional sobre los avances respecto de los niveles de protección social y los derechos laborales, y • la concesión de un distintivo de «trabajo decente» a los países que hayan ratificado y apliquen una serie de normas del trabajo pertinentes acordadas internacionalmente. Los mercados tienen que estar gobernados, si no lo están son ellos los que nos gobiernan a nosotros. La necesidad de reglas y salvaguardas internacionales es hoy más evidente que nunca tras el desastre visible de la creencia en una mano invisible. Liberar el potencial de las normas internacionales del trabajo es un desafío y una oportunidad para el Trabajo decente 2.0. Para un proyecto con visión de futuro es preciso que las reglas o normas universales efectivas sean una realidad. Los «realistas cautos» sostienen que este sueño, en el mundo que hoy vivimos, es poco realista. Para los utópicos conservadores de la situación actual, los cambios no tienen posibilidades de prosperar. Pero si la pregunta es sobre el futuro del trabajo decente, la respuesta no está en un realismo cauto.

Frank Hoffer es investigador principal de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT. Escribe este artículo a título personal.

Trabajar para establecer un piso de protección social
Andreas Bodemer y Ellen Ehmke

El 75 por ciento de la población mundial no tiene o tiene un acceso insuficiente a la protección social. A pesar del gran legado de la seguridad social como derecho humano, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 22 y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9), se ha descuidado mucho su aplicación. Se han alegado multitud de pretextos para justificar esta grave injusticia. Supuestamente, la competitividad de la economía globalizada ha causado una escasez de recursos financieros disponibles para destinar a políticas sociales. Por un lado, los presuntos efectos negativos de la seguridad social para el crecimiento económico han justificado la aplicación de recortes a nivel mundial. Por otro lado, durante la crisis económica de 2009-2010 y posteriormente, muchos observadores confirmaron los beneficios que aportaba el amplio ámbito de aplicación de las estructuras de seguridad social existentes.

Reconocimiento creciente de la necesidad de una seguridad social
Entre estas voces discordantes, la necesidad de extender la seguridad social está cada vez más reconocida entre algunos gobiernos y en los foros internacionales1. Esto pudo observarse en la reunión de 2011 de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), cuando delegados de prácticamente todos los países – representantes de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos – reafirmaron que la seguridad social es un derecho humano fundamental y un requisito para el desarrollo social y económico. Para facilitar esta extensión, los delegados iniciaron un proceso que debería concluir con una recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social que se debatirá en la próxima reunión de la CIT en 2012. Según los delegados de la reunión de 2011 de la CIT, la recomendación debería proporcionar orientaciones a los Estados Miembros para desarrollar estrategias de extensión de la seguridad social que aumenten el número de personas cubiertas (extensión horizontal) y establezcan pisos de protección social nacionales. Esto debería combinarse con el incentivo para alcanzar niveles progresivamente más altos de protección (extensión vertical) orientados por instrumentos sobre seguridad social

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normativos de la OIT actualizados (principalmente el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)). Los cuatro elementos clave del piso de protección social deberían ser niveles mínimos de protección, definidos a escala nacional, antes, durante y después de la vida activa, incluidas prestaciones y pensiones para el cuidado niños y para desempleados, así como acceso a asistencia básica de salud. Además, la CIT reforzó el mandato de la OIT como organismo internacional en el seno del cual se mantendrían debates y se tomarían decisiones.

Contenidos objeto de debate de la nueva recomendación de la OIT
Si bien los procedimientos formales son inequívocos y podría llegarse a un acuerdo sobre los posibles componentes de los pisos de protección social, quedan muchas cuestiones abiertas para su discusión. Durante los debates de la CIT, los representantes de los trabajadores plantearon una serie de puntos que deberían incluirse en la recomendación, como las «definiciones de los principios generales de seguridad social, por ejemplo del enfoque basado en los derechos, las prestaciones adecuadas, la universalidad, la movilización de recursos, la financiación colectiva, una gobernanza financiera adecuada [...] directrices sobre el contenido del Piso de Protección Social [...] reconociendo los conceptos de las Naciones Unidas relativos al acceso a los servicios esenciales (agua, saneamiento, salud, educación), y un conjunto básico de transferencias sociales fundamentales»2. Pero muchas de estas cuestiones planteadas por los trabajadores – como la adecuación de los niveles de prestación, si las prestaciones deben ser universales, el alcance de la participación de los interlocutores sociales, la definición de metas para realizar avances (períodos de tiempo definidos y el aumento del porcentaje de la población con cobertura) – están siendo rebatidas, tanto a nivel nacional como internacional.

Desafíos para las organizaciones de trabajadores
Las organizaciones de trabajadores pueden desempeñar una función decisiva en la definición, aplicación, supervisión y cumplimiento de las Las organizaciones políticas de protección social. Por consiguiente, será de trabajadores pueden fundamental que se pongan en marcha y se movilicen a desempeñar una función todos los niveles para la reunión de 2012 de la CIT, con decisiva en las políticas de objeto de garantizar que la recomendación proporciona protección social orientaciones claras para el diseño, la financiación y la gobernanza, y un plazo para la aplicación de los pisos de protección social. Al hacerlo, el movimiento obrero se enfrenta a una serie de desafíos que también constituyen oportunidades de futuro. Un primer desafío está relacionado con la financiación de la protección social. Con independencia de otras reivindicaciones, la investigación de la OIT ha sido esencial

TRABAJAR PARA ESTABLECER UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

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para establecer que «ninguna sociedad es demasiado pobre como para no poder compartir»3. De hecho, estudios demuestran que países con niveles similares de gasto público (como proporción del PIB) gastan proporciones muy distintas de sus presupuestos (a menudo reducidos) en seguridad social. Según estudios de la OIT, pueden proporcionarse «paquetes» de transferencias sociales básicas (no incluida la atención de salud) a un nivel del 2 al 5 por ciento del PIB. Incluso para los países más pobres, como Burkina Faso, Etiopía o Nepal, se ha demostrado que pueden proporcionar elementos de estos «paquetes» como planes de Las inversiones en pensiones universales básicos (modestos) a un costo de protección social son entre el 1,0 y el 1,5 por ciento del PIB. En el Brasil el cuestión de opciones programa condicionado de prestaciones en efectivo políticas Bolsa Familia cubre a 46 millones de personas a un costo de sólo el 0,4 por ciento del PIB4. Las inversiones en protección social son, pues, cuestión de opciones políticas y de la capacidad para aplicarlas entre las diversas constelaciones de poder, más que de falta de disponibilidad de recursos fiscales. El movimiento obrero desempeña un papel clave en hacer que estas opciones sean visibles y, de manera concluyente, en cambiarlas cuando no puedan hacer de la seguridad social para todos una realidad. Un segundo desafío es la representación de las personas no organizadas. Ir más allá de la mera afiliación y desarrollar una visión integradora de la seguridad social es una oportunidad para que los sindicalistas resuelvan el problema entre incluidos y excluidos. Los debates en torno al Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), reflejaron que, con grandes esfuerzos por parte de las distintas partes interesadas, era posible cerrar la brecha entre trabajadores informales y formales y crear un grupo unido de trabajadores. En el proceso de formulación de la recomendación prevista sobre pisos de protección social, los trabajadores del sector formal deberán dialogar con los que trabajan en la economía informal para entender y aceptar sus necesidades en materia de seguridad social. Las organizaciones de trabajadores establecidas deberían valerse de su posición en los organismos de consulta y toma de decisiones para defender, junto a las personas aún no cubiertas y no organizadas, la protección social para todos. Será importante resolver el problema entre «incluidos y excluidos» a la hora de constituir coaliciones cívicas sólidas que puedan contrarrestar los intentos, por parte de grupos de intereses privados, de apropiarse de políticas públicas o evitar el cambio de políticas que es necesario emprender. En la constitución de estas coaliciones es importante que no se perciba a los sindicatos como un grupo con intereses clientelistas. Aunque algunos trabajadores puedan temer que el piso de protección social erosione los niveles de protección social que ya tienen, la reacción de defender las prestaciones de los de dentro a costa de los fuera no es viable a largo plazo. Ir más allá de las necesidades de los miembros actuales

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es un duro reto, pero puede resultar enriquecedor al abrir la puerta a nuevos miembros y a una representación general de los trabajadores más fuerte.

La protección social va más allá del alivio de la pobreza
A nivel mundial los trabajadores se enfrentan a un tercer desafío. El debate sobre la atenuación de los efectos negativos del actual orden económico mundial se ha venido centrando en la erradicación de la pobreza extrema. Aunque este enfoque puede parecer pragmático, lo cierto es que es reduccionista. Por lo general, pasa por alto el análisis de la muldimensionalidad de la pobreza, centrándose en «levantar» a las personas por encima del umbral de pobreza fijado internacionalmente. Pero el concepto de seguridad social tal y como lo presentan los representantes de los trabajadores en las reuniones de la CIT y en otros foros, va más allá del mero alivio de la pobreza o de la inversión en capital humano. La Confederación Sindical Internacional ya ha reclamado pisos de protección social por encima del umbral de la pobreza, suficientes para proporcionar niveles de vida dignos5. La seguridad social es una necesidad para todas aquellas personas que no pueden o no deben trabajar, como los niños, las mujeres que acaban de dar a luz, las personas enfermas, las personas de edad y las personas con discapacidad. Al igual que lo es para las personas sanas en edad de trabajar víctimas del desempleo o del subempleo, la baja productividad o empleos peligrosos que les impiden llevar una vida digna. Con la seguridad social de lo que se trata es de crear un entorno en el que cada persona pueda desarrollar todo su potencial, sin hambre, carencias o enfermedades. Se trata de que todos puedan vivir y trabajar con dignidad. Las organizaciones de trabajadores pueden valerse del debate en torno a la recomendación de la OIT para retar el enfoque minimalista dominante. En términos generales, los debates a nivel mundial y nacional en torno a los pisos de protección social brindan la oportunidad al movimiento obrero de ser parte destacada de un movimiento popular más amplio para poder ejercer presión sobre los gobiernos a fin de incorporar en la política nacional las disposiciones relativas a la protección social, así como las políticas laborales y económicas equitativas correspondientes.

Notas
1 OIT: Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet (Ginebra, 2011). 2

Puede consultarse más información sobre los debates de la recomendación en el Informe de la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social (Ginebra, 2011 en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157813.pdf ).

3

OIT: Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico (Ginebra, 2009, pág. 13).

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4

OIT: Can low-income countries afford basic social security? (Ginebra, 2008).

5

Confederación Sindical Internacional: 2º Congreso Mundial, Resolución sobre hacer extensiva la protección social y garantizar una buena salud y seguridad laboral (Vancouver, junio de 2010).

Andreas Bodemer, ex miembro de la Fundación Hans Böckler, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Antes de incorporarse a Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT en Ginebra, trabajó en la oficina de Bruselas de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB). En sus investigaciones se interesa por la política social mundial, las normas internacionales del trabajo y los sindicatos. Ellen Ehmke es becaria doctoral asociada del Centro Internacional de Desarrollo y Trabajo Decente (ICDD), un proyecto académico de cooperación Norte-Sur de la Universidad de Cassel. Su investigación se centra en las políticas de protección social de los países no pertenecientes a la OCDE. Ha trabajado como consultora para el Departamento de Seguridad Social de la OIT y ha impartido clases de Política Social en Cassel y en Berlín.

Reforma sindical y legislación laboral en China: entrevista con dos activistas sindicales
Elaine Sio-ieng Hui
Una ola de resistencia obrera arrasó China en 2010, con el suicidio de algunos trabajadores de Foxconn (fabricante multinacional de productos electrónicos) y una gran huelga en Honda que atrajo una enorme atención social, tanto local como internacional. Esta situación ha obligado al Gobierno chino a presentar algunas iniciativas de política nuevas para frenar el malestar social, que incluyen una reforma sindical y legislación relativa a la negociación colectiva. Ante estas reformas laborales, se plantean una serie de preguntas: • ¿Cuál es el objetivo de la reforma laboral? • ¿Cuáles son los factores decisivos que pueden hacer que los trabajadores se beneficien de dicha reforma? • ¿Pueden los sindicatos estatales subordinados al partido del poder transformarse para servir los intereses de los trabajadores? En una entrevista realizada en 2011 Monina Wong, Directora de la Oficina de Enlace de Hong Kong de la Confederación Sindical Internacional / Federación Sindical Internacional1 (IHLO) y Parry Leung, Presidente de la Organización de Estudiantes y Académicos Contra la Mala Conducta Corporativa2 (SACOM), intercambiaron sus puntos de vista sobre estas cuestiones, basándose en conversaciones mantenidas con trabajadores. Elaine Sio-ieng Hui [E]: ¿Qué tipo de cuestiones laborales se han planteado a raíz de los suicidios de trabajadores acaecidos en Foxconn en 2010? Parry Leung [P]: Aunque casi no viola ninguna ley, Foxconn, un proveedor con muchas marcas electrónicas internacionales, aplica un régimen de producción muy opresivo en el cual los trabajadores no tienen modo alguno de expresar su descontento. Se sentían tan desesperados que recurrieron al suicidio como demostración silenciosa de su resistencia. Considero que, independientemente de la medida en que los trabajadores

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migrantes internos procedentes de las zonas rurales hayan sido explotados en las fábricas de las ciudades, por lo general, aún pueden, por poco que sea, mostrar su resistencia, a través, por ejemplo, de huelgas o bloqueando carreteras. Pero en Foxconn esto no es posible. La empresa no sólo controla rigurosamente el proceso de producción en las fábricas, sino también la vida privada de los trabajadores. Por ejemplo, todos los trabajadores deben pernoctar en los dormitorios de la empresa, pero a los que proceden de la misma provincia o trabajan en la misma línea de producción no se les permite compartir el mismo dormitorio; se trata de una táctica para evitar que se entablen relaciones y se establezcan apoyos entre ellos. Otro ejemplo de los atentados por parte de Foxconn a la vida privada de sus trabajadores es que todas las llamadas que se efectúan desde el dormitorio al teléfono de emergencias de la policía se desvían automáticamente a la central de seguridad del sector; Foxconn ha creado un pequeño reino propio libre de injerencias externas. E: La huelga de 2010 de los trabajadores de Honda, que duró diecisiete días e implicó a más de 1.800 trabajadores que exigían un aumento salarial, se considera como el inicio de una nueva etapa de la resistencia obrera en China. ¿Cuáles son las repercusiones para las relaciones laborales en China? Monina Wong [M]: La huelga concluyó con un aumento salarial del 32,4 por ciento para los trabajadores de Honda, que han mostrado un alto nivel de conocimiento de la posición que ocupan en el proceso de producción y son conscientes de la gran repercusión de su huelga en la producción de la empresa en su conjunto. También han dado muestra de un conocimiento claro de cómo deben funcionar los sindicatos: se indignaron cuando se dieron cuenta que el sindicato La huelga de trabajadores de la empresa estaba del lado de la dirección en lugar de de Honda es la más eficaz apoyar a los huelguistas. En los últimos decenios solíe influyente llevada a cabo amos tratar a los inmigrantes chinos como objetos por trabajadores migrantes explotados que necesitaban protección del exterior. Ahora vemos que son agentes activos que tienen la conciencia laboral necesaria para lograr sus intereses con medios colectivos. Hasta la fecha, la huelga de los trabajadores de Honda es la más efectiva e influyente llevada a cabo por trabajadores migrantes, que se han mostrado capaces de alterar la producción regional de una compañía transnacional. La confrontación física entre los dirigentes sindicales (que se decantaban por la dirección) y los trabajadores durante la huelga ha desencadenado un importante debate social sobre el papel que deben desempeñar los sindicatos chinos. Tras la huelga, la Federación de Sindicatos de China (ACFTU), sindicato oficial dirigido por el partido en el poder, y el Gobierno intentaron aliviar el descontento que reinaba entre los

REFORMA SINDICAL Y LEGISLACIÓN LABORAL EN CHINA

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trabajadores acelerando la introducción de la reforma laboral, así como de legislación sobre negociación colectiva. Es bueno saber que estas dos cuestiones han pasado a formar parte del programa de la ACFTU. Sin embargo, la mayor parte de la formación sindical actual, si es que hay alguna, está dirigida por la ACFTU, mientras que otros agentes relativamente independientes (como los sindicatos internacionales o las ONG obreras) no desempeñan papel alguno en el proceso. El grado de democracia y de responsabilización y rendición de cuentas de que disfrutan los miembros de los sindicatos y de la ACFTU es, hoy por hoy, bajo. Por consiguiente, necesitamos una educación sindical entre los dirigentes sindicales que goce de un cierto grado de independencia, con objeto de asegurar la aplicación efectiva y genuina de la reforma sindical y del mecanismo de negociación colectiva. E: Recientemente, el Gobierno chino y la ACFTU promovían una legislación sobre la negociación colectiva. Según su opinión, ¿qué fuerzas están impulsando esta situación? M: En 2004 el Gobierno intentó crear un mecanismo de negociación colectiva en el lugar de trabajo mediante regulaciones ministeriales sancionadas por la Oficina de Trabajo y Seguridad Social, pero no resultó muy efectiva, ya que fueron pocas las empresas que siguieron las instrucciones. En 2005 la ACFTU empezó a sindicar las empresas de China que figuraban en Fortune 500. Seguidamente se establecieron sindicatos en Wal-Mart y en muchas otras empresas extranjeras, pero muchas personas saben que son sindicatos únicamente sobre el papel y que los convenios colectivos que firmaron con las empresas no son más que una formalidad. Tras el estallido de la crisis mundial en 2008 muchas empresas del delta del río Pearl cerraron. El Gobierno central y muchos gobiernos locales se dieron cuenta de que la economía del país ya no podía depender por completo de las empresas orientadas a la exportación y de que tenían que desarrollar una economía basada en el consumo. En este contexto, la ACFTU y el Gobierno han recuperado impulso para avanzar en la introducción de legislación sobre negociación colectiva, que confían les lleve a un aumento de los salarios y, consecuentemente, a un mayor consumo por parte de los trabajadores. Esperan asimismo que estas medidas ayuden a reducir el malestar social y mantengan la estabilidad política. P: La legislación sobre negociación colectiva guarda relación con las olas de resistencia obrera registradas en el país, en especial en China meridional, en los últimos decenios. El Gobierno es consciente de la intensidad cada vez mayor del malestar social, que ha estado intentando aliviar con un enfoque jurídico individualizado: esto explica la promulgación en 2008 de la Ley sobre contratos de trabajo y la Ley sobre mediación y arbitraje en conflictos laborales centradas en los derechos jurídicos individuales. Sin

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embargo, tras el estallido de la crisis económica mundial en 2008, está claro que este enfoque jurídico individualizado ya no funciona. Por un lado, el número de conflictos laborales aumentó por entonces de forma espectacular, y el hecho de que fueran tantos los trabajadores que recurrieron al arbitraje llevó a una sobrecarga de los tribunales; los trabajadores tuvieron que esperar un promedio de nueve meses para que se tramitasen sus reclamaciones. Por otro lado, muchos de los conflictos laborales trascienden la legislación existente, por lo que el tribunal no pudo resolverlos efectivamente Como el enfoque jurídico individualizado no puede dar respuesta adecuadamente a las demandas de los trabajadores, muchos recurren a medios colectivos como las huelgas o los bloqueos de carreteras para defender sus intereses. Con objeto de adelantarse a los disturbios laborales y evitar que se conviertan en revueltas sociales, el Gobierno está intentando disminuir el descontento de los trabajadores mediante la negociación colectiva. Aunque la legislación sobre negociación colectiva propuesta proporciona algo de margen para la organización colectiva de los trabajadores sigue siento muy limitativa. Por ejemplo, sólo permite a los trabajadores negociar determinadas cuestiones (como los salarios, las horas de trabajo y las prestaciones sociales) con los empleadores. Además, la negociación colectiva sólo la pueden llevar a cabo los sindicatos, a pesar de que muchos delegados sindicales están nombrados por las empresas o por sindicatos de más alto nivel; a los trabajadores no se les permite elegir a sus propios representantes para que negocien en su nombre. El Gobierno está intentando erradicar factores que puedan provocar malestar social mediante la formulación de legislación sobre la negociación colectiva; intenta que los trabajadores descontentos que se encuentran en actitud de resistencia abierta cambien de postura y participen en procesos de negociación. Y, lo que es más, ha pasado a los sindicatos dirigidos por el partido las riendas de la negociación para garantizar que quede bajo control. E: ¿Qué función desempeñan los sindicatos dirigidos por el partido en el poder en la promoción del mecanismo de negociación colectiva? M: Un sistema de negociación colectiva legítimo debería incluir el proceso de consulta a sus miembros antes de que los sindicatos negocien con los empleadores. Sin embargo, en China la ACFTU ha utilizado un enfoque verticalista. Su práctica habitual es el envío de invitaciones para negociaciones colectivas a empleadores y la suscripción de acuerdos sin informar o consultar a sus miembros. La participación democrática es un proceso destinado a educar a los trabajadores sobre el verdadero sindicalismo. Pero en China la «negociación» suele estar orientada a los objetivos, y los objetivos (por ejemplo, el aumento salarial) no deben contradecir las condiciones del «contexto más amplio». La concesión de prioridad al «contexto más amplio», según la definición del

REFORMA SINDICAL Y LEGISLACIÓN LABORAL EN CHINA

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partido y del Gobierno, resulta en «negociaciones» dirigidas por la administración, no por los trabajadores. Teniendo esto en cuenta, y para construir en China un sistema de negociación colectiva legítimo, los sindicatos deberían empezar por emprender una reforma adecuada, permitiendo la participación democrática y de las bases de modo que puedan representar verdaderamente los intereses de los trabajadores. Por el momento, existen muchos sindicatos falsos en las empresas; para abordar este problema, es muy importante que el conocimiento de los sindicatos que tengan los trabajadores se cultive adecuadamente, de modo que entiendan la importancia de que sus representantes sindicales sean capaces de representar sus intereses y les rindan cuentas. Un elemento esencial para lograrlo es conseguir que los sindicatos sean financieramente independientes de las empresas o del Gobierno. En el pasado, la mayoría de los dirigentes sindicales de las empresas estaban pagados por las propias empresas, mientras que la tendencia actual es que el Gobierno pague sus salarios. Ninguna de estas prácticas es la ideal; en cualquiera de los casos harán de los sindicatos de las empresas sindicatos de la dirección o sindicatos del partido.

Epílogo de la entrevista
Esta entrevista tuvo lugar el 10 de marzo de 2011. Tras casi un año, se ha suspendido la aplicación de la normativa sobre la dirección democrática de empresas y de la ordenanza sobre consultas colectivas de Shenzhen debido a que muchas cámaras de comercio extranjeras se oponían a los dos instrumentos legislativos. En Hong Kong, China, más de cuarenta asociaciones comerciales publicaron su petición en periódicos y algunos de sus representantes hicieron visitas oficiales al Gobierno central y al de Guangdong para manifestar su preocupación (Sing Tao News, 27 de septiembre de 2010; Ming Pao, 10 de septiembre de 2010). Un especialista chino en cuestiones jurídicas, que ha sido consultado por el gobierno de Shenzhen sobre diversos reglamentos laborales, indicó que muchos inversores extranjeros se oponían a la legislación sobre negociación colectiva en China meridional. El 2 de enero de 2012 trescientos trabajadores de Foxconn en Wuhan intentaron obligar a un fabricante mundial de Taiwán, China a aumentar los salarios, amena zándolo con suicidarse colectivamente (HuffPost Tech, 15 de enero de 2012). Y, recientemente, Apple ha permitido a la Fair Labor Association (FLA) auditar las fábricas de Foxconn en China. Sin embargo, algunas ONG obreras, como la GoodElectronics Network y la SACOM han señalado que la auditoría de la FLA no se llevó a cabo debidamente, ya que se informó a Foxconn de la investigación con antelación, lo que contradice la práctica habitual de que las auditorías no deben anunciarse. Como resultado, Foxconn fue capaz de ocultar sus abusos, por ejemplo, organizando que los trabajadores menores de edad no se encontrasen trabajando durante la investigación de la FLA.

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La reforma laboral en China aún tiene mucho camino que recorrer

Parece que los trabajadores chinos siguen trabajando en condiciones deficientes y sus derechos básicos siguen sin estar protegidos. La reforma laboral en China, si es que la hay, aún tiene mucho camino que recorrer.

Notas
1

La IHLO es la Oficina de Enlace en Hong Kong del movimiento sindical internacional, que tiene el mandato de apoyar y representar al movimiento sindical internacional en Hong Kong, China, y supervisar los derechos de los sindicatos y de los trabajadores, así como la evolución política y social en China. Encontrarán más información en su sitio web: http://www.ihlo.org.
2

La SACOM tiene por objeto reunir a estudiantes, académicos, activistas laborales y consumidores para supervisar la conducta corporativa y defender los derechos de los trabajadores. Colabora con diversas ONG de trabajadores para proporcionar formación en el lugar de trabajo a trabajadores de fábricas de China meridional. Encontrarán más información en su sitio web: http://sacom.hk/mission.

Elaine Sio-ieng Hui está preparando su doctorado en la Universidad de Cassel (Alemania).

Campañas mundiales en línea sobre cuestiones obreras: los próximos diez años
Eric Lee

En noviembre de 2011 la dictadura militar de Fiji encarceló a dos de los dirigentes sindicales más destacados del país. Tras el lanzamiento de una campaña en línea patrocinada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el sitio web LabourStart, se enviaron alrededor de 4.000 mensajes de protesta en menos de 24 horas. El Gobierno transigió, los dirigentes sindicales fueron liberados y se suspendió la campaña. Un mes antes, en la India, los trabajadores de Suzuki afectados por un cierre patronal pusieron en marcha una exitosa campaña en línea a través de la Federación Internacional de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y LabourStart. Cerca de 7.000 mensajes inundaron las bandejas de entrada de las computadoras de la empresa, y transcurridos sólo unos días, se llegó a un acuerdo. El éxito clamoroso de estas campañas es la culminación de un proceso, que ha durado un decenio, de fortalecimiento de la capacidad para llevar a cabo campañas del movimiento sindical internacional, concretamente de la CSI y las federaciones sindicales mundiales (como la FITIM), así como de fortalecimiento de la función desempeñada por LabourStart en dicho proceso. Este breve ensayo se centra en el tema, más bien circunscrito, de las campañas mundiales en línea sobre cuestiones laborales, analiza de dónde venimos, dónde nos encontramos en la actualidad, y especula sobre lo que nos deparará el futuro. El movimiento obrero mundial ya lleva más de un cuarto de siglo haciendo campañas en línea. Las primeras secretarías sindicales internacionales (que en la actualidad conocemos como federaciones sindicales El movimiento obrero mundiales o FSM) empezaron a actuar en línea en el mundial ya lleva más decenio de 1980 y han estado realizando campañas de un cuarto de siglo por esta vía desde entonces. Desde hace alrededor haciendo campañas de un decenio también hemos organizado campañas en línea utilizando una combinación de envío masivo de correos electrónicos y herramientas basadas en la red, en su mayoría tomando como modelo exitosos sitios web que realizan campañas en línea como Avaaz, MoveOn (Estados Unidos) y 38 Degrees (Reino Unido).

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Hoy, la CSI y las FSM tienden a hacer campañas utilizando LabourStart o un sistema similar y basado en el programa a medida y modelo de LabourStart. Como resultado, las listas de correo de LabourStart han ido creciendo a un ritmo constante, desde unos pocos miles a las más de 80.000 que tienen en la actualidad. Estas listas de correo de activistas sindicales son la esencia de las campañas en línea actuales sobre cuestiones laborales. Nos permiten enviar 4.000 mensajes de protesta en 24 horas, como se hizo en el caso de Fiji. Pero el potencial es infinitamente mayor. Por ejemplo, la CSI afirma que representa a 175 millones de trabajadores en más de 150 países. Los 80.000 nombres de activistas de las listas de LabourStart no son más que una ínfima fracción de este número, ni siquiera la mitad del 1 por ciento. Otras organizaciones de campañas, que han salido de la nada, sin una base de miembros como los sindicatos, tienen muchos más seguidores. Por ejemplo, Avaaz afirma que tiene más de 10,3 millones en todo el mundo; 38 Degrees, del Reino Unido declara que tiene alrededor de 800.000 seguidores. Los sindicatos han tardado en darse cuenta de la importancia de las campañas en línea, y como resultado, van muy por detrás de ONG como las mencionadas. Las razones por las que los sindicatos van muy por detrás en la adopción de la tecnología de las campañas en línea son complicadas, y varían de un sindicato a otro y entre los países. Como se demostró con el uso generalizado de redes sociales como Facebook durante la Primavera árabe, en este caso no hay división Norte-Sur que valga. Algunos de los sindicatos más fuertes de varios de los países más ricos no le sacan demasiado partido a la red. Y sindicatos de países como el Brasil o la República de Corea han llevado a cabo campañas muy efectivas en la red. El movimiento sindical mundial ya está experimentando problemas de fatiga ante el exceso de campañas y sobrecarga de información. Se teme que el modelo de campaña que ha funcionado bien durante un decenio esté flaqueando. Y nos preguntamos qué es lo que viene ahora.

¿Y ahora qué?
Una tendencia perceptible es el crecimiento del número de idiomas en los que se hacen las campañas. Por ejemplo, en una campaña llevada a cabo en noviembre de 2011 en apoyo de los trabajadores del metal afectados por un cierre patronal, LabourStart lanzó versiones en trece idiomas (Avaaz trabaja en catorce idiomas). Esto está a años luz de los tiempos en que los sindicatos utilizaban únicamente el inglés, el francés y el español cuando publicaban en línea. Prácticamente todas las campañas de LabourStart se hacen en turco, árabe, ruso, chino y japonés, idiomas muy importantes para el movimiento sindical internacional, pero que hace un decenio raramente podían verse en los sitios web obreros internacionales. Es muy posible que en el próximo decenio veamos cómo se utilizan aún más idiomas (en particular de países con clases trabajadores industriales en aumento) como son el bahasa, indonesio, coreano, portugués, tailandés, tagalo y vietnamita. Dentro de un decenio, no será extraño ver campañas en línea en docenas de idiomas.

CAMPAÑAS MUNDIALES EN LÍNEA SOBRE CUESTIONES OBRERAS: LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

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Los activistas más sofisticados (y con buena financiación) de la sociedad civil orientan cada vez más sus campañas, en lugar de utilizar la misma versión para todas. Si usted ha mostrado interés en un tema en particular, o viene de un país determinado, o habla un idioma concreto, recibirá correos electrónicos sobre campañas que, con toda probabilidad, le interesarán. También podrán tantearle para campañas de seguimiento, ya que sabemos, por experiencia, que una campaña por si sola raramente resuelve problemas difíciles o que llevan tiempo planteándose. Como mínimo, observaremos cómo se crean amplias bases de datos, donde los seguidores se clasifican en función de las campañas que han apoyado, y los sindicatos mundiales podrán utilizarlas para construir sus propias redes de activistas centradas en temas o regiones específicos. También es muy probable que durante el próximo decenio cambie el modo de concebir las campañas. Aunque es demasiado simple decirlo así, hemos atravesado dos fases en los diez últimos años. En la primera fase, LabourStart contactaba con la CIS (o su predecesora, la CIOSL) y con las FSM para proponerles un componente en línea de sus campañas tradicionales. En cambio, en los últimos años, las que se han dirigido a LabourStart con un número cada vez mayor de campañas para promover en línea son las FSM. A medida que aumenta el número de campañas propuestas, se prioriza más e incluso se rechazan algunas. Una tercera fase podría incluir la participación de los propios seguidores de las campañas en el proceso, algo que ya se está haciendo en 38 Degrees. Cuando hay cuestiones antagónicas que requieren nuestra atención, podemos permitir a los seguidores que voten en línea por las campañas que consideran deben promocionarse. Es cierto que se trata de una idea bastante radical y ajena a la tradición de la mayoría de los sindicatos. Habitualmente, las campañas de los sindicatos se deciden en las oficinas centrales, y no a través de votaciones de los trabajadores. No obstante, parece muy probable que sea necesario que nos dirijamos hacia una toma de decisiones en la que participe la base, de tradición democrática, y no sólo porque ofrezca una solución al problema de la priorización. También brinda a los participantes en las campañas un sentido de la propiedad, que también es importante. El modelo de campaña obrera mundial en línea sigue muy centrada en la computadora personal. Imaginamos a miles de sindicalistas trabajando en oficinas, sentados en sus mesas, leyendo correos electrónicos, haciendo clic en un enlace, abriendo un sitio web y cumplimentando un formulario. Pero dentro de diez años, y en cierta medida hoy, no es así como se harán las cosas. Hoy, un porcentaje significativo de los que se enteran de las campañas obreras en línea a través de su mensajería electrónica, leen su correo en un smartphone. Si hacen clic en un mensaje, el sitio web que se abre debe verse correctamente en una pantalla muy pequeña, y la introducción de datos, como el nombre y la dirección de correo electrónico debe ser lo más sencilla y fácil posible. Pocos sindicatos han tenido esto en cuenta, pero será esencial tenerlo presente en los próximos años.

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Como resultado, es probable que veamos un aumento de los programas informáticos de campañas específicas para pantallas pequeñas destinadas a los sindicatos. Estos programas deberán ser independientes de las plataformas y ser compatibles con todo tipo de teléfonos y tabletas. Y, está claro que el sistema de envío de mensajes electrónicos a sitios web está desapareciendo, ya que cada vez más personas utilizan redes sociales como Twitter y Facebook para sus comunicaciones en línea. Entre los jóvenes, los estudios revelan un descenso del uso del correo electrónico y un aumento del de otras herramientas, incluido el servicio de mensajería Blackberry (BBM) y los demensajes cortos (SMS). Los sindicatos deben tener esto presente cuando decidan cómo promover sus campañas, y es probable que, dentro de diez años necesiten utilizar varios tipos de medios de comunicación simultáneamente, incluidas las redes sociales y la mensajería instantánea, para llegar a sus miembros y seguidores. Es probable que el correo electrónico siga siendo parte del paquete, pero ya no será el único medio de hacer correr la voz. Dentro de diez años es muy probable que hayamos descubierto que las campañas de protesta en línea pueden hacer otras cosas, además de colapsar las bandejas de entrada de las computadoras de los empleadores y los gobiernos con mensajes. Tal vez sigamos haciéndolo, pero tenemos que encontrar otros medios de presionar a los gobiernos y a los empleadores para que respeten los derechos de los trabajadores. Una de las herramientas tradicionales de los sindicatos y que se ha infrautilizado en los últimos años ha sido la campaña de boicot, y su opuesta, la campaña por un consumo basado en la producción a cargo de obreros sindicados. Ambas pueden llevarse a cabo en línea eficazmente, a una fracción del costo de las antiguas versiones por vía ordinaria. En un mercado hipercompetitivo, el que los sindicatos consigan que una pequeña parte de las ventas de una compañía disminuya, o aumente para otra, puede aportarnos la influencia que nunca hemos tenido en el pasado. Y más allá de utilizar nuestro poder como consumido Podemos considerar res para recompensar o castigar a las empresas, podemos la posibilidad de utilizar fijarnos en el ejemplo de la primavera árabe y considerar la las campañas en línea posibilidad de utilizar las campañas en línea no sólo para movilizar a las personas para presionar, sino como instrumento para movilizar a a que salgan a la calle las personas a que salgan a la calle. Dentro de diez años los sindicatos mundiales seguirán llevando a cabo campañas en línea, pero el modo de trabajar será radicalmente distinto al de hoy, y el resultado serán unos sindicatos más fuertes y efectivos. Pero, para conseguirlo, debemos estar abiertos a nuevas ideas y a nuevas formas de trabajar.
Eric Lee es redactor en jefe y fundador de LabourStart, el sitio web de noticias y campañas del movimiento sindical internacional.

PARTE IV Mirando hacia el futuro

Siete razones por las que tiene sentido una renta universal en los países de medianos ingresos
Hein Marais

¿Es la creación de empleo el mejor modo de conseguir el bienestar para todos en países con un desempleo elevado y crónico? No, sobre todo en países ricos de ingresos medianos como Sudáfrica, donde el muy alto desempleo va unido a elevados índices de pobreza. A continuación se detallan siete razones por las que tiene más sentido conceder una renta universal.

1.

Millones de sudafricanos no pueden aspirar a un salario digno y seguro

Mientras que los beneficios del modesto crecimiento económico de Sudáfrica se acumulan en pequeños grupos de la sociedad, cerca de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y la desigualdad de los ingresos es mayor que nunca. La creación de empleo mejoró ligeramente con la aceleración del crecimiento económico de principios del siglo xxi. Entre 2002 y 2008 se crearon unos tres millones de «oportunidades de empleo» La semántica es importante. Muchas de estas «oportunidades» no merecían el nombre de «empleos». Se dividieron más o menos por igual entre los sectores formal e informal, y se obtuvieron principalmente a través de programas públicos de empleo, servicios empresariales y los sectores comerciales mayorista y minorista. Muchos de ellos eran execrables, inseguros y estaban mal pagados. La tasa media de desempleo de los países de ingresos medianos está entre el 5 y el 10 por ciento, en Sudáfrica ronda el 25 por ciento. Y si se añaden los trabajadores que han renunciado a buscar un trabajo, la tasa real se sitúa alrededor del 35 por ciento. Desde finales de 2008 el sector privado ha estado suprimiendo puestos de trabajo y el sector público intentando incorporar nuevos. Es un juego interminable de a ver quién atrapa a quién.

2.

Un empleo no significa protección automática contra la pobreza

El hecho de contar con un empleo asalariado es el factor más importante por si solo que determina la pobreza de un hogar. Pero tener un salario no garantiza que no se vaya a ser pobre. Son muchos los trabajadores que tienen un salario tan bajo y con

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condiciones tan deficientes que sus empleos no les protegen contra la pobreza. Esta situación se da cada vez más en empleos del sector formal. Cerca de una quinta parte (alrededor de 1,4 millones) de los trabajadores del sector Gran número formal en Sudáfrica ganaron menos de 1.000 rands de trabajadores tienen (125 dólares de los Estados Unidos) al mes a mediados un salario tan bajo y con del primer decenio del siglo xxi, según datos esta-dísticos condiciones tan deficientes del país. Dos factores impulsan estas tendencias: el que sus empleos no les cambio hacia el uso de mano de obra ocasional y protegen contra la pobreza subcontratada, y la disminución relacionada de los salarios reales de los trabajadores poco calificados. El salario medio real se mantiene por la mejor situación económica de comparativamente pequeños números de trabajadores muy calificados y muy bien remunerados. Los trabajadores sin educación superior perdieron alrededor del 20 por ciento de su salario real medio, y las mujeres del sector formal ganaron menos en términos reales y relativos en 2005, en comparación con 1995. Desde finales del decenio de 1970 hasta el decenio de 1990 las empresas sudafri canas intentaron competir y mantener los niveles de beneficios actualizando la maquinaria e introduciendo nuevas tecnologías para obtener una productividad mayor y reducir la dependencia en los trabajadores militantes y organizados. A la larga, los dividendos disminuyeron, y las devaluaciones desde mediados del decenio de 1990 inflaron el costo de la tecnología de importación. La búsqueda de beneficios exigía otra vuelta de tuerca, y se aplicó a los salarios y a las condiciones laborales de los trabajadores que no estaban lo suficientemente protegidos por la legislación laboral o la sindicación en las fábricas. Los beneficios de las empresas aumentaron, pasando del 26 por ciento en 1993 al 31 por ciento en 2004, mientras que los salarios de trabajadores cayeron del 57 al 52 por ciento. En la actualidad, las empresas se apoyan en un núcleo cada vez menor de trabajadores cualificados a tiempo completo y en un mayor número de mano de obra menos cualificada, mal remunerada, y ocasional o subcontratada. En 2008, según el Ministerio de Trabajo, alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo tenía empleos ocasionales o temporales. La creación de empleo es vital. Pero ya no es lo más importante, por lo menos en el tipo de economía y mercado laboral que define Sudáfrica. La búsqueda de más – y mejores – empleos debe darse como parte de la más amplia realización de los derechos sociales.

3.

Las prestaciones sociales alejan a miles de personas de la miseria, pero ya no responden a la realidad de hoy

La trascendencia del sistema de prestaciones sociales está más allá de toda duda. Según Statistics South Africa, el aumento de los ingresos registrado entre el 30 por ciento más

SIETE RAZONES QUE JUSTIFICAN UNA RENTA UNIVERSAL EN LOS PAÍSES DE MEDIANOS INGRESOS

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pobre del país después de 2011 se debió principalmente a la concesión de prestaciones sociales (especialmente las subvenciones para el cuidado de los niños). Al día de hoy, son el mejor instrumento de alivio de la pobreza que tiene Sudáfrica. Los beneficiarios aumentaron drásticamente desde 2000. Los 2,6 millones de receptores de pensiones y prestaciones sociales aumentaron a cerca de 14 millones en 2010. En 2007 alrededor del 43 por ciento de los hogares recibieron como mínimo un subsidio social; en la mitad de los casos, las pensiones o ayudas fueron la principal fuente de ingresos. Muy probablemente, una gran proporción de hogares con bajos ingresos tendrían graves problemas para salir adelante si no fuese por estas ayudas. El sistema actual de protección social gira en torno a la ficción de que, antes o después, todos los trabajadores encontrarán un trabajo decente. Así pues, los subsidios se diseñaron para ayudar a las personas que, por motivos de edad de o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas vendiendo su mano de obra. Mientras, los empleados tienen acceso a protección subvencionada por el empleador o el trabajador (vinculada a la situación en el empleo), pero son muy numerosos los trabajadores vulnerables que no cumplen las condiciones para acceder a estas ayudas y no se benefician de disposiciones laborales que dependen de la situación laboral.

4.

La protección social específica otorgada en función del nivel de renta conlleva una administración pesada, costosa y humillante

La mayoría de los Estados prefieren racionar las subvenciones en efectivo condicionándolas y vinculándolas a determinadas situaciones. Sudáfrica no es una excepción (aunque sólo la subvención para el cuidado de los niños está condicionada por la situación en el empleo en este punto). Esto es administrativamente caro, y tiende a resultar difícil, especialmente cuanto resulta complicado determinar los ingresos de una persona, y cuando es probable que dichos ingresos fluctúen considerablemente. Se corre el riesgo de crear divisiones arbitrarias entre los que se benefician de subsidios sociales y los que no. Es por ello que sus detractores tachan este enfoque de caro, ineficiente y de que «atenta contra los principios básicos de igualdad», como dice el economista y ex funcionario de la OiT Guy Standing. La mayoría de los subsidios condicionados al nivel de renta conllevan interacciones onerosas y humillantes con el Estado, consistentes básicamente en «demostrarle» a un extraño que se es pobre e incapaz de valerse por sí mismo o de mantener a la propia familia. Es por ello que tienden a ir acompañados de sentimientos de vergüenza y estigma. Un subsidio universal sería aplicable a todos los ciudadanos adultos y no sería ni condicional ni estaría condicionado o sujeto al nivel de renta. A través del sistema fiscal se les deducirían los subsidios a las personas que no los necesitasen por contar con ingresos suficientemente elevados. Los subsidios constituirían una piedra angular de un sistema de protección social más amplio.

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5.

Una renta universal es una medida desarrollista que promovería el bienestar

Las transferencias de efectivo aportan importantes beneficios que contribuyen a combatir la pobreza, promover el desarrollo y potenciar la economía. Los efectos observados incluyen la disminución del raquitismo en niños y mejores niveles de nutrición, así como un aumento de la tasa de matriculación en la escuela primaria. En un proyecto piloto localizado de introducción de una renta universal en Namibia, disminuyó la malnutrición infantil y aumentó notablemente la asistencia a la escuela en seis meses. Los beneficiarios también pasaron a ser más activos en actividades generadoras de ingresos. A través de simulaciones financieras se ha observado que un subsidio universal de sólo 100 rands (12 dólares de los Estados Unidos) al mes reduciría la brecha de pobreza de Sudáfrica en un 74 por ciento1, y elevaría a unos seis Un subsidio universal millones de personas por encima del umbral de la de sólo 100 rands pobreza de 400 rands (50 dólares de los Estados Unidos) (12 dólares de los Estados al mes. Los subsidios en efectivo también pueden ayudar Unidos) al mes reduciría a impulsar modelos de crecimiento más integradores. La la brecha de pobreza expansión de las transferencias sociales en el Brasil (en de Sudáfrica particular vía Bolsa Familia, un subsidio condicionado) en un 74 por ciento y la ampliación del salario mínimo han impulsado la demanda interna de productos y servicios locales, contribuyendo asimismo al crecimiento del empleo formal, como expone Janine Berg en un informe reciente2.

6.

Una renta universal puede ser un instrumento poderosamente emancipatorio, especialmente para los trabajadores

Los subsidios en efectivo tienen un inmenso potencial emancipador. La clave está en desvincularlos del mercado de trabajo, lo que puede conseguirse con una renta universal. Se trata de un giro potencialmente radical y subversivo que confronta la «doble separación» que suele imponerse a los trabajadores, la separación del medio de producción y la separación del medio de subsistencia. Potencialmente, las repercusiones llegan mucho más lejos que los beneficios en lo que a justicia social respecta. Una renta universal tiene el potencial de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores poco calificados. Si las necesidades básicas de subsistencia pueden obtenerse por otra vía, el trabajo asalariado en condiciones humillantes y de sobreexplotación deja de ser la única opción. Su efecto más subversivo es ofrecer a las personas la libertad de no vender su trabajo y salir, aunque sea temporalmente, de la situación de precariedad progresiva en que se encuentran los trabajadores poco calificados de lugares con elevadas tasas de desempleo. Así pues, una renta universal puede dotar al más débil de poder de negociación. Junto a otras medidas para fortalecer el bienestar y ampliar el contenido de la ciudadanía,

SIETE RAZONES QUE JUSTIFICAN UNA RENTA UNIVERSAL EN LOS PAÍSES DE MEDIANOS INGRESOS

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puede contribuir a una redistribución significativa del poder, el tiempo y la libertad. También pone en entredicho los principios arraigados del anglocapitalismo, que vinculan el empleo a la ciudadanía.

7.

Una renta universal trata a las mujeres como ciudadanos, no como meras cuidadoras y procreadoras de niños

Millones de mujeres en Sudáfrica se han incorporado al mercado de trabajo desde el decenio de 1980 a pesar de sus pésimas perspectivas laborales y salariales. Tres cuartas partes de las mujeres africanas de menos de 30 años no tienen empleo. La mayoría de las que encuentran un puesto de trabajo tienden a trabajar a tiempo parcial, con salarios bajos y en condiciones de alta explotación. Aún así, las mujeres cargan con el grueso de la responsabilidad de la reproducción social, y son las responsables de más del 40 por ciento de los hogares, la mayoría hogares monoparentales empobrecidos. Por lo general, la división del trabajo entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el mercado laboral, sigue estructurada de modo que permite a los hombres monopolizar los empleos mejor remunerados y de jornada completa, mientras que las mujeres se ocupan principalmente de las labores de la casa. Los hombres, empleados o no, siguen aprovechándose del trabajo de las mujeres, remunerado o sin remunerar. Una renta universal garantizada desafía estas disposiciones, ayudando a proporcionar una independencia económica, hoy por hoy inaccesible, y fortaleciendo la posición negociadora de las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo.

Conclusión
Más empleos son indispensables y posibles. Sin embargo, la búsqueda de más empleos debe darse como parte de la más amplia realización de los derechos sociales. Una renta universal básica sería una poderosa intervención para reducir radicalmente la intensidad y el alcance del empobrecimiento, así como para promover la libertad.

Notas
1

La brecha de pobreza se refiere al déficit total de ingresos de los hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza. Una brecha de pobreza menor significa que más hogares pobres se acercan o superan el umbral de la pobreza.
2

Los cambios en el mercado del trabajo y las políticas sociales han impulsado el consumo y el crecimiento económico en las zonas rurales y pobres, y han creado una demanda estable de pequeños minoristas y proveedores de servicios. El impulso registrado en la demanda también ha afectado a otras partes de la cadena de valor, incluida la fabricación y la distribución en el sector formal. Véase J. Berg: Laws or luck? Understanding rising formality in Brazil in the 2000s, Working Paper No. 5 (OiT, Brasil, 2010).

Escritor y periodista, Hein Marais, es el autor de South Africa pushed to the limit: The political economy change, publicado por UCT Press y Zed Books.

Democracia económica: ¿una idea que es de nuevo oportuna?
Richard Hyman

«No se puede dar marcha atrás, como si nada hubiese pasado», ésta fue la respuesta unánime de los sindicatos a la crisis mundial. Durante un tiempo, a principios de 2009, la propia legitimidad del capitalismo se cuestionaba en círculos inesperados. En mayo de 2009 la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) organizó un «Congreso sobre capitalismo» – utilizando un lenguaje que durante años se hubiese considerado tabú – y su presidente advirtió del malestar que reinaría en las calles a menos que los empleos no se salvaguardasen más efectivamente. Uno de sus dirigentes, Claus Matecki, insistió en que era importante hablar de capitalismo más que utilizar el término convencional, pero anodino, de «Soziale Marktwirtschaft» (economía social de mercado), ya que sólo así los sindicalistas podían dejar claro que el orden económico existente era históricamente contingente y se basaba en una desigualdad fundamental entre trabajadores y empleadores1. Sin embargo, no se dio curso a estas reflexiones. En toda Europa eran evidentes dos contradicciones conocidas y transversales en relación con la acción sindical. Una era el dilema de los objetivos a corto plazo frente a los objetivos a largo plazo. ¿Se trataba pues de negociar con los que detentaban el poder político y económico para limitar los perjuicios, y quizás para conseguir una arquitectura regulatoria más estricta, o por el contrario era cuestión de liderar un movimiento de oposición para promover un orden socioeconómico alternativo? Según un dirigente sindical socialista belga: «La situación no es nada fácil para las organizaciones sindicales. El análisis de la crisis no es complicado: con el neoliberalismo no puede resolverse la situación. La dificultad es que, hoy, las palabras no bastan. Es fácil decir: tenemos que cambiar el equilibrio de fuerzas. Pero esto no nos dice cómo actuar [...] Nuestros miembros confían en que cuidemos de sus intereses inmediatos.» La segunda contradicción se observaba entre la crisis económica mundial y la acción sindical, que es esencialmente de carácter nacional o subnacional. Las organizaciones sindicales internacionales elaboraron análisis convincentes y planearon reivindicaciones progresistas, pero su repercusión en la práctica sindical cotidiana en el terreno fue irrelevante. De hecho, la respuesta dominante ha sido defender y mejorar la competitividad, lo que significa luchar país contra país, lugar de trabajo contra

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lugar de trabajo, intensificando la presión a la baja en los salarios y en las condiciones laborales. A estas dos contradicciones cabe añadir la falta de perspectiva de un orden socioeconómico alternativo. De hecho, el «socialismo existente» había desacreditado la idea del comunismo mucho antes de que cayese el muro de Berlín. De igual modo, la socialdemocracia abandonó la lucha por un nuevo orden social frente a la adversidad económica, prestándose a negociar concesiones con el capital multinacional y las instituciones financieras internacionales. Los sindicalistas de centroizquierda objetaron el «nuevo y muy poderoso capitalismo» de los fondos de alto riesgo, la liquidación de activos, la especulación financiera y las primas astronómicas. Parecía que la solución consistía en intentar restaurar el viejo capitalismo: el movimiento sindical debía «convertirse en el defensor de las buenas prácticas empresariales y de las relaciones decentes con empleadores decentes, luchando sin tregua contra los especuladores»2. Así pues, ¿verdaderamente la crisis no ha servido para nada? Tal vez, un modo de conectar la defensa a corto plazo (y probablemente inútil) con la lucha por otro mundo laboral podría ser la prestación de una atención renovada al concepto de democracia económica. En los dos últimos años se ha debatido mucho sobre las deficiencias de los sistemas existentes de gobernanza corporativa, en particular mientras la liberalización de las transacciones financieras internacionales ha convertido El desafío principal el valor para los accionistas en el principal objetivo es construir un movimiento empresarial, incluso en las economías de mercado que promueva una mayor «coordinadas»3. Sin embargo, la solución no puede democratización limitarse a un simple ajuste regulatorio tecnocrático, lo de la economía que se necesita es un control democrático del capital. Con la conmoción que ha supuesto la crisis, algunos formuladores de políticas sindicales han llegado a reconocer que el desafío principal es construir un movimiento que promueva una mayor democratización de la economía y crear nuevos vínculos entre los distintos niveles de regulación y los distintos puntos del programa regulatorio. Existen sistemas de «codeterminación» institucionalizados en gran parte de Europa, que incluyen derechos de representación colectiva a través de comités de empresa y, en algunos países, representación a nivel de empleados y consejo de administración. Estas disposiciones reflejan la insistencia en que las compañías no son únicamente la propiedad privada de los accionistas, ya que los empleados son por sí mismos «partes interesadas» con un interés legítimo en la formulación de las metas y las políticas corporativas. Sin embargo, incluso los sistemas más fuertes de comités de empresa únicamente tienen competencia prioritaria en las cuestiones relativas al empleo que se planteen después de que se hayan adoptado decisiones clave sobre inversión y estrategia de producto. Como señaló un experto sindical alemán hace dos decenios, cuanto más estratégica es la cuestión para la dirección, menor es el poder de los

DEMOCRACIA ECONÓMICA: ¿UNA IDEA QUE ES DE NUEVO OPORTUNA?

105

comités de empresa4. Esta situación se hace especialmente problemática en tiempos de adversidad económica, cuando los mecanismos de codeterminación, basados fundamentalmente en las empresas o en los establecimientos, se ven obligados a adaptarse a los objetivos de competencia mundial intensificada La maquinaria impuestos desde el exterior, sin que, en ocasiones, de la codeterminación consigan más que suscribir prioridades empresariales. ya no proporciona Aunque formalmente permanece intacta, la maquinaria un mecanismo efectivo de la codeterminación ya no proporciona un mecanismo para reivindicar y defender efectivo para reivindicar y defender los intereses de los los intereses trabajadores5. Si quiere abordarse esta erosión en la de los trabajadores efectividad, debe ampliarse la «democracia industrial» para abarcar la estrategia corporativa en su conjunto. En otras palabras, debe ampliarse y transformarse en democracia económica. Los elementos de una estrategia de estas características pueden encontrarse en las ideas desarrolladas por Fritz Naphtali para los sindicatos alemanes en el decenio de 19206, que influyeron sobre los movimientos sindicales alemán y austríaco en los primeros años de posguerra. La socialización de la economía era un objetivo esencial, pero debía alcanzarse, no necesaria ni exclusivamente a través de la propiedad pública, sino mediante formas más diversas de control popular. En el decenio de 1970 estas ideas ayudaron a inspirar las demandas de los sindicatos suecos de «fondos de inversión de los asalariados», esbozadas por Rudolf Meidner (un socialista de origen alemán) 7. La esencia de esta política consistía en establecer una fórmula de participación colectiva en parte de los beneficios de la empresa, en forma de acciones detentadas en un fondo bajo control sindical. Se previó que de este modo se podía proporcionar un control creciente sobre las decisiones estratégicas en las principales empresas privadas. Como admitió más tarde el propio Meidner, un conjunto de propuestas más flexibles hubiese sido políticamente prudente; está claro que en países con una densidad sindical considerablemente menor que la de Suecia, el vincular el control de los fondos colectivos únicamente a los sindicatos no es una estrategia viable (en especial habida cuenta de los escándalos pasados en los que se vieron involucradas empresas propiedad de sindicatos en Alemania y Austria). El plan de Miedner tampoco podía ser fácil de aplicar en la era de los mercados financieros globales. Sin embargo, algunos de sus puntos son particularmente apropiados para unos tiempos en que el sector bancario ha sido rescatado por importantes transferencias de fondos públicos; la democratización de la propiedad debería ser un corolario lógico. Además, mientras los movimientos sindicales han integrado la solicitud de un impuesto sobre las transacciones financieras, la cuestión de su aplicación se ha debatido poco. ¿Por qué, en lugar de limitarse a tapar los agujeros de los presupuestos nacionales, no utilizar la recaudación para crear fondos de inversión bajo control popular, vinculados a una democratización de los fondos de

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pensiones (que no dejan de ser salarios aplazados de los trabajadores)? Son cuestiones sobre las que, sin duda, deberían dialogar los sindicalistas. Este tema lleva a una pregunta más amplia: ¿cuáles son las posibilidades de democratización económica en el espacio entre Estado y mercado? El movimiento obrero cuenta con una larga tradición de producción y distribución cooperativas, aunque en muchos países hace ya mucho tiempo que estas cooperativas se transformaron en simples empresas comerciales. Pero la actividad económica cooperativa a menor escala a menudo ha sido capaz de proporcionar algo de poder para contrarrestar la mercantilización de la vida social, particularmente en el Hemisferio Sur. En un gesto claro de reconocimiento de esta función, se aceptó a la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) de la india como miembro fundador de la CSi8. Cabe preguntarse si estos movimientos no constituyen ejemplos para los sindicatos de las economías desarrolladas. Por lo menos en el mundo de habla francesa, la noción de «economía social» ha sido objeto de una atención cada vez mayor por parte de la izquierda9. Una respuesta imaginativa a la crisis debería basarse en estos conceptos. ¿Pueden coexistir la democracia económica y el capitalismo? Si la dinámica central del capitalismo del siglo xxi implica grandes concentraciones de poder económico privado incomprensible – como muy bien puede ser el caso – la respuesta es claramente no. Puede pelarse una cebolla capa por capa, pero no es posible quitarle la piel a un tigre garra por garra... Una simple respuesta anticapitalista a la crisis no está en el programa político actual. Para captar corazones y cerebros, el movimiento obrero debe emprender una campaña contra el capitalismo de casino, vinculándola a un conjunto de alternativas plausibles para una vida económica socialmente responsable. A corto plazo, tal vez la única campaña política viable sea una campaña por un «capitalismo bueno»10. Al día de hoy, lo que necesitamos, en palabras de Gramsci, es una «guerra de posiciones». La idea de democracia económica ofrece una visión de empoderamiento popular que podría darle un nuevo impulso al sindicalismo como movimiento social y ayudar a iniciar una lucha por una economía verdaderamente alternativa, una economía en la que, por cierto, los propios sindicatos tendrían más posibilidades de prosperar.

Notas
1

C. Matecki: «Warum wir vom Kapitalismus reden», en Der Freitag (26 de junio de 2009). J. Monks: e challenge of the new capitalism, Bevan Memorial lecture (14 de noviembre de 2006).

2

3 Véase J. Peters: «e rise of finance and the decline of organised labour in the advanced capitalist countries», en New Political Economy (2011, vol. 16, núm. 1). 4

U. Briefs: «Codetermination in the Federal Republic of Germany: An appraisal of a secular experience», en G. Széll, P. Blyton y C. Cornforth (directores): e State, trade unions and self-management (Berlín, de Gruyter, 1989).

DEMOCRACIA ECONÓMICA: ¿UNA IDEA QUE ES DE NUEVO OPORTUNA?

107

5

Véase W. Streeck: Re-forming capitalism (Oxford, OUP, 2009); H.-J. Urban: «Arbeitspolitik unter (Nach-) Krisenbedingungen: Gute Arbeit als Strategie», en Arbeits- und Industriesoziologische Studien (2011, vol. 4, núm. 1). F. Naphtali: Wirtschaftsdemokratie: ihr Wesen, Weg und Ziel (Berlín, ADGB, 1928).

6 7

R. Meidner: Employee investment funds: An approach to collective capital formation (Londres, Allen & Unwin, 1978).
8 SEWA se define a la vez como organización y como movimiento para las mujeres trabajadoras que no pertenecen a la economía formal. Tiene muchas de las características de los sindicatos, las ONG y las cooperativas (véase http://www.sewa.org/About_Us.asp). 9 J.-F. Draperi: Comprendre l’économie sociale: Fondements et enjeux (París, Dunod, 2007); J.-L. Laville (director): L’économie solidaire: Une perspective internationale (París, Hachette, 2007). 10

S. Dullien, H. Herr y C. Kellermann: Der gute Kapitalismus ... und was sich dafür nach der Krise ändern müsste (Bielefeld, Verlag, 2009).

Richard Hyman es profesor emérito de Relaciones Laborales en el London School of Economics y redactor en jefe y fundador del European Journal of Industrial Relations. Tiene numerosos escritos sobre relaciones laborales, negociación colectiva, sindicalismo, conflictos laborales y políticas del mercado de trabajo. En la actualidad está trabajando en un libro en el que compara las estrategias sindicales de diez países europeos.

Una ola de desigualdad: ¿qué pueden conseguir los impuestos y las transferencias?
Malte Luebker1

La desigualdad es una cuestión prioritaria de la agenda pública, en parte debido a la crisis financiera, que ha ayudado a atraer la atención sobre este tema. Como los bancos dependían del apoyo de los contribuyentes y millones de trabajadores habían perdido su empleo, la población empezó a considerar las primas de los máximos responsables de los bancos – que en 2010 fueron de una media de 9,7 millones de dólares de los Estados Unidos en Europa y en los Estados Unidos2 – como algo obsceno. Los que se encuentran en los niveles superiores de la sociedad llevan tiempo haciéndose con los frutos del crecimiento económico. Entre 1970 y 2008 los ingresos anuales del 1 por ciento del nivel superior de los contribuyentes en los Estados Unidos se multiplicaron por tres en términos reales, pasando de 380.000 a 1.140.000 dólares. En cambio, los ingresos del 90 por ciento del nivel inferior se mantuvieron al mismo nivel de 1970, es decir, en 31.500 dólares de los Estados Unidos al año (en dólares reales de 2008)3. En otros países también se puede observar una evolución similar, si bien menos extrema.

Salarios y mercados de trabajo
El nivel superior de la distribución es sólo parte de una tendencia más general hacia una desigualdad aún mayor. En los países avanzados los salarios medios aumentaron un mero 5,2 por ciento en términos reales durante el decenio de 2000, cifra que no refleja los aumentos de la productividad registrados. La consiguiente redistribución de las rentas procedentes del trabajo y del capital puede observarse en las espectaculares disminuciones de la proporción correspondiente al trabajo en países como Alemania, donde cayó 3,9 puntos porcentuales por decenio desde 19914. Como las rentas del capital están más concentradas que las rentas del trabajo, La desigualdad creciente estos cambios en la distribución funcional de los ingresos de los ingresos ha sido repercuten negativamente aumentando la desigualdad de una tendencia dominante los ingresos entre las personas. en las naciones El Estudio de ingresos de Luxemburgo (LiS) confirma industrializadas que la desigualdad creciente de los ingresos del mercado

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ha sido una tendencia dominante en las naciones industrializadas. De las 19 economías sobre las que se dispone de datos relacionados con, como mínimo, dos fechas, 15 reflejan una desigualdad en aumento. El aumento a largo plazo de la desigualdad en el mercado es considerable en Alemania, Australia, Estados Unidos, Finlandia, israel y Reino Unido5. Las ligeras disminuciones registradas en Suiza y Rumania (que sólo cuenta con datos de los últimos años) y el mayor descenso experimentado en los Países Bajos constituyen las raras excepciones. El aumento medio del coeficiente de Gini relativo a los ingresos del sector privado fue de 0,28 puntos anuales, o de 2,8 puntos por decenio.

Combatir la desigualdad: algunos instrumentos de política
Los gobiernos pueden actuar en un contexto de desigualdad con una legislación salarial y unos derechos de negociación colectiva mínimos para comprimir la distribución primaria de los ingresos, pero también pueden centrarse en la distribución secundaria de la renta disponible y utilizar sus sistemas fiscales y de transferencias para contrarrestar parte de la desigualdad. En los debates sobre las causas del aumento de la desigualdad, a menudo se pasa por alto la función de redistribución que desempeñan los gobiernos. Se ha escrito mucho sobre las diferencias salariales cada vez mayores entre los trabajadores poco cualificados y los muy cualificados, que suelen atribuirse a los cambios tecnológicos o al comercio con gigantes emergentes como China e india. En el Norte la desigualdad se considera una consecuencia inevitable de la integración económica global y del progreso tecnológico. Este punto de vista unilateral redunda en la falsa idea de que no hay mucho que los gobiernos puedan hacer al respecto.

Impuestos y transferencias ¿qué repercusiones tienen?
Distintos gobiernos han abordado los resultados de las mismas fuerzas del mercado de modo diverso. Antes de impuestos y transferencias, Alemania, Bélgica y Francia tienen una mayor desigualdad del mercado que los Estados Unidos. En Finlandia y Países Bajos, dos países considerados muy igualitarios, el Antes de impuestos coeficiente de Gini inicial es sólo algo menor que el de y transferencias, Alemania los Estados Unidos (véase el gráfico 1). Como grupo, el Bélgica y Francia tienen coeficiente de Gini de 0,460 de los países europeos se una mayor desigualdad corresponde casi con exactitud con el promedio de 0,466 del mercado que registran las economías de mercado liberales de que los Estados Unidos Australia, Canadá, Estados Unidos y israel. La diferencia clave radica en el sistema fiscal y de transferencias, que reduce el coeficiente de Gini para ingresos disponibles a un 0,278 en Europa, mientras que lo mantiene en 0,343 en este último grupo de países (véase el gráfico 2).

UNA OLA DE DESIGUALDAD

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Gráfico 1. La repercusión de los impuestos y las transferencias en la desigualdad de los ingresos en 25 países (año disponible más reciente)
0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
Bra sil Polo (2006 ) n ia ( Gu 200 ate 4) ma Co la (20 lom 06) bia (20 Irla nda 04) ( Esto 2004 Rein nia (2 ) 004 oU nid o (2 ) 0 04) Isra el ( 200 Ale ma 5) nia Fra (2004 ncia ) (19 94) Esta Bélgic a (1 do Rep s Unid 997) úbl o s( ica Che 2004) ca (2 Finl and 004) ia ( 200 Aus 4 tr País alia (2 ) es B 0 ajo 03) s( Aus 2004) tria ( Sue 2004) cia ( 200 Ca 5 nad á (2 ) No 004 rue ) Din ga (20 am 04) arc a (2 Sui 004) za ( 200 Rep Rum úbl 4 ani ica a (1 ) de 997 Co ) rea Taiw (20 án, 06) Chi na (20 05)
Reducción de la desigualdad a través de las transferencias Reducción de la desigualdad a través de los impuestos Coeficiente de Gini relativo a los ingresos disponibles

Gráfico 2. La repercusión de los impuestos y las transferencias en la desigualdad de los ingresos, promedios regionales (decenio de 2000)
0,55
0,018

0,50 0,45 0,40

0,009 0,079

0,500

Reducción de la desigualdad a través de las transferencias Reducción de la desigualdad a través de los impuestos Coeficiente de Gini relativo a los ingresos disponibles
0,148

0,044

0,35
0,343

0,30 0,25 0,20 0,15 América Latina Australia, Canadá, Estados Unidos y Israel

0,034 0,278

0,005

0,016 0,308

Europa

Asia Oriental

Nota: Gráficos 1 y 2 - la altura total de la columna corresponde al coeficiente de Gini para ingresos del mercado (antes de impuestos y transferencias). Fuente: Estudio de ingresos de Luxemburgo (LiS), véase http://www.lisdatacenter.org/; análisis de microdatos completado entre febrero y mayo de 2011.

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La redistribución es más limitada en las economías emergentes. Los tres países latinoamericanos incluidos en el ejemplo (Brasil, Colombia y Guatemala) comparten elevados coeficientes de Gini en relación con los ingresos del sector privado de 0,50 y superiores. Además, los sistemas fiscales y de transferencias de la región sólo reducen ligeramente el coeficiente de Gini (una media del 0,027). Un reciente estudio del Banco Mundial concluye que una parte considerable del exceso de desigualdad de América Latina por encima de los niveles internacionales refleja las deficiencias de los sistemas fiscales de la región para desempeñar sus funciones de redistribución6. En cambio, las economías de Asia Oriental, donde las distribución inicial del capital es más equitativa, han conseguido lograr un nivel bajo de desigualdad en el sector privado y obtienen resultados relativamente igualitarios sin necesidad de recurrir a la redistribución (véase el gráfico 2). Las distintas opciones de política también explican que los efectos de los aumentos a largo plazo de la desigualdad se hagan sentir con más intensidad en algunos países que en otros: Alemania se enfrentó a un aumento más acusado de la desigualdad en el mercado (+0,402 puntos anuales) que los Estados Unidos (+0,330 puntos anuales), si bien la desigualdad de la renta disponible aumentó sólo moderadamente en Alemania (+0,038 puntos anuales) en comparación con los Estados Unidos (+0,293 puntos anuales). Suecia compensó casi por completo un modesto aumento a largo plazo de la desigualdad en el mercado. Esto refleja que los países – incluso pequeñas economías abiertas como Suecia – siguen teniendo un considerable espacio de política en la era de la globalización.

Entonces, ¿por qué simplemente no se grava a los ricos en favor de los pobres?
¿Qué es lo que determina el alcance de la redistribución? En la tradición de Joseph Schumpeter y Anthony Downs, los trabajos publicados sobre la teoría de la elección pública han proporcionado algunas respuestas sencillas. Se parte del supuesto de que votantes y políticos son actores racionales que elevan al máximo la función de utilidad, y pasa a configurar los resultados de la redistribución. Según la teoría, cuanto mayores son las brechas entre los ingresos, mayor es el incentivo de la mayoría pobre para que se grave a la minoría rica. Los políticos, siempre dispuestos a conquistar o a volver a ocupar cargos públicos, harán favores y firmarán cheques para prestaciones sociales más generosos que nunca. El problema de esta teoría es que la enorme cantidad de trabajos escritos al respecto no ha conseguido encontrar ninguna prueba empírica que vincule una mayor desigualdad a una mayor redistribución. ¿Que explicación tiene el que no se grave a los ricos en favor de los pobres en países como los Estados Unidos? Si bien existen pruebas de que el Gobierno se muestra receptivo a las preferencias del electorado, la política pública es más receptiva a las demandas de los votantes ricos y guarda pocas semejanzas con las opiniones de los

UNA OLA DE DESIGUALDAD

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votantes más pobres. Y esto importa, puesto que las opiniones de los votantes ricos y las de los votantes menos adinerados difieren marcadamente en cuestiones como la legislación sobre el salario mínimo, el gasto social o el sistema tributario. Otros investigadores han observado el mismo interés en las preocupaciones de los electores más adinerados a nivel de los senadores individuales de los Estados Unidos7. Lo que aquí preocupa es que la desigualdad por si sola tiene efectos corrosivos en las instituciones democráticas.

¿Por qué importa la opinión pública?
En todo caso, las deficiencias de la democracia representativa son sólo parte de la respuesta. Al verificar las cifras relativas al número de desempleados con las correspondientes al número de habitantes (la proporción de población de más 65 años), no parece haber diferencias en el modo en que los sistemas políticos de los Estados Unidos, Francia o Alemania traducen las preferencias de los votantes en resultados de la redistribución8. La diferencia clave está en las aportaciones: mientras en Francia, Alemania y otros países europeos la mayoría de los electores consideran que incumbe al Estado el reducir las diferencias entre los ingresos, en los Estados Unidos, sólo un tercio de los electores opinan de este modo9. Esta hostilidad hacia la redistribución a menudo se relaciona con la creencia poco realista entre los más desfavorecidos en la movilidad social ascendente. La ironía es que la movilidad social en los Estados Unidos no es mayor que la del Reino Unido – el ejemplo clásico de sociedad de clases – y es muy inferior a la de Alemania o los países nórdicos10. Si la opinión pública importa, merece la pena ganar el debate para una distribución más justa de los ingresos. La OiT tiene un papel especial que jugar como voz mundial que defiende los valores de su Constitución y combate los resultados injustos 11. Al haber perdido gran parte de su «poder duro» por la disminución del número de afiliados, el movimiento sindical puede utilizar el «poder suave» de las argumentaciones para ganar apoyo a la justicia social más allá de su base tradicional. Ha llegado el momento de hacerlo, ya que la crisis financiera ha puesto en peligro el antiguo modelo. Es un buen punto de partida el que un multimillonario como Warren Buffett lamente que paga menos impuestos que su secretaria.

Notas
1

El autor quisiera agradecer a Janine Berg, Frank Hoffer y Sangheon Lee sus comentarios. Las opiniones expresadas en este artículo son las de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Organización internacional del Trabajo. M. Murphy: «interactive: 2010 bank CEO pay» Financial Times en línea, 14 de junio de 2011.

2 3

Todas las cifras incluyen las ganancias de capital. Véase sitio web: World Top incomes Database, por F. Alvaredo y otros.

114

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4 5

OiT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011 y Datenblatt Deutschland (Ginebra y Berlín, OiT, 2011)

Véase el documento de A.B. Atkinson en G.A. Cornia (director): Inequality, growth, and poverty in an era of liberalization and globalization (Oxford, OUP, 2005).
6

E. Goñi y otros.: Fiscal redistribution and income inequality in Latin America (Washington, DC, Banco Mundial, 2008).

Véanse informes de M. Gilens: «inequality and democratic responsiveness» en Public Opinion Quarterly (2005, vol. 69, núm. 5); M. Gilens: «Preference gaps and inequality in representation» en PS: Political Science & Politics (2009, vol. 42, núm. 2); y L.M. Bartels: Economic inequality and political representation (Universidad de Princeton, Departamento de Política y Woodrow Wilson School of Public and international Affairs, mimeo, 2005).
8 Véase M. Luebker: Income inequality, redistribution and poverty: Contrasting rational choice and behavioural perspectives (Helsinki, UNU-WiDER, en prensa). 9

7

Véanse los resultados de la última serie del módulo sobre desigualdad social del Programa internacional de Estudios Sociales (iSSP) (www.issp.org).

10 Véase, por ejemplo, J. Blanden y otros.: Intergenerational mobility in Europe and North America (Londres, Centre for Economic Performance, 2005).

Véase OiT: Memoria del Director General: Una nueva era de justicia social, 100.ª reunión de la Conferencia internacional del Trabajo (Ginebra, OiT, 2011).

11

Referencias
Luebker, M. 2011. e impact of taxes and transfers on inequality, TRAVAiL Policy Brief No. 4 (Ginebra, OiT). Disponible en http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_160436/lang—en/index.htm (acceso marzo de 2012). Luebker, M. 2012 (en prensa). Income inequality, redistribution and poverty: Contrasting rational choice and behavioural perspectives (Helsinki, UNU-WiDER).

Malte Luebker es especialista en condiciones de trabajo del Programa sobre las Condiciones de Trabajo y de Empleo (TRAVAIL) de la OIT en Ginebra. Sus principales ámbitos de investigación son los salarios y la distribución de los ingresos. Antes de incorporarse a la OIT, era profesor de Ciencias Políticas en la Martin Luther University Halle-Wittenberg (Alemania).

Gravar las finanzas
Toby Sanger

La crisis económica y financiera ha llevado a una larga y tardía revaluación del papel que desempeña la industria financiera en todo el mundo, su regulación y el sistema tributario a que está sujeta. El FMi ha estimado que la crisis costará a los países del G-20 más de 1 billón de dólares de los Estados Unidos en aumentos de los déficit; suma que los ciudadanos ya están pagando a través de recortes en el gasto público, medidas de austeridad y aumentos en los impuestos al consumo. Esta situación por sí sola constituye una buena razón para explicar el interés sin precedentes que ha despertado la imposición de nuevos impuestos al sector bancario y al sector financiero. A pesar de ello, sigue sin cumplirse el compromiso suscrito por los dirigentes del G-20 en la cumbre celebrada en septiembre de 2009 para que el sector financiero contribuyese justa y sustancialmente al pago de algunos de los costos de la crisis. Cuando el Gobierno conservador del Canadá se opuso al acuerdo de introducir un impuesto a la banca a través del G-20, la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores lograron considerables progresos con la propuesta de la Comisión Europea de introducir, a partir de 2014, un impuesto sobre las transacciones financieras (iTF) en Europa. La propuesta ganó impulso cuando, en 2011, tanto el Vaticano como Bill Gates expresaron su apoyo a la instauración de un iTF global. La Comisión Europea estima que una imposición del 0,1 por ciento sobre las transacciones de participaciones en el capital y bonos y del 0,01 por ciento sobre los derivados financieros generaría unos ingresos anuales de 57.000 millones de euros (77.000 millones de dólares de los Estados Unidos)1.La mayoría de los 27 Estados miembros de la Unión Europea apoyan la introducción de un iTF, pero la fuerte oposición de países como el Reino Unido y Suecia ha impedido, al día de hoy, su adopción a nivel de la UE. Los partidarios están intentando que los 17 países principales que utilizan el euro lo adopten sin estos disidentes. La campaña alcanzó otro logro importante cuando el Presidente Sarkozy anunció que Francia introduciría un impuesto del 0,1 por ciento sobre las transacciones de acciones y ciertos valores (y del 0,01 por ciento sobre los derivados) realizadas por las

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grandes empresas con sede en Francia a partir de agosto de 2012, confiando en que otros países seguirían su ejemplo. Su principal contrincante en las elecciones presidenciales, el socialista François Hollande, ha prometido que si sale elegido, su intención es mantenerlo. Este apoyo político renovado a los impuestos sobre las transacciones financieras se ha hecho esperar. En 1936, tras la Gran Depresión, John Maynard Keynes escribió en su teoría general que «la implantación de un impuesto fuerte sobre todas las operaciones de compraventa podría ser la mejor reforma disponible con el objeto de mitigar en los Estados Unidos el predominio de la especulación sobre la empresa». El premio Nobel de economía James Tobin se basó en la idea de Keynes cuando propuso un impuesto internacional sobre las transacciones de divisas para «echar arena en las ruedas de las finanzas internacionales», reducir la especulación y amortiguar las fluctuaciones del tipo de cambio cuando dejó de funcionar el sistema monetario de Bretton Woods en 1972. Muchos países ya cuentan desde hace tiempo con impuestos efectivos que gravan determinados tipos de transacciones. El impuesto del timbre del Reino Unido, que incluye un impuesto del 0,5 por ciento sobre la mayoría de las transacciones de acciones y ciertos valores, existe desde 1694 y recauda más de 5.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año. Suiza también cuenta con un impuesto sobre las transacciones de valores y bonos. China aplica un impuesto a las transacciones de acciones, y ajusta el tipo impositivo según se quiera tranquilizar o estimular el mercado de valores. Taiwán, China, no sólo grava las transacciones de valores y bonos, sino que aplica un impuesto de tipo más bajo al mercado de derivados financieros como las opciones y los futuros. Lamentablemente, muchos países suprimieron sus impuestos sobre las transacciones financieras durante el decenio de 1990, en vísperas del auge de los mercados de valores que, al caer, condujo a la crisis financiera de 2008. Esta experiencia nos demuestra que los impuestos sobre las transacciones financieras no sólo son viables, sino que pueden ser efectivos y recaudar sumas considerables a un costo administrativo bajo y sin demasiadas perturLos impuestos sobre las baciones económicas. Actualmente, el interés se centra en transacciones financieras impuestos de base aún más amplia aplicables a las divisas pueden ser efectivos y y los derivados financieros. Debido a que gran parte de recaudar sumas esta actividad comercial es internacional y sumamente considerables a un costo móvil, los impuestos sobre las transacciones financieras administrativo bajo en estos ámbitos serían mucho más efectivos si se estableciesen mediante acuerdos internacionales o multilaterales. Más allá de pagar por algunos costos de la crisis, existen otras razones de peso para aumentar la carga impositiva sobre el sector financiero.

GRAVAR LAS FINANZAS

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• El sector financiero es demasiado vasto Ya sea desde el punto de vista de una economía política crítica o desde una perspectiva neoliberal más convencional, muchas personas consideran que el sector financiero ha crecido «demasiado» para ser beneficioso para la economía, como sugiere un reciente informe del FMi. Las finanzas son un sector intermediario, no produce directamente bienes con valor de uso final para las personas, por lo que puede desviar recursos de otras áreas productivas. Los salarios y primas excesivos pagados a los graduados en ingeniería para crear nuevos productos y derivados financieros exceden los del personal calificado, y los desvía de ámbitos orientados a necesidades sociales más importantes. • Los cambios fiscales han proporcionado importantes beneficios y privilegios a las finanzas Los importantes cambios fiscales introducidos en los pasados decenios inspirados en la economía de la oferta han aportado importantes beneficios al sector financiero, así como a las personas muy bien remuneradas de la industria. Estos beneficios incluyen tipos impositivos preferentes para las ganancias de capital y los ingresos derivados de inversiones, dependencia creciente de los impuestos sobre el valor añadido (iVA) basados en el consumo, que eximen en gran medida a los servicios financieros, recortes en los impuestos de sociedades, y reducciones de los tipos impositivos aplicados a las rentas más altas. La reglamentación y los enjuiciamientos laxos dan pie a que la industria bancaria y financiera evite el pago impuestos a través del uso extensivo de paraísos fiscales. • Reducción de incentivos por asunción excesiva de riegos Hay un reconocimiento cada vez mayor de que los privilegios fiscales, incluidos los tipos más bajos aplicados a los ingresos derivados de «inversiones» y a las opciones de compra de acciones, aumentan los incentivos para la especulación a corto plazo y la asunción excesiva de riesgos en el sector financiero, como reconocen incluso el FMi y la Comisión Europea. Desde hace siglos, las leyes sobre quiebras y responsabilidad limitada han condicionado el cálculo del riesgo de que baje el valor de una inversión para las empresas. Asimismo, tras la crisis financiera, se presta mayor atención a los daños causados a la economía en su conjunto por actividades que sistémicamente entrañan un riesgo y se benefician de una garantía pública implícita para corporaciones financieras que se consideran «demasiado grandes para quebrar». Algunos alegan que el crecimiento exponencial del mercado de derivados financieros – futuros, opciones, swaps y similares – ha aumentado la inestabilidad financiera en lugar de reducirla, según se había previsto. El valor de los derivados financieros pendientes hasta la fecha equivale a una extraordinaria cifra que rebasa la producción económica mundial

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anual multiplicada por diez. Está claro que gran parte de esta suma incluye inversiones destinadas a aumentar los beneficios a través de operaciones financieras rentables efectuadas con préstamos, así como de especulaciones de alto riesgo, en lugar de operaciones compensatorias para garantizar las inversiones subyacentes frente a las fluctuaciones económicas. Se han destinado pocos esfuerzos a contener o controlar este crecimiento de derivados financieros. Han estado muy desregulados; a diferencia de las transacciones de la mayoría de los demás bienes y servicios, sólo unos pocos países aplican impuestos a una amplia gama de transacciones, y en el caso de las transacciones financieras menos aún. El crecimiento de los derivados (y el poder asociado de los fondos de alto riesgo, los fondos de capital privado y la utilización de paraísos fiscales herméticos) no sólo ha desviado ingresos de los gobiernos nacionales, sino que también los ha hecho más vulnerables al poder del capital financiero. Ha hecho a países de Asia, África y Europa cada vez más vulnerables a estas «armas financieras de destrucción masiva», como las denomina Warren Buffett. Es de esperar que el apoyo a una mayor tributación del sector financiero llegue de distintos lados del espectro político: la aplicación de La aplicación de impuestos nuevos impuestos sobre las transacciones financieras no sobre las transacciones sólo ayudaría a pagar los costos de la crisis y aportaría financieras serviría para financiación para las necesidades sociales y medioamcontrolar a la industria bientales en el mundo, sino que también serviría para financiera y prevenir crisis controlar a la industria financiera y prevenir crisis finanfinancieras futuras cieras futuras. Los que apoyan estas propuestas fiscales estiman que un impuesto de base amplia del 0,05 por ciento sobre todas las transacciones financieras podría recaudar entre 200.000 y 600.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año en todo el mundo, una financiación sustancial para el desarrollo y las prioridades medioambientales mundiales. Un iTF puede no recaudar 600.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año y curar a la economía mundial de todos sus males, pero con toda seguridad recogerá sumas considerables al tiempo que mejorará el funcionamiento de la economía. Existen estudios fiables que demuestran que un impuesto del 0,005 por ciento únicamente aplicable a las transacciones de las principales divisas del mundo podría generar más de 30.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año a un costo administrativo bajo y con pocas repercusiones en los mercados. El G-20 y otros países deberían unirse a la propuesta de la Unión Europea para establecer impuestos de base más amplia sobre las transacciones financieras a escala internacional, pero con el acuerdo de destinar la mitad de los fondos que éstos generen a prioridades de desarrollo internacional y justicia climática.

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Tampoco existe razón alguna para que los gobiernos nacionales no procedan a aumentar otros impuestos sobre la actividad financiera. Hay argumentos sólidos a favor de la aplicación de impuestos sobre las actividades financieras que compensen la amplia exención de que disfrutan los servicios financieros en la mayoría de los sistemas del impuesto sobre el valor añadido. Como propuso el FMi, un impuesto del 5 por ciento sobre los beneficios y la compensación en el sector financiero constituiría un buen sustituto del valor añadido por parte de la industria y podría generar considerables ingresos en muchos países. Los privilegios fiscales que han proporcionado beneficios desproporcionados al sector financiero e incluso aumentado los incentivos a la especulación también deberían suprimirse. Entre éstos se incluyen los tipos impositivos reducidos para las ganancias de capital, las opciones de compra y otras formas de ingresos derivados de las inversiones financieras. También existen motivos que justifican un impuesto de sociedades a un tipo impositivo más elevado sobre los bancos y las grandes empresas del sector financiero habida cuenta de la garantía implícita de «demasiado grandes para quebrar» que los gobiernos aportan para salvarlas de la bancarrota. Estos cambios fiscales no resolverán todos los problemas del sector financiero, ni eliminarán la especulación, tampoco generarán todos los ingresos necesarios para hacer frente a los retos mundiales en materia de pobreza y medio ambiente. Pero en unos tiempos en que los gobiernos han reaccionado a la crisis financiera penalizando a la población con recortes en el gasto público, un aumento de los impuestos sobre las transacciones financieras no sólo resultaría más equitativo, sino que también resultaría más saludable para la economía.

Notas
1 Comisión Europea : Taxation of the financial sector: Frequently asked questions (Bruselas, 2011). Disponible en http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm (acceso marzo de 2012).

Toby Sanger es economista y trabaja para el Sindicato Canadiense de Trabajadores del Sector Público. Es el autor de Fair shares: how banks, brokers and the financial industry can pay fairer taxes (Canadian Centre for Policy Alternatives, abril de 2011). Véase http://www. policyalternatives.ca/publications/reports/fair-shares.

Un plan B para la economía mundial
Christian Kellermann

El mundo ha conseguido superar la Gran Recesión relativamente bien recurriendo a instrumentos keynesianos de estímulo fiscal. Sin embargo, como las medidas de lucha contra la recesión han desatendido las causas estructurales más profundas de la crisis de 2008-2009, una desregulación desigual y excesiva de los mercados financieros y del mercado de trabajo, no han logrado por sí solas alejar a la economía mundial del precipicio de la crisis de manera sostenible. En su lugar, al día de hoy, la crisis de las hipotecas de alto riesgo de los Estados Unidos se ha transformado en la crisis de la deuda soberana de la zona del euro sin que en el horizonte se divisen soluciones fáciles. Mientras estas cuestiones no se resuelvan, la vuelta a una vía de crecimiento estable sin nuevas crisis apenas parece viable. Por otro lado, para abordar estas cuestiones son precisas reformas económicas mucho más amplias, incluida la regulación tanto del mercado financiero como del mercado laboral: un plan B para la economía mundial

Über-finanzen destructiva
El poder financiero ha desempeñado un papel fundamental en la mayoría de las crisis económicas que hemos sufrido desde el decenio de 1990. Los mercados financieros son a la vez amplificadores gigantes de los Así pues, arrojar luz sobre desequilibrios dentro y entre nuestras economías y causa las grietas de la economía de desequilibrio por sí mismos. Así pues, arrojar luz es un punto de partida sobre las grietas de la economía es un punto de partida lógico para el Plan B lógico para el Plan B de enderezar nuestro sistema capitalista actual. Los excesos del poder financiero son sólo una parte de los problemas fundamentales a los que se están enfrentando las economías y las sociedades, y que han contribuido a esta crisis que estamos viviendo. Existen como mínimo tres dimensiones de inestabilidad que están relacionadas con las finanzas pero que exceden las restringidas inestabilidades del sistema financiero. En primer lugar, han aumentado los desequilibrios entre los distintos sectores de las economías. Un reflejo de ello son los hogares y los gobiernos, muy endeudados tanto unos como otros a consecuencia de

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la burbuja inmobiliaria y otras burbujas incentivadas por el sistema financiero. En segundo lugar, los desequilibrios a nivel internacional nunca han sido tan acusados como hoy en día. En tercer lugar, junto con la desregulación financiera, el principio del valor para los accionistas de la gobernanza empresarial ha pasado a ser dominante. Esto ha llevado a una orientación de la gestión a corto plazo y al pago de primas elevadas al personal directivo a costa del desarrollo sostenible a largo plazo de las empresas. Además de estos acontecimientos, el proyecto de globalización de los últimos decenios ha conducido a un gran incremento de la dispersión salarial y a un sector de salarios bajos en constante aumento que no se había observado desde los principios del capitalismo antes de la Primera Guerra Mundial. Los mercados del trabajo de casi todos los países industriales han pasado a estar desregulados al tiempo que los sindicatos se han visto debilitados. En muchos casos la negociación colectiva a nivel de economía o de sector se ha visto menoscabada. Han empezado a predominar las negociaciones salariales a nivel de empresa o los contratos de trabajo individuales no sujetos a convenios colectivos. La desigualdad creciente es un fenómeno que puede encontrarse en prácticamente todos los países. Las grandes desigualdades no sólo provocan un sentimiento de «injusticia» entre las sociedades y en el seno de las mismas, sino que también dificultan la movilidad social y repercuten negativamente en la salud y en la productividad. Los lobos hambrientos no son mejores cazadores, de hecho, todo lo contrario puede aplicarse a las economías de hoy. La verdad es que el sueño americano de la alta movilidad social dentro de la sociedad y la oportunidad para cualquiera de hacerse rico si trabaja duro es poco más que un espejismo. Hoy por hoy, la movilidad dentro de la sociedad es más una realidad en los países nórdicos de Escandinavia, donde la igualdad es mayor que en el mundo capitalista anglosajón. El capitalismo tiene más problemas: en el pasado, condujo a un tipo muy especial de desarrollo de las tecnologías y de crecimiento de la producción y el consumo, que no tenía en cuenta los problemas ecológicos y el hecho de que los recursos naturales son limitados. De modo sistemático, los precios no logran incorporar adecuadamente las dimensiones ecológicas y el deterioro de la naturaleza, al tiempo que emiten señales equivocadas en cuanto a la orientación que debe adoptar la innovación, así como la producción, el consumo y nuestro modo de vida. Tras la serie de desastres ecológicos regionales ocurridos en el siglo pasado, el mundo se dirige hacia un desastre ecológico mundial a menos que se produzcan cambios a muy corto plazo. Esta situación hace que la búsqueda de soluciones sea muy complicada: la crisis actual no sólo es una crisis profunda del capitalismo tradicional, sino que ha surgido en un momento en que la grave crisis ecológica también está sufriendo transformaciones.

UN PLAN B PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

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Una nueva simbiosis con el capitalismo
Un plan B mundial debe incluir tres dimensiones interrelacionadas. • En primer lugar, el modelo debe ser ecológicamente sostenible: prevenir el calentamiento global, evolucionar hacia una base de energía renovable y prevenir otras situaciones problemáticas como la pérdida de biodiversidad. • En segundo lugar, debe formarse de tal modo que las burbujas del mercado de activos o la inflación o deflación de bienes del mercado no hagan peligrar el proceso de crecimiento, y que no resulte en un endeudamiento excesivo de sectores individuales o incluso economías al completo, lo que inevitablemente llevaría a una nueva crisis. Al mismo tiempo, un modelo de estas características debería promover la innovación y, por consiguiente, el desarrollo tecnológico necesario tanto para resolver los problemas ecológicos como para, a medio y largo plazo, aumentar la productividad laboral, brindando así la posibilidad de una prosperidad creciente para todos. • En tercer lugar, es decisivo que todos los grupos de población participen del progreso social. La desigualdad de los ingresos y en la distribución de la riqueza debe mantenerse entre límites política y socialmente aceptables. En el eje del Plan B se encuentra una distribución más justa de los ingresos. Es crucial invertir los cambios negativos en la distribución de los ingresos y conferir a todos los grupos de población una participación sufiEn el eje del Plan B se ciente de la riqueza creada en la sociedad. Un secreto del encuentra una distribución éxito del capitalismo regulado tras la Segunda Guerra más justa de los ingresos Mundial fue el creciente poder adquisitivo de los trabajadores, basado en el aumento de los ingresos y en una distribución de estos ingresos relativamente equitativa. En la actualidad cada vez está más claro que el viejo modelo debe regenerarse. La distribución de los ingresos tiene tres componentes importantes: la distribución funcional de los ingresos en salarios y beneficios; la distribución de la masa salarial nacional y la suma nacional de beneficios, y la política de resdistribución estatal. Una caída de la participación en los salarios es, en gran medida, el resultado de un mayor margen de beneficios. Esto último tiene su origen en la desregulación, en particular debido al poder creciente del sector financiero y a su voluntad de correr riesgos para obtener más ganancias. El enfoque del valor para el accionista y el papel cada vez más importante de los inversores institucionales han llevado a las empresas a buscar mayores márgenes de beneficios. En una medida equivalente, las estructuras y las reglas del juego en el sector financiero deben modificarse de tal modo que el margen de beneficios vuelva a reducirse. Pongamos el ejemplo de los Estados Unidos, donde el dominio del

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sector financiero ha llegado más lejos, la remuneración de la dirección respecto de la del trabajador medio ha aumentado de una relación que en el decenio de 1970 era de 30 a 1 a la relación de 500 a 1 que registra en la actualidad. Estas cifras reflejan que el objetivo original del valor para el accionista, que era supeditar la dirección únicamente a los intereses de los propietarios, sólo ha conseguido un éxito limitado. En su lugar, la dirección ha conseguido hacer valer sus propios intereses y enriquecerse a expensas de los accionistas. Esta tendencia debe invertirse, y si bien hasta la fecha se han hecho algunos progresos, la estructura básica de incentivos sigue igual. Los últimos decenios se han caracterizado por una considerable dispersión salarial. La franja de los salarios bajos ha aumentado en prácticamente todos los países del mundo. El empleo precario y la informalidad también han aumentado, especialmente en el sector de bienes y servicios no comercializables. Por consiguiente, las tendencias de la globalización no pueden explicar directamente la emergencia de estos sectores. Son el resultado de la desregulación del mercado de trabajo. Estas desigualdades injustificadas respecto de los ingresos entre los trabajadores asalariados deben desaparecer mediante reformas del mercado de trabajo. El sistema de negociación colectiva debe fortalecerse, con el apoyo de otras instituciones del mercado de trabajo, para lograr las condiciones de trabajo decente en cuya importancia insiste la Organización internacional del Trabajo. Los salarios mínimos y la seguridad social garantizada por el Estado también desempeñan un papel decisivo. Reglas del mercado de trabajo como éstas no sólo son importantes para reducir la desigualdad de los ingresos, también lo son para establecer un nivel mínimo para el salario nominal con objeto de protegerlo contra recortes salariales deflacionistas. incluso con una regulación estricta, los mercados no llevan a una distribución de los ingresos políticamente aceptable. Además, en el mercado no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Las personas desfavorecidas – ya sea por razón de género, responsabilidades de cuidado de los hijos, discapacidad, edad, raza, entre otras – pueden verse fuera del mercado de trabajo y encontrarse desprovistas de ingresos o, en el mejor de los casos, verse obligadas a conformarse con un ingreso insuficiente. Por último, no todos los ingresos obtenidos dependen de los logros personales; está, por ejemplo, el caso de las grandes herencias, que son un elemento esencialmente ajeno al capitalismo. La legislación fiscal y los sistemas sociales deben aplicarse para organizar la distribución de los ingresos de un modo socialmente aceptable. Por consiguiente, la legislación fiscal debería incluir un componente claramente redistributivo, y esta necesidad se acentúa cuanto más evidente es que los resultados del mercado por si solos llevarán a una desigualdad cada vez mayor. Con este telón de fondo, no sólo es importante contar con un sistema fiscal marcadamente progresivo, sino que, por encima de todo debe existir una reglamentación que garantice que los ingresos derivados del capital se graven adecuadamente.

UN PLAN B PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

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El Plan B consiste en un «capitalismo más decente»
Existe el peligro de un decenio perdido, o incluso decenios, para muchos países desde el punto de vista económico. La deuda de los sectores económicos es muy elevada. Ello hace que una nueva ampliación del crédito sea difícil. La distribución de los ingresos se ha vuelto mucho más desigual en los Estados Unidos y en Europa. Esto significa que es poco probable que la demanda de consumo se dinamice. incluso existe el peligro de que, tras un período de crecimiento lento o una nueva crisis financiera, el nivel salarial mínimo se vea perjudicado. También existe un riesgo considerable de que, especialmente Europa y los Estados Unidos, se contagien del «mal japonés» de un prolongado crecimiento bajo del PiB o algo peor. La Gran Recesión sólo se ha manejado adecuadamente en parte, y no han tomado medidas significativas para cambiar los fundamentos más arraigados de la crisis. La esencia del proyecto fundamental de mundialización del mercado no se ha cuestionado.Una cosa está muy clara: un «capitalismo más decente» no lo crearán los especuladores del sistema no regulado actual. Sus beneficios dependen demasiado de determinadas prerrogativas a las que no renunciarán tan fácilmente en beneficio de un control público. Más bien todo lo contrario: hasta la fecha, las reformas aprobadas por la elite mundial no han sido más que meros placebos. Para una reforma más profunda, las relaciones de poder subyacentes del capitalismo financiero actual tendrán que cambiar, lo que significa que la relación entre Estados y mercados tendrá que reequilibrarse radicalmente.

Referencia
Dullien, S.; Herr, H., y Kellermann, C.: Decent capitalism: A blueprint for reforming our economies (Londres, Pluto Publishers, 2011, véase http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745331096&).

Christian Kellermann es el Director de la Oficina para los Países Nórdicos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Estocolmo. Antes de incorporarse a la FES trabajó como analista de mercados financieros en Frankfurt y en Nueva York.

La disyuntiva entre creación de empleo y trabajo decente
Edward Webster

El precio de China
En agosto de 2010 funcionarios del Gobierno de Sudáfrica empezaron a cerrar fábricas textiles y de confección en Newcastle, provincia de KwaZulu-Natal. Esto se produjo tras airadas protestas de los trabajadores, debido a que los propietarios estaban pagando salarios inferiores al salario mínimo obligatorio de 324 rands (49 dólares de los Estados Unidos) a la semana. Los propietarios de la fábrica alegaron que no podían pagar más y sobrevivir a los bajos precios de las importaciones de textiles de China. A nivel internacional la industria textil y de la confección está controlada en gran medida por un grupo oligopólico de grandes minoristas y fabricantes de marca, que se caracterizan por estipular su oferta en términos de precios bajos, calidad alta y plazos de entrega cortos. Debido al fortalecimiento de la moneda local (rand) desde 2003, la finalización del Acuerdo Multifibras (AMF) en 2004 y los costos de mano de obra relativamente altos, Sudáfrica ya no cuenta con ventaja comparativa en una economía mundial integrada1.

El dilema del trabajo decente
Este reto no afecta únicamente a Sudáfrica. La existencia de un sector manufacturero fragmentado y externalizado, junto a las agresivas prácticas de compra aplicadas, inciden negativamente en la aplicación de un salario digno en el sector de la confección en el mundo. Esto ocurre a pesar de que exista un consenso general por parte de todos los flancos de la industria de que un aumento del costo unitario de la mano de obra para que pueda constituir un salario digno sólo repercutiría mínimamente en el precio de venta al público de las prendas (Miller y Williams, 2009). El resultado de estas presiones competitivas es el abaratamiento de la mano de obra en los sectores con salarios bajos de la fuerza de trabajo mundial, como en el caso de Newcastle, donde los costos correspondientes a la mano de obra son una proporción pequeña del total de los costos de producción. De media, los salarios constituyen menos del 0,5 por ciento del precio de venta al público de una sudadera de marca. Miller y

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Williams concluyen que sólo es posible avanzar si se acepta la negociación colectiva a través de los sindicatos de las fábricas de los proveedores. André Kriel, Secretario General del Sindicato Sudafricano de Trabajadores de la industria Textil y de la Confección (SACTWU) tiene un punto de vista similar: Algunos empleadores de Newcastle esperan que bajemos los salarios y compitamos en el mundo como país de salarios bajos. Se trata de una visión a corto plazo muy poco práctica. Si bajamos los salarios, otros países responderán bajando los suyos aún más, y entraremos en una espiral descendente atroz. El quedar atrapados en una carrera a la baja no es una opción sostenible. Lo que a nuestro parecer sí es una opción, que apoyamos, no se centra sólo en los salarios, sino que también incluye una solución a largo plazo, sostenible y basada en los derechos humanos. Exige el respeto de nuestras leyes, trabajo decente y un interés en mejorar la productividad, modernizar el trabajo, aumentar la capacitación de los trabajadores, mejorar la calidad, diversificar la gama de productos y garantizar unos plazos de entrega fiables (Kriel, 2011).

El nuevo paradigma del trabajo
Los trabajadores del mundo en desarrollo, ya en el decenio de 1970 y 1980 en el Brasil, República de Corea y Sudáfrica se convirtieron en arquitectos de su propio futuro. No estaban dispuestos a aceptar seguir siendo Los trabajadores en el considerados víctimas o elite de los trabajadores, así que Brasil, la República de tomaron el control de sus vidas, se declararon en huelga e Corea y Sudáfrica se iniciaron una lucha por el derecho a constituir sindicatos convirtieron en arquitectos democráticos. Mientras la OiT debatía cómo responder a de su propio futuro su «descubrimiento» del sector informal en Kenya en 1972, Ela Bhatt había empezado a organizar a estos trabajadores en un sindicato, la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) en la india. En el Hemisferio Sur ha surgido un nuevo paradigma del trabajo que no considera el trabajo decente como un obstáculo o un elemento complementario al desarrollo, sino que intenta integrarlo en un camino alternativo que conduzca al progreso. Pienso que el eslabón que falta en el discurso actual sobre desarrollo es «trabajo»; ninguna de las teorías predominantes sobre la mundialización El eslabón que falta en incorporan la lucha por el trabajo decente en sus trayec el discurso actual sobre torias de desarrollo. Las tres teorías predominantes de la desarrollo es «trabajo» mundialización – el liberalismo neoclásico, el reformismo social o el anticapitalismo/autonomismo, teorías que sustentan el actual movimiento antiglobalización y el estatismo desarrollista – abordan la lucha por el trabajo decente considerándolo un obstáculo o un elemento complementario (Bowles, 2010).

LA DISYUNTIVA ENTRE CREACIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO DECENTE

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El déficit de trabajo decente
Durante mi investigación sobre la vida laboral he observado la erosión de las relaciones de trabajo tipo, el crecimiento del empleo no básico y mal remunerado, así como la expansión de la economía informal y el desempleo a gran escala. Estos empleos no cumplen los requisitos del trabajo decente según establece la OiT, en otras palabras, tienen un «déficit de trabajo decente». El déficit de trabajo decente se traduce como la ausencia de las cuatro metas del trabajo decente: una oferta de empleo insuficiente, una protección social inadecuada, la denegación de los derechos en el trabajo y deficiencias en el diálogo social. «Esto nos da una medida de la gran diferencia que hay entre el mundo en el que trabajamos y las esperanzas que tiene la gente de una vida mejor» (OiT, 2001). Estas carencias pueden expresarse en relación con cuatro brechas: la brecha del empleo, la de los derechos, la de la protección social y la del diálogo social (ibíd., págs. 9-11). La crisis económica que empezó a finales de 2008 ha acelerado está lógica, con el extendido rescate a bancos y los actuales programas de austeridad con recortes sobre los empleos y las prestaciones del sector público. Muchos países ya no contratan para la administración pública a personal permanente, sino que suscriben contratos de corta duración. Para aquellos que pertenecen a la economía informal, la situación es peor, pues se calcula que sus ingresos se han recortado alrededor de un 50 por ciento.

Integrar el trabajo decente en un camino de desarrollo alternativo
¿Cómo puede reducirse este déficit de trabajo decente? Sólo puede hacerse desarrollando una meta a largo plazo que integre el trabajo decente en la vía de crecimiento de los países. En otras palabras, la meta del trabajo decente debería considerarse un objetivo que debe alcanzarse de forma progresiva. Esto significa simplemente la aceptación de que el trabajo decente no es una meta que pueda alcanzarse de forma inmediata. Cada país tendrá que tomar en consideración su propio contexto social y económico y fijarse una serie de metas a corto, medio y largo plazo. En algunos países en desarrollo los gobiernos, junto a sus organizaciones de trabajadores y asociaciones de empleadores, han empezado a estudiar cómo alcanzar estas metas a largo plazo. El paso decisivo para avanzar en este debate es demostrar que un conjunto básico de prestaciones de seguridad social, o como mínimo partes del mismo, están al alcance de los países en desarrollo. La comprensión de que, a corto plazo, es posible imaginar el establecimiento de un piso de protección social, que incluya una pensión básica, prestaciones por hijos, acceso a la atención de salud, programas de garantía de empleo temporal o transferencias de ingresos para los desempleados de larga duración rebatió el falso argumento de que se trataba de algo inasequible (Cichon, Behrendt y Wodsak, 2011).

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Pero si se quiere que estas políticas no queden en pura teoría, deberán asignarse recursos a su aplicación. El único modo de crear empleo sostenible es convirtiendo empleos «malos» en empleos «buenos» a través del desarrollo de competencias profesionales y la mejora de las infraestructuras.

El trabajo decente es una meta viable a largo plazo
Este intento de crear una vía alternativa al desarrollo no es una aventura revolucionaria quijotesca, una lucha contra molinos de viento. Lo que hace es seguir en gran medida la corriente, estableciendo innovaciones políticas a través de iniciativas eficaces de política social. Esto está ocurriendo en países como el Brasil, con un subsidio familiar condicionado, Bolsa Familia; en la india, a través del Programa Nacional de Garantía de Empleo Nacional Mahatma Gandhi (NREGA), que proporciona cien días de empleo remunerado garantizado al año por familia rural pobre, y en Sudáfrica, que está experimentando con una garantía de empleo de dos días por semana a través del Programa de Trabajo Comunitario (CWP). El Hemisferio Sur se enfrenta al tremendo reto de superar el legado de su pasado y cumplir el desafío que plantea la mundialización. Si tomamos una suma modesta de 1.500 rands al mes (250 dólares de los Estados Unidos) como nivel mínimo para un salario «decente», calculamos que más de 10 millones de personas de la fuerza de trabajo de Sudáfrica, que cuenta con más de 19 millones de personas, sufre de déficit de trabajo decente. Pero el reto que nos depara esta situación no es de carácter financiero; de lo que se trata es de plantear estrategias a largo plazo de crecimiento futuro. Es cuestión de establecimiento de prioridades y de voluntad política. Se calcula que en la india, el costo del NREGA supone el 1,3 por ciento del PiB. Las estimaciones para un plan de empleo similar en Sudáfrica oscilan entre el 1 y el 3 por ciento del PiB. A pesar de la dificultad que todo ello plantea, se atisban señales de toma de conciencia por parte de la sociedad civil, así como de un movimiento obrero revitalizado en el Hemisferio Sur, que podrían proporcionar la presión desde las bases para unir a los trabajadores asalariados y a los grandes colectivos de trabajadores del sector informal que trabajan en condiciones precarias, así como a los movimientos contra la mercantilización de la naturaleza y del dinero, en una nueva vía de desarrollo que cree empleo y sea ecológicamente responsable.

Nota
Excede el alcance del presente artículo el examinar la validez de las reivindicaciones de los empleadores según las cuales no pueden permitirse pagar el salario mínimo. Para ello sería preciso realizar un desglose de los precios de una fábrica de Newcastle y analizar las repercusiones del establecimiento de un piso mínimo en relación con el precio/costo de la mano de obra para los minoristas de la confección en Sudáfrica.
1

LA DISYUNTIVA ENTRE CREACIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO DECENTE

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Referencias
Bowles, P. 2010. «Globalization’s problematic for labour: ree paradigms», en Global Labour Journal, vol. 1, núm. 1. Cichon, M.; Behrendt, C., y Wodsak, V. 2011. e UN Social Protection Floor Initiative: Turning the tide at the ILO Conference 2011 (Berlín, Fundación Friedrich Ebert). Kriel, A. 2011. «Self-interest is spurring the ‘white knights’ of Newcastle», Mail & Guardian Online. OiT: 2001. Memoria del Director General: Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global (Ginebra, OiT). Miller, D, y Williams, P. 2009. «What price a living wage? implementation issues in the quest for decent wages in the global apparel sector», en Global Social Policy, vol. 9, núm. 1, págs. 99 a 125.

Edward Webster dirige en la actualidad un equipo de investigación dedicado a elaborar una herramienta de diagnóstico para controlar el progreso del trabajo decente en la provincia de Gauteng (Sudáfrica). Su publicación más reciente como coautor, Grounding globalization: Labour in the age of insecurity, obtuvo el galardón de la American Sociological Association (ASA) al mejor libro sobre el mundo del trabajo en 2008.